Alberto Martínez: “De confirmarse los hechos delictivos, pediremos todas las responsabilidades políticas y jurídicas que sean necesarias hasta las últimas consecuencias”

Yecla. 16.02.23.- El Grupo Municipal de Izquierda Unida-Verdes de Yecla ha presentado una denuncia contra el Equipo de Gobierno ante la Fiscalía Provincial de Murcia por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, malversación y defraudación.

La denuncia se refiere a la adjudicación de los contratos para la celebración de las fiestas de Reyes Magos. Según ha manifestado el portavoz de Izquierda Unida, Alberto Martínez, el secretario del Ayuntamiento advirtió que se estaba realizando un fraccionamiento ilegal que vulneraba la ley de contratación pública. Sin embargo, el Equipo de Gobierno ignoró la advertencia y los contratos se aprobaron con procedimiento de urgencia y mediante adjudicación directa, lo que conlleva menos garantías que otros métodos. En ese sentido, denuncian que debido a que el precio de la totalidad fue superior a los 15.000 euros sin IVA, la contratación se debería haber efectuado con alguna de las modalidades del procedimiento abierto.

Desde la formación precisan que los contratos afectados por las irregularidades son doce. Pero, señalan que los que han levantado las sospechas y en los que hay indicios de criminalidad son dos contratos concretos: los destinados al alquiler de las jaimas que se utilizaron para realizar la recepción de los emisarios y de los Reyes.

Según denuncia Izquierda Unida, el Equipo de Gobierno fraccionó el arrendamiento de las jaimas en dos contratos que fueron adjudicados a la misma persona por idéntico importe y que sumaron 15.200 euros sin IVA, 200 euros más de lo que legalmente se puede realizar por adjudicación directa. Además, el órgano de contratación no requirió los tres presupuestos que exige la ley en caso de contrato menor. Según el portavoz los hechos son de gravedad porque creen que el fraccionamiento se realizó con la intención de violar la obligación de la apertura de un procedimiento con publicidad para así imposibilitar que otras empresas pudieran concursar. Asimismo, comentan que el asunto empeora cuando se comprueba quien fue la adjudicataria del contrato: Mónica Azorín, senadora y ex concejala en dos legislaturas en el ayuntamiento de Yecla por el Partido Popular.

Asimismo, desde Izquierda Unida señalan que los problemas no acaban ahí, ya que también denuncian que el precio está fuera de mercado. En ese sentido, comentan que han hecho distintas comparativas con otras licitaciones y que han estimado que el precio por unidad es al menos cinco veces superior al que se da en el tráfico normal del mercado. Así, explican como ejemplo que el alquiler de las once carpas de la feria de septiembre con “tamaños mucho más grandes, características técnicas superiores, ocho veces más tiempo de arrendamiento y una complejidad en su montaje muy superior solo supuso un coste de 3000 euros más que las tres jaimas de Reyes. También, indican que han comparado con contratos menores de prestaciones similares en las mismas fechas y con el mismo objeto. Por ejemplo, dan los datos de un contrato menor en el ayuntamiento de Murcia por una jaima para las mismas fiestas en el año 2019 y con características similares por un precio de solo 1281,39 euros con IVA. Es decir, un precio por unidad que la formación estima en cinco veces menor que el precio pagado en Yecla

Desde la formación comentan que el Equipo de Gobierno debe responder varias preguntas ante la ciudadanía: “¿por qué se aprueba por urgencia una prestación que es periódica y segura?, ¿por qué se fracciona ilegalmente el contrato?, ¿por qué no se piden los tres presupuestos que exige la norma en caso de contratación menor?, ¿por qué se paga un precio fuera de mercado?

Alberto Martínez comenta que “ante toda esta información descubierta  gracias al gran trabajo del Grupo Municipal, desde Izquierda Unida teníamos la obligación moral y legal de denunciar los hechos ante las autoridades correspondientes para que profundicen la investigación”. Asimismo, señala que en su formación practican “la tolerancia cero frente a la corrupción” y,  por ello,  afirma que de confirmarse los hechos delictivos, pedirán “todas las responsabilidades políticas y jurídicas que sean necesarias hasta las últimas consecuencias”.