“Los objetivos que tenemos es promover un debate, una política de drogas, unas políticas públicas en general basadas en este conocimiento, en los derechos humanos, en la participación de la sociedad civil. Este es un tema muy importante para nosotras, pues el conocimiento y la experiencia de la sociedad civil tiene que informar el proceso de toma de decisiones.”

EquipoTuareg. 03/12/22.- Constanza trabaja en ICEERS (International Center for Ethnobotanical Education, Research and Service). Estudió Ciencias políticas, con especialidad en América latina, es Doctora en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales e hizo su tesis sobre “El Régimen internacional de control de drogas”. Siempre le interesó el tema de la política de drogas en una perspectiva internacional encaminado, entre otras cuestiones, “para regular o proponer una legislación para su gestión social”, nos comenta. Si tuviéramos que hacer una fotografía rápida de su personalidad, hablaríamos sin dudarlo de rigor, precisión y corazón en el análisis.

Según informa la página web de (ICEERS) “tiene un estatus consultivo especial de ONG…”

El estatuto consultivo lo tienen muchas organizaciones. Hay que solicitarlo, aportando mucha documentación, al Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, y te acreditan como O.N.G. que puede aportar información y experiencia a las sesiones y debates. Nosotras participamos asiduamente en la Comisión de Estupefacientes que se reúne cada marzo en Viena, y que es el órgano fundamental de política internacional de drogas dentro de Naciones Unidas. También hemos participado en los organismos de derechos humanos y especialmente en el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales.

“Nuestro trabajo tiene tres ramas fundamentales. Una es la de proveer información y educación, otra es la investigación y otra es la de servicios.”

¿Qué objetivos tiene la fundación?

Nuestro trabajo tiene tres ramas fundamentales. Una es la de proveer información y educación, otra es la investigación y otra es la de servicios. Nosotras trabajamos en el ámbito más general de política de drogas y derechos humanos, pero con un énfasis especial en la cuestión de las plantas psicoactivas. Dentro del amplio número de temas que se trabajan desde la política de drogas, este en concreto conecta con plantas de uso tradicional como pueden ser la ayahuasca, la hoja de coca, el peyote, el San Pedro, los hongos, … Son un conjunto de plantas que tienen un uso cultural y ancestral en muchos lugares del planeta y que ahora se ha expandido por todo el mundo con nuestra sociedad globalizada. Esto hace que también trabajemos cuestiones de ecosistemas y medio ambiente, de comunidades indígenas, de preservación del conocimiento ancestral, de diálogo de conocimientos entre el que se produce de una manera que generalmente se denomina científica y el que se produce de manera tradicional.

Dentro de este ámbito de plantas psicoactivas, y más amplio de políticas públicas y derechos humanos, lo que hacemos es aportar información y educación sobre qué son estas plantas, qué conlleva su uso, o qué beneficios pueden tener. Proporcionamos información dentro del marco de lo que nosotros llamamos reducción del riesgos, que es un enfoque hacia la gestión del uso de substancias que parte de la base de que dicho uso existe, que están en nuestra gran realidad, que las personas usan sustancias psicoactivas. Porque no solo es una cuestión de riesgo, sino que también las personas deciden usarlas porque les proporciona un beneficio que puede ser de muchos tipos: relajación, evasión, alivio del dolor o sanación, en diferentes formas.

Lo que tratamos es de proporcionar información para que las personas tomen sus propias decisiones en relación a este asunto, generar conocimiento, hacer investigación. Tanto desde la perspectiva de las ciencias sociales como de las ciencias de la salud.

Y, por otra parte, ofrecemos una serie de servicios a estas personas, a esta comunidad que está interesada en las plantas psicoactivas. Entre ellos, servicios de apoyo legal, apoyo psicológico, consultas sobre interacciones (por ejemplo, estoy tomando esta medicina, pero quiero tomar este otro tipo de substancia, ¿qué puede suceder? …).

Usted es directora del área de Leyes, Políticas Públicas y Derechos Humanos de la fundación ICEERS. Su trabajo se ubica en la intersección entre las políticas de drogas, los derechos humanos y la justicia social. ¿En qué consiste la función de su área concretamente?

Concebimos el trabajo desde esta área como un triángulo. En un vértice tendríamos la generación de conocimiento y evidencias, análisis, investigación tanto sobre plantas psicoactivas como sobre política de drogas de una manera más amplia, y su conexión con los derechos humanos y la justicia social. Dentro de este ámbito también entraría, por ejemplo, el traer experiencias de otros lugares a nuestro contexto, así como al revés: llevar las experiencias de nuestro propio contexto a otros ámbitos como son los foros internacionales y otros espacios de discusión.

En el segundo vértice, tendríamos el proporcionar servicios de apoyo legal. Proporcionamos información y acompañamiento a las personas que han tenido un incidente legal relacionado con plantas, en su mayoría ayahuasca y hoja de coca. En España principalmente esas dos substancias. Elaboramos informes periciales, testimonios en juicios, trabajamos con abogados y abogadas para proporcionar estrategias de defensa. Y acompañamos a las personas que realizan este viaje por el sistema de justicia penal, que no es fácil.

Y el tercer vértice es la incidencia política: tomamos nuestra experiencia en el apoyo legal y el conocimiento que generamos mediante la investigación y tratamos de llevarla a los espacios donde se toman las decisiones políticas. Tanto a nivel internacional, como aquí. Por ejemplo, a nivel del Congreso de los Diputados o de las Comunidades Autónomas. En Cataluña hemos trabajado mucho con las instituciones que gestionan el tema en la Generalitat. También a nivel local.

¿Qué objetivos pretende?

Los objetivos que tenemos es promover un debate, una política de drogas, unas políticas públicas en general basadas en este conocimiento, en los derechos humanos, en la participación de la sociedad civil. Este es un tema muy importante para nosotras, pues el conocimiento y la experiencia de la sociedad civil tiene que informar el proceso de toma de decisiones. Las comunidades afectadas tanto por el uso de substancias como por las políticas punitivas, así como aquellas que trabajan con personas que usan drogas, todo este colectivo tiene que estar implicado también en la toma de decisiones que les afectan. Pero generalmente la mayoría de personas que usan drogas lo que han recibido por parte de la sociedad es estigma, castigo, falta de empatía.

“Nosotras partimos de que el punitivismo no ha funcionado. Y no solo no ha funcionado en términos de reducir el uso de sustancias, sino que ha generado muchos más daños del que genera el propio uso de sustancias.”

¿Desde qué perspectiva social abordan ustedes un tema tan sensible como el las drogas?

La humanidad siempre ha convivido con substancias psicoactivas y a lo largo de la historia esta relación se ha gestionado de muchas maneras. Desde principios del siglo XX el enfoque que se impuso a nivel internacional, y luego desarrollado por cada país, ha sido el enfoque prohibicionista y punitivo. ¿Qué quiere decir prohibicionista? Que los usos de substancias controladas -ya no te digo psicoactivas, sino controladas- se limitaban estrictamente a fines médicos y científicos. Y punitivo porque también se entendió, un poco más adelante, que la única manera mediante la cual eso se podía garantizar era través del derecho penal, del castigo y la represión.

Esto es un proceso que se inicia a nivel internacional a principios del siglo XX, se va desarrollando y culmina con la adopción de tres convenciones internacionales. La Convención Única de 1961 sobre Sustancias Estupefacientes, la de 1971 sobre Substancias Psicotrópicas y la de 1988 sobre Tráfico Ilícito de las substancias recogidas en las dos convenciones anteriores. Se trata de tratados internacionales que los países firman, adoptan y trasladan a su política nacional. Esto ha dado lugar a que se haya aplicado una política muy parecida a países y a contextos que tenían desafíos relacionados con las drogas muy diferentes.

Nosotras partimos de que el punitivismo no ha funcionado. Y no solo no ha funcionado en términos de reducir el uso de sustancias, sino que ha generado mucho más daños del que genera el propio uso de sustancias.

Usted publica con Michael Collins en 2018 Más vale pedir perdón que pedir permiso: El enfoque subnacional de las políticas de drogas en España donde afirmaban que “…, en los debates sobre políticas de drogas poco se sabe del enfoque español, a excepción del fenómeno de los clubes sociales de cannabis.”

Michael Collins es un compañero escocés que está afincado en Estados Unidos con el que hemos trabajado durante muchos años. En este informe precisamente lo que intentamos hacer es lo siguiente. Él estuvo un tiempo viviendo en España y veía que aquí están pasando muchas cosas que se conocen poco fuera. Y nos dijimos: pues vamos a contarlas. Y lo que encontramos fue que había muchas dinámicas interesantes que pasaban en España, no necesariamente todas positivas, pero también positivas, y que en los foros internacionales se conocían poco.

… ¿cuáles son esas cosas importantes y que se conocen poco fuera de España?…

… el fenómeno de los clubes sociales de cannabis es una cuestión que, con la eclosión del debate sobre su regulación, ha recibido mucha atención porque es un modelo de gestión comunitaria para proveerte tú de tu propio cannabis. No es comercial y tampoco es absolutamente de autocultivo, sino que se genera un espacio social de compartir, de aprender sobre el uso de la substancia o también de tener un espacio donde pasan cosas. Porque un club social de cannabis es también un lugar de encuentro. El hecho de consumir en comunidad, digamos, hace que tú aprendas sobre qué tipo de cannabis estás consumiendo, qué te sienta mejor o peor. También tienes acceso a información y a reducción del riesgo.

¿Cómo definiría usted la política de drogas en España y cómo la tipificaría?

Me parece bastante ambivalente. Por una parte, ha habido mucho trabajo, una política muy interesante en materia de reducción de daños. Por ejemplo, existen salas de consumo, programas de intercambio de jeringuillas, de sustitución con opiáceos. Eso incluso dentro de las prisiones. Hay una política de reducción de daños muy avanzada respecto a otros países. Esto es algo que el gobierno siempre se ha preocupado de compartir a nivel internacional. El tema de los clubes no le ha interesado mucho y de hecho nunca ha recibido apoyo por parte del Plan Nacional sobre Drogas.

Algo que mencionábamos en el Informe del que hablábamos antes es que la política de drogas es muy diferente según en qué comunidad autónoma estemos. Por ejemplo, yo he trabajado en Cataluña, donde hay un nivel de debate e intervenciones muy avanzadas. Así, una persona usuaria en Cataluña tiene más posibilidades de acceder a información, a cuidados, a la gestión de sus placeres, de sus riesgos.

En cambio, aquí en Murcia creo que hay margen para más reflexión. Sí que hay organizaciones, por ejemplo, La Huertecica, que tiene un enfoque muy empático hacia las personas usuarias, de respeto de sus decisiones, no estigmatizante. Sin embargo, desde las instituciones del gobierno regional -que tiene las competencias en materia de salud-, no veo que haya muchos debates. Hay un Observatorio sobre drogas, pero yo no sé si está funcionando. Y creo que sería importante abrir espacios de discusión.

En las últimas semanas ha habido una situación complicada en el barrio de San Antolín de Murcia, porque se va a abrir un centro para personas que usan drogas, y el barrio se ha levantado, hay protestas. El otro día fui a una farmacia en el barrio y están recogiendo firmas para que no se abra el centro. ¡En la farmacia! Y yo pensé: si las personas que trabajan en el ámbito de la salud están en contra de apoyar a personas que necesitan apoyo sanitario, emocional, social, de muchos tipos, ¿qué respuesta como comunidad estamos dando?

“… aquí en Murcia creo que hay margen para más reflexión. Sí que hay organizaciones, por ejemplo, La Huertecica, que tiene un enfoque muy empático hacia las personas usuarias, de respeto de sus decisiones, no estigmatizante.”

El alcohol, la marihuana y el tabaco (consideradas drogas blandas al estar más aceptadas socialmente, ya que son percibidas como menos perjudiciales) son las sustancias más usadas por los adolescentes. Sin embargo, socialmente, solo se habla de la marihuana como droga. ¿A qué atribuye esta discriminación cuando sabemos que el tabaco y el alcohol son las drogas que más costes sanitarios y humanos conllevan?

Esto está relacionado con lo que hablábamos antes, sobre el hecho de que el concepto de droga tiene un perfil más político. No se le denomina droga a lo que más daño hace para la salud necesariamente, ese tampoco es el criterio por el que se toman las decisiones, sino que está relacionado con la diferencia que la socióloga Rosa del Olmo establecía entre “drogas domesticadas” y “no domesticadas”.

Por ejemplo en Perú, si vas al Machu Picchu, a estas zonas turísticas que están a gran altitud, es muy común que te den un té de hoja de coca, porque la hoja de coca ayuda a reponerte del mal de altura. En cambio, si tú eres una persona boliviana o peruana que viajas a España con un paquete de hojas de coca es muy posible que te lo requisen, incluso es posible que te abran un procedimiento penal.

Es evidente que los padres tienen un rol fundamental en la vida de sus hijos y, a medida que van creciendo y pasan por la preadolescencia y adolescencia, se preocupan por los nuevos riesgos que pueden enfrentar. Uno de esos riesgos es el consumo de sustancias, como el alcohol, la marihuana, el tabaco y otras drogas. ¿Cómo deben actuar los padres?

Aquí te hago una reflexión más personal, pues no tenemos en mi organización una línea de trabajo en este sentido (nuestro público objetivo es población adulta). Yo no tengo hijos, te lo digo off the récord…

…la grabadora está encendida…

… yo aprovecharía este asunto como una oportunidad para tener una conversación con tus hijas y con tus hijos, para conocer lo que hacen cuando salen, cuando se divierten, qué hacen con sus amigos, qué se han encontrado. Es muy probable que pronto se encuentren con el alcohol, con el tabaco, el cannabis y muchas otras substancias.

Tener una conversación y acercarte a tus hijas e hijos. No tratarlo como un tema tabú. No. Esto es algo que existe, que te vas a encontrar. Vamos a buscar información. Vamos a preguntar a las personas que saben más o que tienen experiencia. Para que, en el momento en que lo encuentres y te apetezca probar una substancia, tengas criterios para valorar qué hacer. Tengas información y herramientas para gestionar si decides consumir o no.

Es peor para tus hijos e hijas, en mi opinión, que tú no le des ninguna información y que les digas que eso no se toca. Porque se lo van a encontrar, vamos a partir de ahí. Como te digo, para mí es una oportunidad para acercarte a tus hijas y a tus hijos, y de conocerlos mejor.

Cuando los adolescentes empiezan a tomar estas sustancias a una edad temprana, aumentan las probabilidades de que se vuelvan adictos a las sustancias y que luego abusen de ellas más adelante en la vida. ¿Cuándo se debe comenzar a dar la información necesaria para evitar esta situación?

Esta es la pregunta que yo te decía que no estoy muy de acuerdo con el planteamiento. Tendría que ver en qué te has basado para afirmar que aumentan las probabilidades de que se vuelvan “adictos” (no me gusta este término). Creo que tu pregunta está hecha desde el sesgo del enfoque prohibicionista, lo que es natural pues es el enfoque normalizado.

La mayoría de los consumos no son problemáticos, incluso según datos de Naciones Unidas -sólo un 11%, si no recuerdo mal. El consumo se da en todas las edades. De hecho, la información compilada por el Plan Nacional sobre Drogas indica que en la Región de Murcia tenemos elevadas tasas de uso de sustancias. Lo que contrasta con el poco debate y la poca política que se hace aquí.

El uso se da de muchas maneras y en su mayoría es esporádico, recreativo, no causa daño a la salud, y se da en contextos de ocio.

En un artículo publicado en esglobal.org, usted habla de “la economía de las drogas ilícitas”. ¿Nos puede explicar este concepto?

Desde mi perspectiva, como investigadora de Relaciones Internacionales, he utilizado el enfoque de la economía política internacional, que yo aplico a este ámbito.

El concepto de “economía política de las drogas” me gusta porque parte de la base de que los mercados de drogas y las políticas de drogas tienen que ser estudiados de manera conjunta, porque se influyen mutuamente. Normalmente, una determinada decisión política va a tener un impacto en los mercados. Por ejemplo, en el caso de lo que sucede en el Campo de Gibraltar. El alcalde la Línea de la Concepción ha dicho en alguna ocasión algo así como “estamos al lado de Marruecos, principal productor de hachís del mundo. Entonces el hachís que sale de Marruecos va a pasar por aquí, no va a pasar por Polonia”. Bien. Pero cabe preguntarse: ¿por qué las substancias, o el tráfico de drogas tradicionalmente ha sucedido en Galicia, en el Campo de Gibraltar, por qué no ha pasado en otras zonas de España? ¿Simplemente por una cuestión de ubicación geográfica?

También hay que pensar cuáles son las condiciones socioeconómicas de las zonas donde hay más tráfico ilícito. ¿Por qué las personas deciden implicarse en el comercio?, ¿cuál es el impacto que tiene en la seguridad, en las dinámicas sociales? Tengo mis dudas de que, invirtiendo solo en cámaras de vigilancia, en helicópteros, esa situación se vaya a solucionar. Es decir, a lo mejor es que hay un problema de desarrollo económico, infraestructuras u olvido del Estado. No son siempre políticas de seguridad lo que se necesita.

“Lo que necesitan las personas es apoyo. Todas las personas necesitamos esto y no somos ajenas al mundo en el que vivimos. No castigar, pero no solo en el contexto de políticas de drogas, sino no castigar en ningún contexto.”

Hace un año, el Congreso de los Diputados abrió un debate sobre la legalización de la marihuana en España ¿Cuál es su posición sobre el tema?, ¿qué ventajas e inconvenientes tendría una decisión favorable?

Yo estoy a favor de la regulación, por supuesto. Me parece que sobre la prohibición hay muchísimas evidencias e historias de vida que demuestran que no ha funcionado y que genera más problemas. Es verdad que hay muchos intereses económicos y muchos modelos de regulación que se han adoptado en el mundo que tienen una óptica demasiado comercial, desde mi punto de vista. Se promueve poco (salvo excepciones) una gestión más comunitaria, más social, digamos, que no pase todo por el mercado.

Lo que le pasa con el cannabis es que ha salido del mercado ilícito al mercado legal, no en España, pero sí en otros sitios, y ha sido el capitalismo y sus dinámicas las que han pasado a gestionarlo. Hemos pasado de un mercado ilícito a un mercado operado por grandes multinacionales en muchos contextos.

Me parece que, en España, con la experiencia que tenemos tanto en el ámbito del autocultivo como en la autogestión de personas usuarias en el modelo de clubes sociales de cannabis, hay muchas condiciones para tener una regulación que tenga una óptica social y más de justicia.

Y, sobre todo, creo que es muy importante incluir una óptica de reparación de aquellas comunidades que han sido más afectadas por las políticas punitivas. ¿Qué colectivos han sido más afectados? Personas vulnerables, pobres, pertenecientes a colectivos históricamente discriminados -como pueden ser las personas gitanas, las personas migrantes. Al final son las personas más vulnerables de nuestra sociedad las que han sufrido esta discriminación, el mayor castigo en nombre del control de drogas.

Y, por último, ¿desde qué perspectiva abordaría usted el tema de las drogas? ¿Desde una perspectiva punitiva o de una perspectiva como la de “Apoye, no castigue”? Y ¿por qué?

Este “Apoye, no castigue” es una campaña del Consorcio Internacional de Política de Drogas (IDPC), una red de organizaciones a la cual pertenecemos. Lanzan esta campaña cada 26 de junio, Día mundial de la “lucha contra la droga", cuando se presenta en Naciones Unidas el Informe mundial sobre drogas. Este eslogan me encanta porque es darle la vuelta por completo a las políticas actuales. Lo que necesitan las personas es apoyo. Todas las personas necesitamos esto y no somos ajenas al mundo en el que vivimos. No castigar, pero no solo en el contexto de políticas de drogas, sino no castigar en ningún contexto. Hay que hacer políticas para la vida.