Enrique Santiago, secretario de Movimientos Sociales y abogado de IU, dice que es “prioritario interrogar” a los empresarios respecto a los pagos que hicieron y las fechas.Afirma que las declaraciones de Correa confirman que el PP contaba con un sistema estructurado para financiar ilegalmente las campañas con lo obtenido por comisiones.
María F. Sánchez/Cuarto Poder.- La acusación popular que conforma IU junto a otros grupos en el caso de los ‘papeles de Bárcenas’ ha pedido que se vuelva a investigar a los empresarios que fueron imputados en 2013 en la pieza separada de la ‘Caja B’ del PP, pero que dejaron de estarlo por falta de pruebas que mostraran vinculación entre las donaciones al partido recogidas en las anotaciones del extesorero ‘popular’ y la adjudicación de licitaciones. La decisión de volver a imputar a los que abonaban las comisiones está motivada, entre otras cosas, por “las declaraciones de Francisco Correa en el juicio de la trama Gürtel, donde manifestó claramente que los empresarios pagaban al partido en unas fechas que coincidían con las campañas electorales. Esto acredita lo que veníamos manteniendo desde el principio de la querella, que en el PP había un sistema estructurado para financiar ilegalmente estas campañas”, ha indicado a cuartopoder.es el abogado y Secretario de Refundación y Movimientos Sociales de IU, Enrique Santiago.
Los colectivos que conforman la acusación popular – IU, Asociación Libre de Abogado (ALA), Justicia y Sociedad, Ecologistas en Acción y Los Verdes- han pedido nuevas actuaciones en la pieza de la ‘Caja B’ del PP que se instruye en el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional. La demanda principal es “interrogar a los empresarios sobre los pagos que hicieron y las fechas de estos conforme a lo que aparece en los ‘papeles de Bárcenas’, donde casualmente esas donaciones se realizan en los momentos inmediatamente anteriores a las campañas electorales”, lo que habría supuesto una indudable ventaja para el PP, ha explicado Santiago.
Al margen de las informaciones reveladas en el juicio de la causa Gürtel, la acusación considera que las resoluciones del Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional y las informaciones de la prensa sobre la investigación del ‘caso Púnica’ ponen de manifiesto “diversos hechos y conductas irregulares del Partido Popular en relación a las elecciones celebradas en 2003, 2004, 2008 y 2011” que deberían ser tenidos en cuenta en el caso, no solo por su valor para esta causa en sí, sino también para corroborar “un presunto ‘modus operandi’” del partido para llevar a cabo “un delito electoral continuado”. Además, aportarían “datos para confirmar la participación continuada de los extesoreros investigados (Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas), que fueron administradores generales de las campañas del Partido Popular ante la administración electoral y los órganos de control contable”, indica la acusación.
Los empresarios que aparecen en los ‘papeles de Bárcenas’ y que inicialmente fueron interrogados por el instructor del caso, el magistrado Pablo Ruz, en la querella inicial contra el PP, son los constructores Alfonso García Pozuelo (Construcciones Hispánica), Juan Manuel Villar Mir (OHL), José Luis Sánchez Domínguez (Grupo Sando), Luis del Rivero (Sacyr Vallehermoso), Manuel Contreras Caro (Azvi), Juan Manuel Fernández Rubio (Aldesa), José María Mayor Oreja (FCC) y Antonio Vilella (Construcciones Rubau). En esta ocasión, la acusación popular también ha pedido la declaración en calidad de investigados de varias personas vinculadas a Degremont, la empresa de saneamientos que Correa ya identificó como pagadora de comisiones en su declaración del juicio Gürtel, en octubre de 2016. Por otro lado, el escrito de la acusación popular también ha incluido la solicitud para que acuda a declarar José Luis Izquierdo, autor de parte de la contabilidad de Correa, ya que la denominada ‘carpeta azul’ que se le intervino contiene anotaciones – según el propio Correa– que “vincularían supuestos pagos ilícitos con las adjudicaciones de obra a través de Degremont”.
En resumen y, en base a las últimas averiguaciones, la acusación popular considera que hay nuevos hechos que “aportan indicios suficientes como para que se profundice en la investigación que quedó inconclusa en su día” y prometen continuar trabajando “hasta lograr que se investigue en profundidad la actuación de los constructores y políticos implicados, de modo que puedan ser condenados si se demuestran delitos en sus actuaciones”.
