Los jueces recuerdan que la operación contó con el visto bueno de los supervisores.
El País.- La sección cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado absolver a los 34 acusados en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, entre ellos el expresidente de la entidad y ex director gerente del FMI, Rodrigo Rato, por delitos de estafa a los inversores y falsedad contable. Tras uno de los juicios económicos más importantes de la historia de España, la sentencia destaca que el estreno bursátil de la entidad contó con la aprobación de todos los supervisores —Banco de España, CNMV, FROB y EBA—, que el folleto de salida a Bolsa contenía suficiente información tanto financiera como no financiera y que en el juicio solo se expusieron actitudes genéricas de los acusados y no actos concretos. Contra esta sentencia, que llega siete años después de la salida a Bolsa de la entidad, cabe recurso de apelación.
El proceso del caso Bankia se había convertido en el juicio a una época, la del fin de las cajas de ahorros. Los tiempos en los que el poder político intervenía en las entidades a su antojo y en los que se cometieron excesos que afloraron en la crisis financiera. Los protagonistas, Bankia, el banco que fue rescatado con 22.424 millones de euros de dinero público, y Rodrigo Rato, el político y banquero que lo pudo ser todo y acabó en prisión por las tarjetas black, hablan del alcance del juicio. Ocho años después del inicio de la instrucción, la Audiencia Nacional debía decidir si los directivos dieron información falsa a los inversores que acudieron a la salida a Bolsa, como defendía la Fiscalía Anticorrupción. Las acusaciones particulares y populares creen que también cometieron administración desleal.
Bankia salió a Bolsa en julio de 2011. En marzo del año siguiente presentó las cuentas de resultados anuales con un beneficio de 309 millones. En mayo de 2012, ya con Rato fuera y con José Ignacio Goirigolzarri en la presidencia se reformularon esas cuentas y Bankia pasó a presentar pérdidas de 2.979 millones. Tras eso, la entidad reclamó un rescate total de 24.424 millones de dinero público. Peritos del Banco de España aseguraron que la entidad maquilló sus cuentas para salir a Bolsa y captar inversores. Pero la sentencia echa por tierra ese argumento.
La sección cuarta de la Sala de lo Penal —la misma que condenó a parte del banquillo por las tarjetas black de Caja Madrid— hace continua referencia al papel de los supervisores, que no fueron imputados durante el proceso de instrucción, a pesar de que lo pidieron las acusaciones particulares. “Tanto la decisión de salir a Bolsa como la determinación de hacerlo con la estructura de doble banco fueron resoluciones enteramente contempladas por el Banco de España, que además las aprobó después de calibrar las ventajas y los inconvenientes que dichas decisiones conllevaban”, recoge el texto.
Aviso de peligros en el folleto
El otro punto fuerte de la sentencia del tribunal que preside la juez Ángela Murillo es el folleto de salida a Bolsa, en el que dice que se avisaba de los riesgos a los inversores de Bankia. “La información financiera incluida en el folleto era más que suficiente para que los inversores mayoristas y minoristas se formasen un criterio razonado sobre el valor de la compañía que se estaba ofertando, una información que había sido elaborada con la supervisión y obedeciendo a los requerimientos del Banco de España, siendo luego refrendada por la CNMV al registrar el folleto”. Sin embargo, el Tribunal Supremo afirmó lo contrario, que no había suficientes avisos, lo que justificó que se devolviera el dinero a los que compraron acciones en la salida a Bolsa.
Para la sala de la Audiencia, las acusaciones han sido genéricas y no se han atribuido a personas concretas, algo que dicen es necesario para probar un delito. Afirma que es “destacable la ausencia de menciones específicas a las personas acusadas, que se sentaron en el banquillo destinado para ellos, por parte de los numerosos testigos que, después de haber prestado exhaustivas declaraciones en fase de instrucción, lo volvieran a hacer en juicio, y también por parte de los peritos, o por referencias documentales etc. de contenido incriminatorio”.
“En el acto del plenario nadie los nombró, ni para bien ni para mal, de manera que la mayoría de las personas acusadas, cayeron en el olvido en el transcurso del juicio oral, solo recordadas sus identidades por el Ministerio Público en el trámite de conclusiones definitivas”, añade.
Un año para emitir la sentencia
La Audiencia ha tardado casi un año en emitir la sentencia del juicio que celebró 74 sesiones donde comparecieron las 31 personas físicas acusadas y las tres jurídicas: Bankia, su matriz BFA y la auditora Deloitte, así como los 57 testigos, cuatro peritos judiciales y 16 peritos de parte contratados por las defensas.
La Fiscalía Anticorrupción pedía ocho años y medio de prisión para Rodrigo Rato. La petición de penas para los otros tres colaboradores ascendía a seis años en el caso del ex consejero ejecutivo de Bankia José Manuel Fernández Norniella, cinco años para el exvicepresidente José Luis Olivas y nueve meses para el ex consejero delegado Francisco Verdú.
Carmen Launa, la fiscal Anticorrupción, anunció nada más empezar el juicio que endurecía su petición de pena al incorporar un nuevo delito. Inicialmente solo acusaba a los cuatro administradores de estafa a los inversores por dar información falsa a quienes compraron acciones de Bankia cuando la entidad debutó en el parqué. Pero en su intervención final de petición de pena Launa decidió sumar el delito de falsedad contable por las cuentas de 2011.
La Fiscalía mantenía que la reformulación sirvió para sanear “un grupo cuyo espectacular quebranto, finalmente, reconocido en mayo de 2012, procedía de antes de la constitución del grupo BFA y de la salida a Bolsa”. La fiscal aseguró en sus conclusiones que los responsables del debut bursátil ocultaron los deterioros de los activos inmobiliarios “para no frustrar la operación”.
Durante el juicio, que empezó en noviembre de 2018, salieron a la luz las interioridades, o las miserias, de las cajas de ahorros, de los supervisores, de los auditores y del poder político. Por la sala de vistas de la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares desfilaron personajes clave de la vida financiera de los últimos años: Julio Segura, expresidente de la CNMV; Francisco González, expresidente del BBVA; Isidre Fainé, expresidente de La Caixa... Luis de Guindos contestó a las preguntas desde su despacho en el Banco Central Europeo (dijo que “en 2012 nadie se creía las cuentas de los bancos porque no reflejaban la realidad”) y Christine Lagarde, que estaba citada como testigo, no llegó a participar.
