El PP tiene hasta finales de mes para presentar en el Tribunal Constitucional el escrito.
Carmen del Riego/La Vanguardia.- El PP de Pablo Casado ha contratado al despacho de abogados que preside Albert Rivera, Martínez-Echevarría & Rivera, la elaboración del recurso de inconstitucionalidad que presentará el PP contra la ley catalana de alquileres que aprobó el Parlament de Catalunya en septiembre, según una información adelantada por el El Mundo, que fuentes del PP han confirmado a La Vanguardia.
Esto no quiere decir que Rivera vaya a tener o no una intervención directa en la elaboración del escrito que el PP debe presentar antes de que acabe el mes de noviembre, sino que es un encargo que se ha hecho al despacho de abogados en general. La presentación de estos recursos suele ser muy cara, y al menos esa fue la razón que esgrimió la dirección del PP ante Cayetana Álvarez de Toledo, para negarle asumir los costes de la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, por la decisión de la presidenta del Congreso de retirar del diario de sesiones del Congreso su referencia a que el padre de Pablo Iglesias era un terrorista.
En el despacho de Abogados que presidente Albert Rivera también está, como vicepresidente ejecutivo, José Manuel Villegas, quien fue mano derecha del ex presidente de Ciudadanos durante su etapa al frente del partido naranja, ya que ocupó el puesto de secretario general de la formación durante toda su presidencia. Villegas fue fichado hace unas semanas por la nueva fundación del PP que impulsa Pablo Casado, llamada Propósito.
El PP anunció justo cuando se aprobó la ley catalana de alquileres que presentaría un recurso de inconstitucional contra esta norma que limita el precio máximo de los alquileres. “Llevaremos esto al TC en breve, que me temo que es lo que están deseando”, afirmó el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández durante su intervención en el debate sobre la norma en el pleno del Parlament.
También Ciudadanos advirtió sobre la posible inconstitucionalidad de la ley, así como los empresarios del sector, que junto a estos dos partidos elevaron una queja al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), que advirtió de que varios de sus artículos son inconstitucionales porque Cataluña no tiene competencias para regular el alquiler.
Sin embargo, el acuerdo entre JxCat, ERC, CUP y los comunes permitió que la normativa saliera adelante pese a los escollos planteados por el órgano consultivo. El Govern hizo caso omiso a las advertencias de las patronales catalanas, que alzaron su voz contra una iniciativa que consideran lesiva para el mercado inmobiliario. Los empresarios consideran que la nueva ley ahuyentará las inversiones y complicará aún más el acceso a la vivienda de las personas con rentas bajas.
Hasta ahora esta limitación del precio de los alquileres tiene ámbito local o de comunidad autónoma pero el Gobierno central ha anunciado una reforma, después de que Unidas Podemos pusiera abordar esta reforma como una condición para aprobar el proyecto de presupuestos generales del estado que el jueves comenzará su andadura parlamentaria con el debate de totalidad, en el que el Gobierno ya se ha asegurado que serán rechazadas todas las enmiendas presentadas, que piden que el texto sea devuelto al Ejecutivo.
