Adolfo Barrena Salces.- Ya lo dijo D. Antonio el siglo pasado. "País de charanga y pandereta, cerrado y sacristía".

Se refería a esa España arruinada, pobre y mediocre que le tocó vivir de la que tuvo que exiliarse.

Este país sigue siendo muy poco serio, sigue siendo mediocre democráticamente hablando.

La nueva patada a los derechos, la nueva coz a la Constitución, la da el mismísimo Tribunal Constitucional que, se supone, es el máximo guardián de las esencias de nuestra carta magna.

Pues nada, hay una ley de educación, la que conocemos como Ley Celá, que acabó con uno de los timos más espectaculares de la bendita enseñanza concertada. Esa ley prohíbe concertar, es decir dar dinero público, ese que es de todas y todos, ese que viene de los impuestos de quienes los pagamos (ya saben que hay mucho evasor, emérito incluido, que no pagan un euro), a colegios que segregan al alumnado por sexos, a colegios que siguen aplicando esa decimonónica máxima de "los niños con los niños y las niñas con las niñas".

Bueno pues va ese dechado de constitucionalismo que es la ultraderecha y recurre esto al Constitucional, y va el Constitucional y pretende darle la razón y anular ese artículo de la Ley Celá.

Vamos que pretende que siga siendo "constitucional" pagar con nuestros impuestos a centros de enseñanza, ultracatólicos todos, que segregan por sexos.

Parece que las señorías del Constitucional no conocen el artº 14 de la Constitución que reza así: "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

Pues nada, esa ponencia previa a la sentencia la firma un magistrado, Ricardo Enríquez, que aspira a presidir el tribunal constitucional.

¡¡Que vergüenza de país tenemos¡¡