Adolfo Barrena Salces.- Hace ya unos años, a pesar de la santa madre iglesia, a pesar de las rancias derechas, a pesar del machismo patriarcal, a pesar de la caverna mediática, en 2010 (hace ya 11 años) entró en vigor  la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo”. En esta ley se determina, artículos 13 y 14,  la despenalización de la práctica del aborto inducido durante las primeras 14 semanas del embarazo. Durante este tiempo, la mujer podrá tomar una decisión libre e informada sobre la interrupción de su embarazo.

La cosa viene de más atrás porque, una vez que este país fue democrático, desde 1985 ya se puede abortar legalmente y, ya en esa ley de hace 36 años, se permitía abortar cuando "fuera necesario para evitar un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada sin límite en las semanas de gestación".

Hoy, en 2021, nos encontramos con que en un hospital público de Madrid, pero puede suceder en cualquier otro lugar del solar patrio porque retrógrados y cavernícolas hay en todas partes, no se practica un aborto a una madre aunque el feto es inviable y peligra su vida por ello.

Una primera cuestión es que la madre ha decidido libremente, con suficiente información, interrumpir el embarazo, vamos que ha decidido abortar, y que negarle el aborto es violar un derecho que, como madre y mujer, tiene.

La otra es que, en ese hospital, se da el caso de que todos los médicos del departamento se han declarado "objetores" y, en consecuencia, anteponen sus cuestiones morales a sus obligaciones legales.

No entro en el debate del derecho a la "objeción de conciencia" que daría para mucho. Pero sí que me parece que ese derecho, debe estar supeditado al cumplir la ley y a proteger la vida de una mujer. Pero sí entro en lo inadmisible que resulta que en un hospital público no estén garantizados los derechos de la ciudadanía. Supongo que la dirección del hospital conocería de sobra la objeción colectiva de un servicio. Primera cuestión que, entiendo, no debería permitirse y, si se permite, habría que asegurar la presencia de profesionales que puedan garantizar el cumplimiento de la ley y de los derechos de la mujer tomando, para ello, las medidas necesarias (se me ocurre desplazar a objetores a otros sitios para que haya en el servicio gente capacitada y cumplidora de la cartera de servicios que un hospital público tiene).

En el caso que nos ocupa, la "objeción de conciencia" del personal médico del hospital público llega a lo indecente, a lo impresentable, a lo cínico, porque recomiendan el aborto a la madre pero le dicen que se vaya a un hospital privado. ¡¡Qué cosas¡¡.

Al final, que es lo fundamental, lo que sucede es que en este puñetero país sigue sin reconocerse que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo y que tienen derecho a decidir si quieren o no, tener un hijo. Ese es el drama que siguen viviendo las mujeres en una sociedad machista y reaccionaria como la nuestra.