El titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Murcia pide a la Fiscalía que se pronuncie sobre la viabilidad de la denuncia por cohecho contra López Miras y el secretario general de Salud, presentada por Izquierda Unida-Verdes y Podemos
El Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia ha abierto diligencias previas para aclarar si el presidente regional, Fernando López Miras, y el secretario general de la Consejería de Salud, Andrés Torrente, cometieron un delito de cohecho por un supuesto trato de favor hacia el secretario general del PP, Teodoro García Egea.
Supuestamente ambos mediaron para adelantar la operación de un familiar de García Egea. Según informa este martes el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, en la resolución, fechada el 2 de diciembre, el magistrado José Fernández Ayuso del Juzgado de Instrucción 7 pide al Ministerio Fiscal que informe “acerca de la viabilidad jurídica” de la denuncia interpuesta, “con carácter previo a decidir acerca de si se dirige formalmente o no el procedimiento contra los denunciados”.
Izquierda Unida-Verdes y Podemos denunciaron en junio pasado el caso tras conocer la información publicada por Infolibre de una conversación privada del jefe del Ejecutivo y García Egea como prueba del supuesto cohecho y que desde el PP se asegura que se obtuvo de forma ilícita según el artículo 197 del Código Penal.
El coordinador de IU-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos, ha manifestado su “satisfacción por esta noticia” y considera que “la justicia no podía obviar sin más una evidencia delictiva tan palpable, que debe ser como mínimo investigada”.
En su opinión, “la documentación oficial puede aclarar sin ningún lugar a dudas por qué algunos pacientes tienen que esperar meses para una operación de este tipo y el familiar de García Egea habría sido operado presuntamente en solo 6 días y habría conseguido una consulta con el especialista en cuestión de horas tras las gestiones de López Miras”.
Por su parte, el secretario general de Podemos en la Región de Murcia y diputado en el Congreso, Javier Sánchez Serna, ha comentado este martes tras conocer la decisión judicial que “ninguno de los implicados ha negado los hechos, sino que se han dedicado a intimidar a los medios que hablan de este caso”, lo que considera un ataque a la libertad de prensa que, en opinión de Sánchez Serna, supone “una prueba más de que el PP ha traspasado en esta legislatura todas las líneas rojas”.
