La Mesa recuerda que "la remisión de una iniciativa legislativa al Consejo General del Poder Judicial a efectos de informe es una decisión potestativa de la Mesa del Congreso" y le recuerda que el derecho a solicitar una reconsideración de esta decisión solo asiste a los diputados y grupos, y a nadie más

Pedro Vallín/La Vanguardia.- El Congreso de los Diputados, que preside Meritxell Batet, ha dibujado la línea roja y ha rechazado de plano el segundo intento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por conocer e informar el proyecto de reforma de la ley de Poder Judicial que limitará sus atribuciones cuando esté en funciones. La Mesa del Congreso acordó este martes comunicar al CGPJ su rechazo por segunda vez, recordándole las atribuciones legislativas de las Cortes y subrayando que el órgano de gobierno de los jueces ni siquiera es quién para solicitar la reconsideración de una decisión de la Mesa. 

Formalmente contenido pero en sustancia muy duro, el comunicado desestima la solicitud acordada por el Consejo del Poder Judicial el pasado 21 de enero, subrayando que "conforme a lo dispuesto en el artículo 31.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados, si un diputado o grupo parlamentario discrepare de una decisión adoptada por la Mesa en el ejercicio de algunas de sus funciones, podrán solicitar su reconsideración", recuerda. Y añade: "Dicha norma no contempla ningún otro sujeto legitimado para solicitar la reconsideración de los Acuerdos de esta Mesa, por lo que no procede acceder a la solicitud de reconsideración que se contiene en el Acuerdo adoptado el 21 de enero por el Consejo General del Poder Judicial". Es decir, que el CGPJ no puede solicitar al Congreso tal reconsideración.

En tal sentido, la Mesa se ratifica en su acuerdo de 13 de enero que respondía al del pleno de CGPJ del 17 de diciembre, que establecía “comunicar al Consejo General del Poder Judicial que no procede acceder a la solicitud de remisión de la citada Proposición de Ley”.

El Congreso recuerda el único precedente, del 2004, que estableció que es potestad de la Mesa decidir si pide o no informe al CGPJ

La Mesa se remite al único precedente "de petición a la Cámara, por parte del Consejo General del Poder Judicial, de remisión de una proposición de ley para la emisión de informe", que es del 15 de noviembre de 2004, y se recuerda que ya entonces se solicitaron informes a los letrados y que la propia Ley del Poder Judicial establece que, más allá de los supuestos en los que expresamente se han de pedir esos informes, solo informarán de "cualquier otra cuestión que el Gobierno, las Cortes Generales o, en su caso, las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas estimen oportuna”. Esto es, que la decisión, de acuerdo a la separación de poderes, es "potestativa de la Mesa del Congreso".

En idéntico sentido se pronuncia la Mesa sobre la pretensión del pleno del Poder Judicial de que se abandone "la tramitación por vía de urgencia" de la reforma normativa, una tramitación que fue acordada por la Mesa el pasado 13 de enero, el órgano soberano para hacerlo.

El comunicado desmiente que el Congreso habilitase el mes de enero para acelerar la ley, como señalaba el Poder Judicial en su escrito

Además, el Congreso reprende al órgano de gobierno judicial por falsear la realidad en su escrito de 21 de enero, pues la Mesa del Congreso "en ningún caso habilitó lo que quedaba del mes de enero para acelerar aún más dicha tramitación, aunque se indique así en el Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial".

En tal sentido recuerda que fueron los grupos mayoritarios de la cámara los que solicitaron la celebración de un pleno, en el que entre otras cosas, fueron rechazadas por amplia mayoría todas las enmiendas presentadas contra la ley, de acuerdo al ejercicio de "la potestad legislativa del Estado".

El comunicado termina exigiendo al CGPJ que respete las funciones institucionales que a cada quién reserva la Constitución

Y el último párrafo es muy elocuente de la tensión entre el legislativo y el judicial, porque la cámara recuerda al CGPJ, nada menos, cuál es la arquitectura constitucional y el lugar y atribuciones de cada uno y le exige que respete la separación de poderes y, en su caso, se atenga a las funciones que la ley establezca en su caso: "El Congreso de los Diputados ejerce esta potestad conforme a lo dispuesto en la Constitución, que reconoce a las Cortes Generales su condición de representante del pueblo español, como sede donde se manifiesta el pluralismo de nuestra sociedad y se expresa su voluntad general, sin que a esta Mesa correspondan otras actuaciones en el procedimiento legislativo que cumplir las funciones que le atribuye el Reglamento del Congreso, respetar las deliberaciones y decisiones que se adopten en la Cámara e instar el mismo respeto de cualesquiera otros órganos en el ejercicio de las funciones que les puedan atribuir las leyes emanadas de las Cortes".

La cámara indica a la Asociación Profesional de la Magistratura que no puede pedir documentación formal, y que está en la web

Tanto o más elocuente es la misiva con la que se responde al sorprendente escrito recibido por la presidenta del Congreso la pasada semana en el que una organización gremial, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), le reclamaba que le fuera remitida formalmente toda la documentación relativa a la reforma de la ley. A la APM, no obstante, no les ha respondido Batet, sino el secretario general de la cámara, Carlos Gutiérrez, jefe de los servicios jurídicos del Congreso, quien señala que “no es posible acceder a dicha solicitud, puesto que la comunicación formal de los acuerdos de la Mesa se dirige únicamente a los sujetos destinatarios de los mismos”. Por otro lado, le recuerda que fue “objeto de publicación (...) en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 15 de enero del 2021, donde V. E. puede consultarlo a los efectos que considere pertinentes”. O sea, que lo miren, que está en la web.

Fuente: https://www.lavanguardia.com/politica/20210202/6216931/congreso-pies-judicial.html