Solicita a la juez que eleve una exposición razonada al TSJ en la que se detallen los indicios de cinco presuntos hechos delictivos

Ricardo Fernández/La Verdad.- El fiscal de Delitos Urbanísticos, José Luis Díaz Manzanera, pide en un informe la imputación del actual presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, por los presuntos delitos de prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos, falsedad documental y administración desleal.

El documento, que ya se encuentra en manos de la titular del juzgado de instrucción número 1 de Lorca, Consuelo Andreo, reclama que esta magistrada eleve una exposición razonada a la sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia, en la que se enumeren los múltiples indicios y pruebas de esos presuntos delitos que habrían surgido en la investigación contra Pedro Antonio Sánchez.

El fiscal sostiene que el exalcalde de Puerto Lumbreras participó "en todas y cada una de las decisiones y actos" relativas a la tramitación, supuestamente ilegal, del Auditorio de Puerto Lumbreras, por lo que solo procede su imputación. Al tratarse de una persona aforada, el único órgano que podría tomarle declaración en la Región es el Tribunal Superior de Justicia.

El escrito añade que desde marzo de 2015, en que la misma Sala acordó enviar la querella presentada por la Fiscalía del TSJ a los Juzgado de Lorca, se han practicado diligencias que confirman los hechos presuntamente delictivos contenidos en la misma.

Al referirse especialmente a Sánchez, el informe concreta los posibles delitos en los que pudo incurrir según el proceso administrativo que se desarrolló para la convocatoria de las obras del auditorio y su ejecución.

Así, en cuanto al concurso de proyectos, que se convocó hace ahora más de diez años, el entonces alcalde pudo incurrir en un delito continuado de prevaricación.

En cuanto al concurso de obras expone que pudo cometer otro delito de prevaricación, mientras que respecto de la adjudicación y ejecución del contrato habla, además, de las figuras delictivas de falsedad documental, fraude y malversación.

También se refiere a la actuación de Sánchez en la fase de las obras complementarias y dice que se habría cometido otro delito de prevaricación, junto con un delito de fraude, y, finalmente, sobre sus gestiones para la consecución de una subvención de la Comunidad Autónoma, señala que incurriría en los delitos de prevaricación, fraude y malversación.

El fiscal no se olvida tampoco de exponer que también se pudo cometer otro delito de fraude al recibir las obras cuando las mismas, asegura, no estaban acabadas.

El ministerio público expone, por otra parte, que el procedimiento debe dirigirse no solo contra el jefe del ejecutivo regional, sino, también, contra otras personas entre las que se encuentran la que era secretaria accidental del ayuntamiento, Caridad García, y la interventora, Francisca Romera.

También aparecen el arquitecto Martín Lejárraga; el letrado asesor del consistorio, Ricardo Fernández, y los integrantes de la junta de gobierno local que tomaron decisiones sobre el proyecto del auditorio.