El fiscal considera que el proyecto del auditorio por el que Sánchez pidió una ayuda de 6 millones se basó en un terreno que no era municipal, algo que confirma ahora el ayuntamiento de Puerto Lumbreras.

La Crónica del Pajarito.- El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras ha confirmado, a instancia judicial, que el terreno en el que se iba a construir el auditorio de la localidad, caso en el que está imputado el expresidente regional Pedro Antonio Sánchez, no es de propiedad municipal, por lo que cobra fuerza que Sánchez pudiera cometer también un delito de fraude de subvenciones por un uso indebido de la ayuda de seis millones de euros para la obra.

El secretario general del Ayuntamiento asegura, en un escrito dirigido a la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ, que el terreno no es municipal y que desconoce siquiera quién es el dueño del mismo. “No constan inventariadas ninguna de las parcelas (...) y, por lo tanto, no nos consta número de inscripción registral de ninguna de ellas”, se indica en el escrito, según informa La Verdad.

El fiscal Anticorrupción de Murcia, Juan Pablo Lozano, sospechaba que el Ayuntamiento, cuando Sánchez era alcalde de Puerto Lumbreras, pudo solicitar la subvención de 6 millones de euros sobre un solar de la rambla de Nogalte, en el que inicialmente se iba a construir el auditorio, que ni siquiera era municipal. Una sospecha que se confirma ahora, por lo que Sánchez pudo utilizar ese terreno de forma fraudulenta para obtener la ayuda millonaria.

El fiscal reclamó el pasado abril al magistrado instructor del caso, Julián Pérez-Templado, que instase al Ayuntamiento lumbrerense a identificar, mediante su referencia catastral, la parcela de la rambla de Nogalte en la que se aseguró que se iba a construir el auditorio.

El propio Pedro Antonio Sánchez confesó en su declaración como ante el TSJ como imputado que el proyecto de auditorio que finalmente se construyó se hizo sobre otro terreno que era “totalmente diferente” al que sirvió para conseguir la subvención. Por ello, el fiscal Anticorrupción considera que puede existir base para atribuir al expresidente murciano un quinto delito, el de fraude de subvenciones, además de los de prevaricación continuada, malversación, fraude y falsedad documental.