El Presidente Pedro Antonio Sánchez quiso limpiar su reputación en Internet; ahora toca limpiar la reputación de la Región de MURCIA antes de que acabe imputado por toda la relación de tipos penales vinculados a la corrupción pública presentes en el Código Penal.
Si hace unas semanas la decisión de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Murcia, asumiendo las diligencias del “caso auditorio” con las consecuencias procesales que de ello se derivaban para el actual presidente de la CARM, Pedro Antonio Sánchez (PAS), hacía inexcusable la concertación política de todo el arco parlamentario de la Región para censurar a PAS y convocar nuevas elecciones, el auto del Juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que se acaba de conocer esta mañana, hace insostenible por más tiempo la situación política de la Región de Murcia.
Con la más que previsible doble imputación de PAS, el prácticamente bi-imputado Presidente de la CARM lleva camino de agotar en calidad de investigado la larga lista de delitos vinculados a la corrupción pública que se encuentran tipificados en el código penal: prevaricación, malversación, fraude y falsedad en documento público (en el caso auditorio), y ahora, en lo que hace a la trama murciana del caso púnica: cohecho, fraude y revelación de información reservada.
La dirección colegiada de Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia, a través de sus coordinadores regionales, José Luis Álvarez Castellanos y Candi Marín, han planteado en un comunicado hecho público esta mañana su convicción en que PAS ni va a dimitir, ni parece que vaya a ser obligado a ello por parte de sus jefes de partido en Madrid, por lo que la pelota política, afirman en IU-V-RM, queda claramente en el tejado de los grupos parlamentarios de la oposición, unos grupos que tienen la indeclinable obligación de ponerse de acuerdo para limpiar la reputación de la Región de Murcia ladeando de la política a quien quiso limpiar su reputación en internet.
Así pues, y tal y como hicieran hace unos días con ocasión de la decisión del TSJ en el caso auditorio, vuelven a exigir a todos los actores políticos en juego que en ningún caso hagan prevalecer en las decisiones políticas que deben hacerse públicas en lo inmediato por parte de todos, ni particulares coyunturas partidistas, ni eventuales posiciones demoscópicas. La única salida democrática de la crisis política que ha generado la decisión del TSJ, afirman desde IU-V, es la disolución del Parlamento y la convocatoria de nuevas elecciones.
Para ello es preciso que Ciudadanos (C’s) manifieste desde ya su intención de implementar en lo inmediato sus compromisos plasmados negro sobre blanco en el acuerdo de investidura, y que junto con el resto de formaciones políticas con representación en la Asamblea Regional se pongan de acuerdo en investir a un nuevo Presidente de la CARM que tendría como único mandato la disolución del Parlamento y la convocatoria de nuevas elecciones.
