El Pleno aprobó este martes por mayoría instar al Gobierno de España a que apruebe medidas que garanticen el acceso al suministro eléctrico entendido como parte inalienable del derecho de toda persona a una vivienda digna y adecuada (artículos 47 de la Constitución Española) y como condición necesaria para el debido respeto a la dignidad humana (artículo 10 CE).

Las medidas que apoya la iniciativa incluyen la prohibición legal de todos los cortes de luz a familias con problemas económicos. ¿Las eléctricas deberán dirigirse a la administración para comprobar la situación de las familias que no abonen sus recibos. Si sufren vulnerabilidad económica, no podrán cortarles el suministro y el coste será asumido por las compañías¿. Por otro lado, se exige el fin de los abusos tarifarios y la aprobación de una tarifa asequible, regulada por el Gobierno, a la que puedan acogerse todos los consumidores domésticos en su primera residencia.

Igualmente, se aboga por la creación de una auténtica tarifa social, la sustitución del actual bono social por una tarifa de reducida cuantía dirigida a las familias con bajos niveles de renta, sufragada por las eléctricas. Asimismo, se pide el reconocimiento y devolución por parte de las grandes eléctricas de los 3.500 millones de euros que cobraron indebidamente en conceptos de Costes de Transición a la Competencia (CTCs).

Otras medidas que incluye el acuerdo son la auditoría al sistema eléctrico, la realización de un análisis de los costes del sistema desde que se puso en marcha la liberalización del sector, con el objetivo de determinar el precio real de las tarifas eléctricas, y la aplicación de un tipo de IVA reducido a la electricidad, por ser considerado un servicio esencial para la ciudadanía.