La organización reclama una moratoria para este tipo de explotaciones y de sus ampliaciones.

Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones a tres macrogranjas de porcino, en Fuente Álamo, Lorca y Caravaca, ante la Dirección General de Ganadería, Pesca y Acuicultura. El término macrogranja se refiere a las instalaciones con más, más de 2.000 cerdos de cebo de más de 30 kilos o de más de 750 cerdas que tienen que comunicar sus emisiones anuales (registro PRTR) y disponer de una Autorización Ambiental Integrada (AAI) positiva.

Las emisiones a la atmósfera procedentes de la ganadería intensiva porcina, son una fuente de contaminación del aire (metano y amoniaco), lo que se suma a la producción de gran cantidad de purines. El 92% de las emisiones de amoníaco en España son originadas por la ganadería industrial y siguen aumentándolas, al contrario que el resto de Europa. De hecho, la Región de Murcia es la segunda zona de España con más contaminación por gas amoniaco procedente de la ganadería industrial. La Comisión Europea ha denunciado reiteradamente a España por exceder sus emisiones de amoniaco un 39% sobre el umbral establecido. Otro elemento es el sobredimensionado consumo de agua que afecta a los acuíferos, especialmente en ambientes áridos como nuestra región.

Se produce así un enorme impacto ambiental de las macrogranjas: emisiones de amoniaco, de metano y vertidos de purines cargados de nitratos que pasan al suelo y a los acuíferos frente a la laxitud del control institucional.

Murcia, es la tercera provincia en número de macrogranjas (después de Lleida y Huesca) con 20 municipios con al menos una macrogranja, un 44’44% de porcentaje del total de municipios. Entre los 40 municipios con mayor número de macrogranjas en España se encuentra Fuente Álamo, con 23 macrogranjas de porcino de cebo y 7 de madres reproductoras, Lorca con 40 de porcino de cebo y 10 de madres reproductoras y Alhama de Murcia, con 14 de porcino de cebo y 5 de madres reproductoras.

El Plan de Inspección publicado por la Consejería de Medio Ambiente cifra en 500 las actuaciones previstas para el periodo 2022-2024, un número ridículo que convierte en inoperante la ya insuficiente Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor. En 2021 de las 175 macrogranjas que tiene el registro PRTR, no ha sido publicada ninguna inspección. El Plan de Inspección de la Consejería establece también inspecciones con aviso previo, que tienen muy poca o ninguna utilidad. Recuerdan que hace unos días Ecologistas en Acción denunció el colapso de la Dirección General de Medio Ambiente, que reconoce en un informe interno que se le han acumulado más de 2000 expedientes y autorizaciones sin resolver. Este colapso favorece la comisión de infracciones y el aumento de impactos ambientales derivados de la actividad económica sin un control de las instituciones. Frente a esto, hay que destacar las actuaciones del Seprona de la Guardia Civil, que ha encontrado, en más de 140 fincas, en una inspección rápida, el uso de fertilizantes prohibidos y pozos ilegales. Nos encontramos con balsas de purines directamente sobre el terreno, sin ningún tipo de cercado ni impermeabilización y pozos ciegos, cargados de nitratos que se filtran contaminando las aguas. Nos encontramos también con balsas de lagunaje para la desecación al sol de los purines, una práctica prohibida por la normativa estatal desde febrero del 2020.

La desidia y la inacción de la administración regional es la mayor amenaza, no solo para el medioambiente sino también para el propio sector ganadero, pues favorece las prácticas irregulares. En nuestra región hay zonas que deberían estar permanentemente controladas y cuyos acuíferos han sido declarados oficialmente en riesgo por la alta contaminación por nitratos. La declaración de alto riesgo afecta ya de hecho no solo a la comarca del Mar Menor, sino también al Bajo Quípar, Bullas, Caravaca y Mula.

Las movilizaciones contra las macrogranjas y sus impactos ha sido una constante en nuestra región. Se han producido movilizaciones contra las macrogranjas en Yecla, Jumilla, Lorca, Cehegín, Caravaca y Cieza denunciando los impactos ambientales de los purines y las emisiones de las granjas porcinas. Se necesita un giro radical de las instituciones públicas, una crítica rigurosa a la demagogia de una parte del sector ganadero industrial y la apuesta por otro modelo en el que prime la sostenibilidad y el cambio de pautas en el consumo.