El secretario general del PP y su partido apoyaron, en su día, la destitución del comisario que dirigía las investigaciones de Gürtel y Bárcenas, por parte de M. Rajoy.
Vox Populi.- El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de coaccionar al jefe de la Guardia Civil en Madrid, Francisco Pérez de los Cobos, pidiéndole el informe sobre las pesquisas contra varios miembros del Ejecutivo, así como de querer controlar la Justicia para que el 8-M no les salpique.
El número dos del PP se preguntó en una entrevista en TVE si el Gobierno va a pedir responsabilidades al delegado del Gobierno, José Manuel Franco, tras ser imputado, o a su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, si el juez del 'caso Villarejo' lo llama a declarar. "¿Existe una clase aparte del resto de ciudadanos? ¿Tienen que ser tratados de forma distinta?", inquirió.
García Egea acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ejercer el poder de "forma arbitraria" con dos objetivos. Controlar los medios de comunicación, "por eso las ruedas de prensa de los ministros son retransmitidas de forma íntegra en TVE y la de ayer de Pablo Casado no" y controlar la Justicia. "La fiscal general, Dolores Delgado, es un punto importante y ahora la Policía Judicial es otro punto importante. Por eso cesan a todo aquel que osa interponerse en su camino, que investiga cualquier abuso de poder del Gobierno", aseveró.
El dirigente de los populares advirtió de que ni el cese de Pérez de los Cobos ni ninguno posterior "va a tapar el gran desastre" que ha sido la gestión de este Gobierno de la crisis del coronavirus. "Es impresentable, inaceptable e infame que el Gobierno cese a un guardia civil por hacer su trabajo. Nosotros vamos a llegar hasta el final", incidió.
Asimismo, constató que el Ejecutivo de Sánchez ha aprovechado esta crisis del coronavirus para imponer una "agenda ideológica" desde hace cinco meses. "Que se puso la ideología por encima de la salud el 8-M es algo que es evidente. Y el Gobierno está muy nervioso con las conclusiones de los contagios y el 8-M es que haya cesado a un coronel de la Guardia Civil, un hombre íntegro que se ha destacado por su trabajo en defensa de los españoles", afirmó.
En su opinión, si el 8-M no hubiera generado unos contagios en cadena, el Gobierno no hubiese cesado a ningún guardia civil ni hubiera pedido los informes "ni hubiese coaccionado a un funcionario público para que informara sobre una investigación judicial".
Por todo ello, García Egea hizo hincapié en que si se hubiera sabido que un Gobierno pedía un informe a un mando policial por una investigación en curso que afecta a miembros del Gobierno, hubiera sido un "escándalo" en cualquier país de nuestro entorno. "Hubiera hecho caer a todo un Gobierno, a todo un Ministerio (del Interior). Nadie, o muy pocos, del Gobierno se plantean que han hecho algo mal o que deberían girar su política ideológica", constató.
El secretario general del PP aseguró que el Gobierno, al final, lo que busca es que "en vez de cambiar de abogado, cambia de investigadores o de juez cuando no le conviene o considera que esa investigación va por mal camino".
Diario16.- De voluntario en el golpe del 23 F a jefe del operativo policial del 1 de octubre
Diego Pérez de los Cobos nació en Yecla (Murcia) en 1964. Actualmente es Coronel de la Guardia Civil, y se encuentra dentro del organigrama del Ministerio de Interior, ministerio para el que trabaja desde hace 13 años.
Durante el Gobierno de Mariano Rajoy fue el director de Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaria de Estado de Seguridad (gabinete conformado en su totalidad por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado), y fue la persona designada como «director técnico» por la Fiscalía para coordinar a Mossos, Guardia Civil y Policía (Nacional Y Mossos) con el objetivo de impedir la celebración del referendum del 1 de octubre. Es también uno de los cuatro representantes del Gobierno en la Junta de Seguritat de Catalunya.
Se le atribuye la orden de disolver la brigada que elaboró los controvertidos informes sobre el 11M, sobre la desaparición de Marta del Castillo y sobre el Caso Faisán.
Fue en junio de 2006 cuando Diego se incorporó al ministerio como asesor en el gabinete del que en ese momento era Ministro de Interior: Alfredo Pérez Rubalcaba, en el gobierno del PSOE. Cinco años después, en 2011, asumió la cartera Antonio Camacho y Diego fue designado para el puesto de director del Gabinete de Coordinación y Estudios. Allí se mantuvo con Jorge Fernández Díaz (reprobado) y con Juan Ignacio Zoido como ministros de Interior.
Su hermano, Presidente del TC durante la sentencia al estatut
Proviene de una familia de clase acomodada. Su padre fue parte de la candidatura en Murcia del partido de extrema derecha Fuerza Nueva para el Congreso de los Diputados en las elecciones generales de 1977.
Su hermano (que recibió el nombre en memoria del abuelo Francisco, asesinado a manos de las tropas republicanas durante el periodo 1936.1939), Francisco Pérez de los Cobos es también conocido; fue magistrado del Tribunal Constitucional entre los años 2011 y 2017; y también fue presidente del Tribunal Constitucional durante los años 2014 y 2017. Fue precisamente en el año 2015 cuando, bajo la presidencia de Francisco en el TC, se dictó la sentencia que pasó por encima del Estatuto de Cataluña, punto clave del conflicto con los independentistas y soberanistas catalanes.
De Francisco, el hermano de Diego, podríamos hablar en otra pieza, pues su carrera también es de gran interés y relevancia política, puesto que tras licenciarse en el 84 en Derecho (en Valencia), fue profesor en distintas universidades (Valencia, Baleares, Barcelona y Madrid). En 1996 fue designado Cosnejero del Consejo Económico y Social entre el Grupo de Expertos designados por el Gobierno (de Aznar). Durante los años 2008 y 2013 fue militante del PP y colaboró activamente con el partido.
Fue en el año 2015 cuando salió la sentencia del TC y Artur Mas anunció la unión de las fuerzas independentistas para presentarse juntas a unas elecciones plebiscitarias. Y en ese momento, desde el Gobierno de España activaron todas las máquinas para frenarlo. 2015 fue el año en el que se modificó el Código Penal, introduciendo la prisión permanente revisable; se aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza) y se modificó la Ley Orgánica que regula el funcionamiento del Tribunal Constitucional, concretamente el artículo 92,4 a través del cual el TC se arroga funciones que hasta el momento no tenía, y sin las cuales hoy no estaríamos viendo lo que está sucediendo con los líderes políticos y sociales de Cataluña.
A partir de 2015 se activa la maquinaria del Estado para atacar, jurídicamente, al independentismo. Para ello cambian leyes, reforman códigos y generan otras nuevas con el fin de llegar al punto en el que hoy nos encontramos.
Imputado por torturas, y absuelto
En 1992 Diego fue acusado de torturas al etarra Kepa Urra, junto con el capitán Manuel Sánchez Corbi, el alférez José María de las Cuevas Carretero, los guardias Antonio Lozano García, Arturo Prieto Bozec y Alejandro Herández Mosquera.
Caso Urra: En la madrugada del 29 de enero de 1992, el miembro de ETA Kepa Urra fue detenido por la Guardia Civil. Al día siguiente fue trasladado al hospital con una arritmia cardiaca.
Según el informe médico presentaba una docena de erosiones, cuatro equimosis (hematomas) y dos pequeñas lesiones en la base del cuello.
Según el informe judicial, «los agentes introdujeron a Urra en un vehículo policial sin distintivos y se dirigieron hasta un lugar no identificado de monte descampado, donde sacaron del coche al detenido. Los tres agentes le desnudaron, le golperaon con un objeto desconocido y le arrastraron por el suelo al tiempo que le preguntaban por su nombre que en ese momento desconocían, por el lugar donde se hallaba el zulo y por las armas, así como por nombres de sus compañeros».
Según relatan en Radio Recuperando Memoria, el caso fue muy relevante social y mediáticamente puesto que se produjo en plena investigación del GAL por parte de los medios de comunicación. El caso Urra fue citado por dos relatores contra la tortura de Naciones Unidas y quedó reflejado en el informe de Amnistía Internacional de 1993.
El 11 de noviembre de 1997 la Audiencia Provincial de Bilbao condenó a un total de 12 años y seis meses de prisión y a 18 años de inhabilitación especial a tres de los guardias civiles: de las Cuevas, Sánchez Corbi y Lozano García. Los otros tres (entre los que se encuentra Pérez de los Cobos) fueron absueltos.
El Tribunal Supremo redujo en 1998 las penas a un año de cárcel y seis años de inhabilitación. En 1999 fueron indultados parcialmente por el Gobierno del PP. En 2002 el Tribunal Supremo anuló sus condenas.
Voluntario en el Golpe de Estado del 23F
Estos días se ha podido saber que Diego Pérez de los Cobos, a pesar de su corta edad en 1981, vestido con su camisa azul se presentó como voluntario en el Cuartel de la Guardia civil de Yecla para apoyar la insurrección militar comandad por el coronel Antonio Tejero.
Participó, según cuentan en su pueblo, de manera activa y junto a su hermano, en la campaña por el NO a la Constitución Española.
Rajoy destituye al comisario que dirige las investigaciones de Gürtel y Bárcenas
El Diario (17/10/2013).- El Gobierno ha cesado al máximo responsable policial en los casos de corrupción, el comisario José García Losada. El anuncio se ha producido al filo de las nueve de la noche de este jueves a través de una larga nota de prensa de Interior que informa de una amplia remodelación en la cúpula policial. De todos los cambios trasladados, el más relevante es el citado, por afectar al mando de la Comisaría General de Policía Judicial, la estructura central competente para investigar todos los delitos relevantes a excepción de los terroristas.
La destitución de Losada se produce por el malestar existente en la dirección política de la Policía, el Partido Popular, el Ministerio del Interior y el resto del Gobierno con las investigaciones de los casos Gürtel y Bárcenas. Losada es un policía curtido en la lucha contra el narcotráfico en su Galicia natal, que ya ocupó el puesto del que ha sido destituido con los Gobiernos de Aznar y que, con independencia de esa vinculación, goza de amplio predicamento en todos los sectores de la Policía por su valía profesional. El hecho de que no haya frenado los informes que señalan al PP y a algunos de sus máximos responsables le han valido el cese, según confirman desde su entorno.
Fuentes policiales informan a eldiario.es que Losada sabe que no seguiría al frente de la Policía Judicial desde el pasado julio, cuando le fue comunicada la destitución por el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, y el número dos del Cuerpo, el comisario Eugenio Pino. Fueron las palabras del presidente del Gobierno asegurando que nadie imponía al Ejecutivo fiscales ni policías lo que motivó que su destitución fuera postergada por una cuestión de apariencia, confirman las fuentes consultadas. Rajoy contestaba así a las informaciones sobre sus últimas comunicaciones con Bárcenas y el malestar de éste porque con el cambio en La Moncloa no habían llegado las destituciones deseadas en la Fiscalía Anticorrupción y la Policía.
El enfado de Ana Mato
Entre los agentes que dependían de Losada se encuentran los miembros de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). La situación del comisario comenzó a torcerse seriamente en febrero, cuando el juez del ‘caso Gürtel’ incorporó a la causa los informes de esa Unidad sobre los gastos de la familia Mato-Sepúlveda a cuenta de la trama dirigida por Francisco Correa. Los medios de comunicación accedieron a esos informes, como a otros, después de que se diera traslado a las partes personadas. Sin embargo, la ministra mostró su enfado en el seno del Gobierno por la filtración de los mismos y por haber conocido su contenido a través de los medios.
Aunque el incidente no trascendió públicamente, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, descargó cualquier responsabilidad de su departamento o la cúpula policial sobre esos informes. En declaraciones al diario ‘Abc’ dijo que los citados documentos se debían atribuir a “elementos” que trabajan en la UDEF, pero no a la unidad como tal, ya que esos policías trabajan a las órdenes directas del juez Pablo Ruz. La inmensa mayoría de los informes de la UDEF van firmados con el carnet profesional de dos policías, un inspector y un inspector jefe. Aunque los jueces instructores del ‘caso Gürtel’ han cambiado en varias ocasiones, ellos han figurado en la investigación, junto a las fiscales Anticorrupción, desde los inicios de la misma, en tiempos del Gobierno socialista.
Las presiones en la Policía fueron creciendo acorde a lo hacía el ‘caso Bárcenas’. Sin embargo, los citados policías continuaban elaborando sus informes, siempre a requerimiento del juez instructor, nunca por iniciativa propia. El resultado de uno de esos informes influyó decisivamente en la decisión de Ruz de abrir una pieza separada del ‘caso Gürtel’ por la aparición de los ‘papeles de Bárcenas’. Los policías cruzaron la ‘contabilidad b’ de la trama liderada por Correa, hallada en uno de los registros a la red, y la ‘caja b’ del PP que publicó ‘El País’. Los policías concluyeron que había al menos tres coincidencias en los dos flujos de fondos. En otro informe, los agentes de la UDEF señalaban que “19 donantes identificados” del PP habían recibido 12.000 millones de euros en adjudicaciones públicas entre 2001 y 2012.
El ático de Ignacio González, motivo del anterior cese
La destitución del comisario García Losada es la segunda al frente de la Comisaría General de Policía Judicial con este Gobierno. Su antecesor, José Enrique Rodríguez Ulla, apenas duró cinco meses en el puesto. La investigación que ordenó sobre el origen del ático que tiene en Marbella el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, motivó su cese fulminante por no haber informado de la misma a sus superiores. Como en esta ocasión, la Dirección General de la Policía aprovechó para mover varias fichas y justificar así el cambio.
El sustituto de García Losada al frente de la Policía Judicial es el comisario Sergio Sánchez Aparicio, de la máxima confianza del director adjunto operativo, Eugenio Pino. El comisario Pino está detrás del resto de cambios en la cúpula policial, que pretendía haber hecho hace meses y que hasta hoy frenó su inmediato superior, Ignacio Cosidó.
Jefe de los Antidisturbios en la época de Aznar, Pino autorizó que dos comisarios viajaran a Barcelona en plena campaña de las autonómicas catalanas para convencer a los fiscales Anticorrupción de que había que registrar de inmediato la sede de CDC en el marco del ‘caso Palau’. Aquellos dos comisarios no tenían ninguna vinculación con la investigación, a diferencia del jefe de la UDEF o del ahora destituido García Losada. Sin embargo, ninguno de estos dos últimos fue informado de la maniobra. El comisario García Losada es desde hoy jefe de la División Económica y Técnica, una estructura sin tareas operativas dedicada al funcionamiento interno de la Policía.
Rajoy destituye al comisario que dirige las investigaciones de Gürtel y Bárcenas
El Diario (17/10/2013).- El Gobierno ha cesado al máximo responsable policial en los casos de corrupción, el comisario José García Losada. El anuncio se ha producido al filo de las nueve de la noche de este jueves a través de una larga nota de prensa de Interior que informa de una amplia remodelación en la cúpula policial. De todos los cambios trasladados, el más relevante es el citado, por afectar al mando de la Comisaría General de Policía Judicial, la estructura central competente para investigar todos los delitos relevantes a excepción de los terroristas.
La destitución de Losada se produce por el malestar existente en la dirección política de la Policía, el Partido Popular, el Ministerio del Interior y el resto del Gobierno con las investigaciones de los casos Gürtel y Bárcenas. Losada es un policía curtido en la lucha contra el narcotráfico en su Galicia natal, que ya ocupó el puesto del que ha sido destituido con los Gobiernos de Aznar y que, con independencia de esa vinculación, goza de amplio predicamento en todos los sectores de la Policía por su valía profesional. El hecho de que no haya frenado los informes que señalan al PP y a algunos de sus máximos responsables le han valido el cese, según confirman desde su entorno.
Fuentes policiales informan a eldiario.es que Losada sabe que no seguiría al frente de la Policía Judicial desde el pasado julio, cuando le fue comunicada la destitución por el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, y el número dos del Cuerpo, el comisario Eugenio Pino. Fueron las palabras del presidente del Gobierno asegurando que nadie imponía al Ejecutivo fiscales ni policías lo que motivó que su destitución fuera postergada por una cuestión de apariencia, confirman las fuentes consultadas. Rajoy contestaba así a las informaciones sobre sus últimas comunicaciones con Bárcenas y el malestar de éste porque con el cambio en La Moncloa no habían llegado las destituciones deseadas en la Fiscalía Anticorrupción y la Policía.
El enfado de Ana Mato
Entre los agentes que dependían de Losada se encuentran los miembros de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). La situación del comisario comenzó a torcerse seriamente en febrero, cuando el juez del ‘caso Gürtel’ incorporó a la causa los informes de esa Unidad sobre los gastos de la familia Mato-Sepúlveda a cuenta de la trama dirigida por Francisco Correa. Los medios de comunicación accedieron a esos informes, como a otros, después de que se diera traslado a las partes personadas. Sin embargo, la ministra mostró su enfado en el seno del Gobierno por la filtración de los mismos y por haber conocido su contenido a través de los medios.
Aunque el incidente no trascendió públicamente, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, descargó cualquier responsabilidad de su departamento o la cúpula policial sobre esos informes. En declaraciones al diario ‘Abc’ dijo que los citados documentos se debían atribuir a “elementos” que trabajan en la UDEF, pero no a la unidad como tal, ya que esos policías trabajan a las órdenes directas del juez Pablo Ruz. La inmensa mayoría de los informes de la UDEF van firmados con el carnet profesional de dos policías, un inspector y un inspector jefe. Aunque los jueces instructores del ‘caso Gürtel’ han cambiado en varias ocasiones, ellos han figurado en la investigación, junto a las fiscales Anticorrupción, desde los inicios de la misma, en tiempos del Gobierno socialista.
Las presiones en la Policía fueron creciendo acorde a lo hacía el ‘caso Bárcenas’. Sin embargo, los citados policías continuaban elaborando sus informes, siempre a requerimiento del juez instructor, nunca por iniciativa propia. El resultado de uno de esos informes influyó decisivamente en la decisión de Ruz de abrir una pieza separada del ‘caso Gürtel’ por la aparición de los ‘papeles de Bárcenas’. Los policías cruzaron la ‘contabilidad b’ de la trama liderada por Correa, hallada en uno de los registros a la red, y la ‘caja b’ del PP que publicó ‘El País’. Los policías concluyeron que había al menos tres coincidencias en los dos flujos de fondos. En otro informe, los agentes de la UDEF señalaban que “19 donantes identificados” del PP habían recibido 12.000 millones de euros en adjudicaciones públicas entre 2001 y 2012.
El ático de Ignacio González, motivo del anterior cese
La destitución del comisario García Losada es la segunda al frente de la Comisaría General de Policía Judicial con este Gobierno. Su antecesor, José Enrique Rodríguez Ulla, apenas duró cinco meses en el puesto. La investigación que ordenó sobre el origen del ático que tiene en Marbella el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, motivó su cese fulminante por no haber informado de la misma a sus superiores. Como en esta ocasión, la Dirección General de la Policía aprovechó para mover varias fichas y justificar así el cambio.
El sustituto de García Losada al frente de la Policía Judicial es el comisario Sergio Sánchez Aparicio, de la máxima confianza del director adjunto operativo, Eugenio Pino. El comisario Pino está detrás del resto de cambios en la cúpula policial, que pretendía haber hecho hace meses y que hasta hoy frenó su inmediato superior, Ignacio Cosidó.
Jefe de los Antidisturbios en la época de Aznar, Pino autorizó que dos comisarios viajaran a Barcelona en plena campaña de las autonómicas catalanas para convencer a los fiscales Anticorrupción de que había que registrar de inmediato la sede de CDC en el marco del ‘caso Palau’. Aquellos dos comisarios no tenían ninguna vinculación con la investigación, a diferencia del jefe de la UDEF o del ahora destituido García Losada. Sin embargo, ninguno de estos dos últimos fue informado de la maniobra. El comisario García Losada es desde hoy jefe de la División Económica y Técnica, una estructura sin tareas operativas dedicada al funcionamiento interno de la Policía.
