Ecologistas en Acción critica que el Gobierno Regional inicie una operación de lavado de imagen del sector agrícola, al mismo tiempo que evita imponerle las limitaciones necesarias para proteger el Mar Menor.
Ecologistas en Acción de la Región Murciana ha presentado alegaciones al proyecto de Orden de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente por la que se crea el sello “Agricultura Sostenible Verificada” (BORM de 11 de mayo de 2021). Consideran que la iniciativa es vacua, imprecisa, obsoleta y economicista, además de incoherente con los principios señalados por organismos internacionales, como la FAO[1], en materia de agricultura, sin ni siquiera mencionar la variable ambiental, y sólo la puramente económica.
Ya desde el principio, la propia definición que se hace de lo que denominan “agricultura sostenible”, chirría: “1. Rentabilidad de los productos agrarios, 2. producción de alimentos saludables, 3. para las generaciones presentes y futuras, 4. a precios razonables para los consumidores, 5. y suficientes para mantener la economía del sector agrario”. Ninguna referencia al aspecto medioambiental, ni a la preservación de los ecosistemas, y sin embargo, tres de cinco apelan a los precios y a la productividad económica (y los otros dos, de tan genéricos, vacíos). Queda claro que la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca (y Medio Ambiente) entiende la sostenibilidad únicamente desde el enfoque económico. Nada más.
El texto no mejora después: Se equipara el término “agricultura sostenible” al anteriormente inventado de “agricultura sostenible de precisión”, de nuevo sin definir los conceptos. Pura propaganda vacía de condiciones. Simplemente las expone, en términos genéricos y, por tanto, no mensurables, como “aquella que emplea el mínimo de nutrientes y es capaz de sincronizar su disponibilidad con la absorción por los cultivos…/… mejoran la microbiología del suelo y minimizan los riesgos de lixiviación de nutrientes y emisión de gases de efecto invernadero”.
Ecologistas en Acción considera como mínimo sorprendente, que este proyecto de sello de una supuesta “Agricultura Sostenible Verificada” no hace mención alguna a la “Agricultura Ecológica”, la cual sí está bien definida y certificada por el Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia, un organismo público instaurado en el año 2000. Ese sello se otorga a quienes cultivan siguiendo unas reglas establecidas, cuantificables y cuyo cumplimiento se garantiza con inspecciones regularmente.
El remate final de esta nueva ocurrencia, está en que aquellas explotaciones afectadas por la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor[2], realizarán la verificación del sello “Agricultura Sostenible Verificada” a través de Entidades Colaboradoras de la Administración Agraria (ECARM), una figura mencionada en la Disposición adicional décima de esa Ley que, sin especificar si será una entidad pública o privada ni su funcionamiento, las cita como “órgano necesario para un adecuado control del cumplimiento de las medidas de ordenación agrícola y ganadera previstas en la Ley y su normativa de desarrollo,..., sin perjuicio de sus funciones inspectoras y sancionadoras”. Además se establece que “los titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas tendrán la obligación de contratar los servicios de una ECARM para el control de la explotación, con la periodicidad y el alcance que se establezcan reglamentariamente”. Es decir, se pretende que para la obtención de este sello, la función de control la ejerza una ECARM, una entidad supervisora remunerada directamente por los propios inspeccionados.
Por todo ello, Ecologistas en Acción de la Región Murciana tacha este proyecto de sello de “Agricultura Sostenible Verificada” como un vergonzoso intento de campaña institucional de Greenwashing[3] del sector agroindustrial privado, que carece de cualquier rigor y credibilidad, y que se aleja de la verdadera utilidad que sí poseen otras prestigiosas certificaciones, que están sujetas a objetivos concretos y verificables, y que se someten al control periódico de organismos independientes.
Para terminar, demanda al ejecutivo regional que abandone este tipo de campañas inútiles, y que dedique todos sus esfuerzos a las necesarias, y urgentes, soluciones reales y en origen. Entre otras: eliminar de una vez todas las superficies de regadío ilegales, hacer cumplir la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor, limitar el uso de fertilizantes en toda la cuenca vertiente, e implantar medidas de retención de sedimentos y contaminantes hacia el Mar Menor como las barreras vegetales.
