El Parlamento Europeo celebra el próximo miércoles un debate sobre el uso de este 'software' ilegal por parte de los Gobiernos de la UE.

María G. Gornoza / Público.- Eurodiputados, comisarios y jefes de Gobierno. El espionaje masivo efectuado a través del software Pegasus, fabricado por la empresa israelí NSO, ha extendido sus ventrículos por todas las instituciones de la Unión Europea. El presidente español, Pedro Sánchez, ha sido el último líder comunitario en reconocer que su teléfono móvil, junto al de su ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron infectados con este programa altamente eficaz, sofisticado y sigiloso. Pegasus penetra en los dispositivos sin dejar rastro, accediendo de forma inmediata a direcciones GPS, fotografías o llamadas y tomando el control de la cámara o de los micrófonos de los dispositivos móviles.

El caso de ciberespionaje estalló durante el verano pasado, cuando una investigación coordinada por Forbidden Stories desveló que más de 50.000 teléfonos de todo el mundo habían sido infectados por este software espía con el objetivo de socavar a la disidencia en Marruecos, India, Arabia Saudí, Ruanda o Azerbaiyán. Políticos, periodistas, funcionarios, empresarios y activistas. Ninguna voz crítica quedaba exenta. La revelación de este hackeo masivo a nivel global no encuentra precedentes y pone de relieve las fallas que siguen existiendo para regular y perseguir estos supuestos delitos de ciberseguridad, también en la UE.

La Hungría de Víktor Orbán, que ha revalidado recientemente su cuarto mandato consecutivo, era el único país de la UE que apareció en la filtración inicial. Y transcurridos varios meses de ello, los expertos advierten de que estas prácticas de escucha ilegales se están extendiendo con inquietante rapidez no solo en Estados de corte autoritario sino ya también en las democracias liberales.

Entre los nombres europeos vigilados que destacaban en su investigación inicial se encontraba la del presidente francés, Emmanuel Macron, y la de Charles Michel, actual presidente del Consejo Europeo, pero cuyo dispositivo fue infectado cuando ejercía de primer ministro de Bélgica. Desde entonces, el número de altos cargos víctimas de Pegasus no ha cesado de crecer.

La sorpresa llegó recientemente al corazón de la Eurocámara de la mano del conocido como Catalangate. La revista The New Yorker detalló cómo decenas de políticos, abogados y activistas catalanes, así como sus familiares, habrían sido víctimas de ciberespionaje masivo entre 2019 y 2020. Entre ellos se encontraban todos los ex presidentes de la Generalitat desde 2010 y los eurodiputados Carles Puigdemont, Diana Riba y Jordi Solé.

La propia Comisión Europea ha sido objetivo de ciberespionaje de este software israelí. La agencia Reuters avanzó en exclusiva que varias personalidades del Berlaymont habrían sido atacadas con Pegasus. Entre ellas se encontraba el nombre del comisario de Justicia, Didier Reyenders, en un momento en el que Bruselas vivía un choque frontal con Hungría y Polonia, los dos enfant terribles de la UE por su ideología identitaria y sus políticas iliberales.

El gran enigma es ya establecer quién está detrás de todo ello y con qué intenciones. Pero va a ser la tarea más complicada. La Comisión Europea, guardiana de los Tratados, alega no poder hacer nada y defiende que tiene las manos atadas recordando que sus competencias a nivel de seguridad nacional son prácticamente nulas. Por el otro lado, los críticos arguyen que lo que está en juego trasciende la seguridad nacional y es una cuestión de respeto de los derechos humanos y de los valores democráticos. Es decir, una cuestión europea.

Durante este primer año de vida del escándalo Pegasus, el Ejecutivo comunitario se ha limitado a mostrar su "preocupación" por estos hechos "inaceptables" y a pedir a los Gobiernos nacionales que llevasen a cabo investigaciones profundas para esclarecer quién o quiénes han orquestado estas operaciones y con qué fines. El caramelo envenenado es que en muchas de las ocasiones son los propios Gobiernos los que han contratado estos servicios extremadamente costosos y sofisticados. Los propios Ejecutivos húngaro y polaco han reconocido haber adquirido el sofware israelí.

El 'catalangate' pone el foco sobre el papel de España

El Supervisor de Protección de Datos Europeo, el órgano responsable del cumplimiento de las políticas de privacidad en la UE, abogó en febrero por prohibir los programas de espionaje como Pegasus alegando que este es "el camino más efectivo para proteger los derechos fundamentales y las libertades". Sin embargo, ante este espionaje masivo no se espera una respuesta revolucionaria a nivel europeo.

En el corto plazo, las instituciones de las 12 estrellas han reforzado los sistemas de vigilancia para detectar posibles trazas en los dispositivos de su personal. La Eurocamára ha puesto a la disposición de sus 705 eurodiputados la posibilidad de revisar sus teléfonos en búsqueda de algún rastro de Pegasus. Lo hizo horas después de que estallara el Catalangate.

Además, el Parlamento Europeo ha creado una comisión especial de investigación para investigar a fondo el uso de este software ilegal dentro de la UE y sus contradicciones con los derechos fundamentales y con la legislación europea de protección de datos. 38 eurodiputados analizarán con lupa la situación durante 12 meses. El principal foco se centrará en los Gobiernos de Hungría y Polonia, pero tras el Catalangate es probable que la pesquisa se extienda hasta España. La misión de los eurodiputados será revisar el estado de las leyes de vigilancia vigentes en los Estados miembros y tratar de esclarecer si los Gobiernos europeos involucrados han utilizado este programa con fines políticos.

Será también esta institución la que celebrará el próximo martes en el Pleno de Estrasburgo, a iniciativa del grupo de Los Verdes, el debate "uso de Pegasus por los Estados miembros de la UE contra particulares, eurodiputados y violación de derechos fundamentales".

El temor comunitario es que los países en deriva autoritaria, dentro y fuera de la UE, estén recurriendo a esta mala praxis para dejar fuera de juego a las voces molestas, perseguir a la oposición y acallar a los medios de comunicación independientes. Orbán, por ejemplo, lleva años desmantelando el Estado de Derecho. Bajo su mandato, Hungría ha pasado del puesto 23 al 92 en el índice global de libertad de prensa. Pero la preocupación va más allá y pasa también por que actores con intenciones poco bondadosas hayan contratado los servicios de Pegasus para obtener información privilegiada que tenga como objetivo debilitar al proyecto europeo.

Fuente: https://www.publico.es/internacional/pegasus-alcanza-instituciones-ue-pregunta-detras-macroespionaje.html#md=modulo-portada-ancho-completo:t1;mm=mobile-big