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Un declive sin precedentes Featured

Joaquín Estefanía/El País

Los Presupuestos del Estado y la Agenda 2030 deben caminar en la misma dirección

La vida en la Tierra se está deteriorando rápidamente; cualquier indicador del estado global de la naturaleza está decreciendo; ello se debe casi exclusivamente a la acción del hombre. He aquí las principales conclusiones del Informe sobre la biodiversidad, encargado por la ONU, hecho público la pasada semana. Tal estudio completa el ciclo de trabajos sobre el cambio climático que desde finales de los años ochenta viene elaborando el grupo de expertos sobre el clima, que denuncian sistemáticamente los daños sobre la naturaleza que producen los gases de efecto invernadero elevados a la atmósfera. Los informes sobre la biodiversidad y cambio climático son primos hermanos y reflejan la degradación y la crisis ecológica que vive el planeta, las mayores desde que se hacen mediciones.

Demuestra el Informe sobre la biodiversidad que hay una sobreexplotación de los recursos naturales y una contaminación irresistible que desbordan los daños meramente ambientales y afectan a la evolución de la economía y a los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), que son la idea fuerza de la que se dotaron casi 200 países reunidos en la sede de la ONU en septiembre de 2015 para transformar el modelo de crecimiento cuantitativo acumulativo y sustituirlo por lo que se denomina desarrollo sostenible o inclusivo. Esa idea fuerza se denominó Agenda 2030, una especie de nuevo contrato social global de valores ciudadanos que desbordaba al producto interior bruto (PIB) como la fórmula de medición más idónea del bienestar de los individuos y los países. La Agenda 2030 ha sido definida como una visión compartida del desarrollo; un desarrollo que no puede basarse sólo en el crecimiento económico, sino que ha de sustentarse en una economía ética (no sería un oxímoron) que favorezca sociedades inclusivas y que respete el medio ambiente: el desarrollo será sostenible o no será, dicen los promotores de la agenda.

Los 17 objetivos de la Agenda 2030 afectan a la persona (fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, trabajo decente, reducción de las desigualdades económicas, sociales y de género, etcétera) y al conjunto de los países, tanto desarrollados como subdesarrollados, puesto que en estos aspectos no hay fronteras (agua limpia y saneamientos, energía asequible y no contaminante, ciudades y comunidades sostenibles, lucha contra el cambio climático, vida en los ecosistemas terrestres, en los mares y océanos…). E incorpora un aspecto central que no estuvo en los precedentes Objetivos del Milenio y que cada vez es más determinante: no hay desarrollo si no se tienen instituciones sólidas que funcionen en un contexto de paz y seguridad jurídica.

Los mandatarios políticos que firmaron la Agenda 2030 dijeron que estaban “resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de aquí [2015] a 2030, a combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, a construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y los niños, y a garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales”. No es poco. Cuando se signó la agenda, había aún 870 millones de ciudadanos que vivían con menos de 1,25 dólares al día, y muchos de ellos carecían de acceso a alimentos, agua potable y saneamientos, según datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

España, que también se adhirió a la Agenda 2030, tenía un 21,6% de su población, en torno a los 10 millones de personas, en riesgo de pobreza, entre otros indicadores de extrema fragilidad. Como el resto de los países, se ha comprometido a que sus Presupuestos del Estado no sean incoherentes con los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Quienes insistentemente los acusan de utópicos y de buenistas no han sido capaces de poner encima de la mesa una idea fuerza alternativa para la transformación de sus sistemas económicos, que impida los excesos que denuncian los informes citados. Esos sistemas que tantas veces dan sensación de estar en el límite o al borde del colapso.

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