Ecologistas en Acción ha llegado a esta conclusión tras revisar el texto del nuevo Decreto-Ley 4/2021 que rebaja las garantías ambientales en la Región de Murcia.

Varios de los artículos contravienen Leyes básicas del Estado y la Directiva Hábitats europea, lo que podría constituir un nuevo caso de inconstitucionalidad en la legislación autonómica.

Recuerdan que ya en la “Era Valcárcel”, se aprobaron normas que desprotegían el Medio Ambiente para facilitar ciertos proyectos, y que el Tribunal Constitucional acabó declarándolas nulas.

Ecologistas en Acción ha denunciado hoy que varios de los artículos del Decreto-Ley n.º 4/2021, de 17 de junio, de simplificación administrativa en materia de Medio Ambiente, Medio Natural, Investigación e Innovación Agrícola y Medioambiental, contravienen Leyes básicas del estado, e incluso una Directiva Europea, incurriendo en un posible caso de inconstitucionalidad.

La organización ecologista tacha la situación de muy grave, porque “no solo se está intentando aprovechar la coyuntura sanitaria y económica derivada de la COVID19 para rebajar las garantías de protección del interés general y del medio ambiente”, sino que en algunos casos se quiere hacer a pesar del posible incumplimiento de normas de rango superior que ello conlleva.

Ecologistas en Acción denuncia que ha detectado posibles incumplimientos de normativas de rango superior en, al menos, tres apartados del nuevo Decreto-Ley. Consideran que todos tienen una clara intención de rebajar las garantías ambientales que establecen dichas normas.

En el Capítulo III, que modifica la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección ambiental integrada de la Región de Murcia, se han detectado dos importantes conflictos legales:

-          En el Artículo Doce, se propone una Disposición Adicional decimoquinta, que podría estar infringiendo en tres de sus cuatro apartados la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, así como la Directiva Hábitats[1], incorporada al derecho nacional por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, al tratar de eludir la evaluación de efectos adversos a espacios protegidos de la Red Natura 2000.

-          En el Artículo Trece, que modifica el Anexo I de Actividades Sometidas a licencia de actividad, se podría estar vulnerando el artículo 140 de la Constitución Española, referido a la “autonomía municipal”, y contravenir la Ley de Bases de Régimen Local, en sus artículos 84 y 84.bis.

En el Capítulo IV, que modifica la Ley 8/2014, de 21 de noviembre, de medidas tributarias, de simplificación administrativa y en materia de función pública, se ha detectado el siguiente conflicto legal:

-          La Disposición adicional primera. Vías Pecuarias, podría contravenir la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, al pretender adaptar estos caminos públicos al planeamiento, y no al revés.

La organización ecologista recuerda que, por desgracia, no es la primera vez que se da esta situación, ya que en el año 2001, bajo la presidencia de Ramón Luis Valcárcel, ya se hizo una jugada similar. En aquella ocasión se aprovechó la aprobación de la Ley del Suelo, para meter una disposición adicional que, con un solo párrafo, desprotegía unas 11.500 ha de terrenos protegidos (la mayoría en la Marina de Cope). El recurso ante el tribunal Constitucional, impulsado por la plataforma PROLITORAL, de la que forman parte, concluyó, tras once largos años de espera, en la declaración de inconstitucionalidad y la anulación de esa Disposición Adicional octava, revertiendo la desprotección.

Por ello, Ecologistas en Acción anuncia que se encuentra estudiando las posibles vías legales a ejercer en el caso de que este texto legal se termine aprobando con estos importantes conflictos normativos.

Además, la organización anuncia que denunciará el desmantelamiento ambiental que se está llevando a cabo en la Región de Murcia, tanto a nivel normativo, como a nivel de organismos y administraciones públicas, con cuantas acciones esté en su mano.