Adolfo Barrena Salces / 20.10.2022.- Hoy se publica en el BOE la nueva Ley de Memoria Democrática y, por consiguiente, entra en vigor.

No voy a negar que es un avance con relación a la Ley de Memoria Democrática de 2007 (gobierno de Zapatero). Un paso más para que pueda ser realidad ese derecho democrático que todas y todos tenemos para saber y conocer lo que ocurrió en este país en los últimos 70 años del siglo pasado.

Esta ley, en la que hemos trabajado las asociaciones memorialistas, recoge bastantes de las reivindicaciones defendidas por el movimiento memorialista y por los familiares de víctimas del franquismo durante años.

Aunque falta ver su desarrollo reglamentario,  es una puerta abierta para desarrollar políticas públicas de Memoria Democrática, para avanzar en la declaración de la ilegalidad de la Dictadura, sus tribunales y sentencias, la responsabilidad del Estado en las exhumaciones o la creación y salvaguarda de los Lugares de Memoria.

Lo que espero es que, una vez aprobada, se cumpla y no ocurra como con la anterior de 2007 que apenas se aplicó, o como la vigente ley de Memoria democrática de Aragón, de 2018, que seguimos exigiendo que se desarrolle, se dote de recursos y se concreten las medidas que recoge.

Con todo, esta nueva Ley, aprobada a los 44 años de democracia, sigue dejando cuestiones sin resolver. La Ley de Amnistía, esa ley de punto final que la judicatura conservadora de este país utiliza para cortar toda investigación y condena del franquismo, no se anula. No condena a la Iglesia Católica por el apoyo dado al Golpe de Estado, ni por la justificación moral que dio de la Guerra de España, ni por su colaboración total con la dictadura franquista. Hay otro pero, importante y fundamental. Esta ley no anula, ni reforma al menos, la Ley de Secretos Oficiales de 1968, (ley franquista y preconstitucional) que impide la investigación de muchos de los crímenes cometidos.

Por todo ello, aún considerando positivos los avances, sigue pareciéndome que hace falta una ley que acabe con la impunidad del franquismo.

Mientras todo ello no se de este país no será verdaderamente democrático, ni se hará justicia, ni se conocerá la verdad, ni se acabará con esa horrible, tremenda, injusta y antidemocrática división de víctimas que hace que miles y miles de ellas, sigan abandonadas por barrancos y cunetas, sin siquiera un reconocimiento ni homenaje.

El trámite parlamentario ha dejado claro que hay una parte, la derecha reaccionaria de siempre con el añadido de la ultraderecha, que no quiere condenar el franquismo, que no quiere que se sepa la verdad y que no quiere que se haga justicia y se devuelva la dignidad a las víctimas del franquismo.

También, para vergüenza de las bases socialistas, hemos visto el PSOE reaccionario y conservador que, con Felipe González a la cabeza, se pone del lado de quienes niegan los derechos de las víctimas del franquismo.

Resumo, bien la Ley, mejor que la que había, pero no queda saldada la deuda democrática que este país tiene con quienes defendieron la libertad y los derechos democráticos y, por ello, fueron masacrados. Ya ven que la firma un rey que es heredero de otro, hoy huido, que nos dejó puesto y coronado Franco.