“Países Bajos tiene un parque de vivienda pública del 30% del total de vivienda disponible. España, no llega al 2,5% del total. Región de Murcia 0,39%.”

Equipo Tuareg. 18/06/22.- Paco Morote es un referente estatal en la lucha contra los desahucios. Participó desde el principio en la organización de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) hasta conseguir lo que hoy es: una organización estatal que defiende un derecho fundamental de la gente que más sufre esta forma de pobreza que luchan por su dignidad, la dignidad de las víctimas. Paco Morote defiende, con pasión de líder de los más necesitados, con verbo claro que todos entendemos, la necesidad de luchar por solucionar este problema que afecta a los fundamentos de una sociedad democrática y socialmente justa.

Paco, el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008 y la consiguiente crisis económica provocó que decenas de miles de personas que había adquirido una vivienda sujeta a una hipoteca, al perder empleo, no pudieran hacer frente a la deuda con la entidad bancaria. Es el momento en que se ponen en marcha miles de desahucios, un fenómeno residual hasta entonces. Como respuesta, por toda España, nacen las Plataforma de Afectados por las Hipotecas que logran parar cientos de desahucios y situar el derecho a la vivienda en el debate político. ¿Cómo valora la respuesta organizativa de la sociedad civil a través de las PAH ante los desahucios protagonizados por los bancos?, ¿además, del protagonismo de los activistas sociales que impulsan las PAH, qué papel juegan los afectados en la lucha contra los desahucios?

En aquel momento, el nacimiento de la Plataforma (de Afectados por la Hipoteca) fue la única esperanza que tenían cientos de miles de familias. En España teníamos una legislación que era absolutamente obsoleta, decimonónica, en la que el hipotecado solamente tenía un medio de oponerse al procedimiento judicial: acreditar que había pagado. Lógicamente eso se daba solamente en el 0% (entonación irónica) de los casos. Entonces no había otro tipo de medida y sobre todo además teniendo en cuenta que las hipotecas estaban trufadas de cláusulas abusivas.

Era una estafa. Cuando el 15 M en 2011 dice en la calle que “no es una crisis es una estafa” teníamos toda la razón del mundo. Era totalmente literal como se ha ido acreditando. Porque, con posterioridad, decenas de sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de Luxemburgo han condenado sistemáticamente al Estado español precisamente por esas cláusulas abusivas que se contenían en la hipoteca.

Por otra parte, hay unos activistas iniciales, pero en realidad el activismo va creciendo precisamente gracias a la gente afectada. A nosotros nos llega gente en la situación de destrucción total, de autodestrucción, de sentimiento de culpabilidad. Baste recordar aquello de que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades, entonces la gente se atribuía a su propio fracaso el haber sido víctima de una estafa. Teníamos en primer lugar que demostrarles que no era así. Demostrarles que no solamente no eran culpables, sino que además eran víctimas. Conseguir empoderarlas y convertirlas en nuevos activistas que servían de base para las personas que seguían llegando incesantemente a la Plataforma.

“Decenas de sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de Luxemburgo (…) han ido condenando sistemáticamente al Estado español precisamente por esas cláusulas abusivas que se contenían en la hipoteca.”

Una de las cuestiones que el movimiento antidesahucios pone en el debate es la diferencia entre el derecho a la vivienda y el de la propiedad de la vivienda. Por otra parte, en nuestro país ha prevalecido la opción de propiedad sobre la de arrendamiento, frente a otros países europeos. ¿Qué opinión tiene al respecto?

En primer lugar, yo quiero señalar una contradicción flagrante de nuestra Constitución. En la Constitución el derecho a la vivienda no aparece como un derecho fundamental. Sin embargo, el derecho a la vivienda es una puerta ineludible para el acceso a otros derechos que sí se consideran fundamentales. Por ejemplo, el derecho a la inviolabilidad del domicilio es imposible de ejercer si no tienes domicilio; para que te asignen un médico en la sanidad pública tienes que estar en un empadronado en un domicilio; para que te asignen un colegio o un instituto en la enseñanza pública tienes que estar empadronado en un domicilio; para tener el derecho a la dignidad humana necesitas un domicilio. Por lo tanto, es una contradicción flagrante que esta puerta ineludible de acceso a esos derechos, que sí son fundamentales, no sea como tal, un derecho fundamental.

Añado. España ratificó el Pacto Internacional por los Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas del año 1976, el PIDESC. Este pacto emana del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y lo que hace es vigilar el cumplimiento de estos derechos económicos, sociales y culturales, entre los que está incluido el derecho a la vivienda. España posteriormente ratificó el Protocolo Facultativo. Simplificando mucho. El Protocolo Facultativo de un pacto de estas características a nivel de Naciones Unidas supone que España, con los estados que firman ese acuerdo, se comprometen a aceptar y cumplir los dictámenes que, en relación con los derechos que regula ese pacto, emanen del comité correspondiente de Naciones Unidas, en este caso con sede en Ginebra.

“Hay una innegable mejora que es, por ejemplo, cuando surge la pandemia del 2020. Desde ese instante, el gobierno implementa una serie de medidas de protección, que son hasta ese momento las más ambiciosas. Pero sin embargo son francamente insuficientes.”

A nivel del Estado, como son las relaciones de las PAH con el gobierno de coalición PSOE-UP, ¿qué ha mejorado o qué ha empeorado?, ¿qué ha aportado en cuanto a la legislación?

Hay una innegable mejora que es, por ejemplo, cuando surge la pandemia del 2020. Desde ese instante, el gobierno implementa una serie de medidas de protección, que son hasta ese momento las más ambiciosas. Pero sin embargo son francamente insuficientes. ¿Por qué son insuficientes? Porque solamente se protegía a aquellas familias y personas que habían caído en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la pandemia, dejando fuera del paraguas a todas aquellas que ya eran vulnerables antes. Todas éstas quedan desprotegidas.

Por eso vemos que, a pesar de ese nivel de protección, en el año 2020 se termina ejecutando en España más de 20.000 desahucios. Estuvimos presionando y denunciando esto ante el gobierno. Y no solo ante el gobierno, sino también ante el Congreso de los Diputados. Yo precisamente comparecí en representación de la Plataforma en la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados. Hicimos ver esto. Pero no se consiguió hasta que partidos, socios minoritarios del gobierno incluida Unidas Podemos, ERC y EH-Bildu, presionaron de cara a los Presupuestos Generales del Estado de 2021 y forzaron para que el PSOE aceptara incluir las situaciones previas a la pandemia.

Esto fue en diciembre 2020 y ha estado vigente durante todo 2021. A pesar de eso hemos tenido unos niveles de desahucios a lo largo de 2021 que estaban, hablo de memoria, en algo más de 32.000. Lo cual acredita, por una parte, que hay jueces que se pasan por las puñetas de sus togas algunas legislaciones según para qué son y, por otra parte, la insuficiencia de las medidas tomadas.

Por ejemplo, una persona en situación de vulnerabilidad, si vive sola no está protegida porque se habla de unidad familiar. Entonces, imagínate una persona anciana, que vive sola, que está en situación de vulnerabilidad, que está enferma, pues muchas de esas personas han sido desahuciadas porque no están bajo el paraguas… Hay muchos casos. Hay mucha casuística que no está protegida y por eso se sigue produciendo los desahucios que se producen.

¿Cómo es el parque de vivienda de alquiler que existe en la región y concretamente la vivienda de titularidad pública? ¿Tienen cuantificado el número viviendas públicas en régimen de alquiler que son necesarias para dar respuesta al problema?

Me voy a ir a la máxima. Por ejemplo, Países Bajos tiene un parque de vivienda pública del 30% del total de vivienda total disponible. España, no llega al 2,5% del total. Región de Murcia 0,39%. Según nos informó el Consejo de la Transparencia hace dos años, la cifra de vivienda pública en régimen de alquiler en la Región de Murcia era de 2.890, un 0,39% del total de vivienda disponible en la región. Eso es francamente insuficiente.

Y no está solamente esa insuficiencia, sino que además el gobierno de López Miras lo que empezó a hacer fue tratar de privatizar parte de ese parque con el subterfugio de que se lo ofrecían a quienes venían ocupándolo. Estamos hablando de viviendas que superan ampliamente los 15 años de antigüedad, porque hace mucho tiempo que no se construye vivienda pública en la región, que están faltas de mantenimiento, y que, además, de tener que pagar lo que les quedara por pagar para la adquisición, estas familias iban a tener que pagar en el futuro, el IBI, los gastos de comunidad, toda una serie de gastos que correspondían a la administración.

“… el gobierno de López Miras lo que empezó hacer fue tratar de privatizar parte de ese parque con el subterfugio de que se lo ofrecían a quienes venían ocupándolo.”

Por otra parte, usted es uno de los líderes más destacados de las plataformas y, por la posición de primera línea que ha venido ocupando desde el primer momento, tiene una visión privilegiada sobre la lucha. ¿Cómo ha evolucionado el problema de los desahucios en la Región de Murcia a lo largo de estos 14 años de actividad? Y de la veintena de plataformas que se constituyeron en la región, ¿cuántas permanecen activas?

Hubo unos primeros años de plomo, desde el 2010 al 2015, en los que las mejoras que iban provocando las sentencias del TJUE de Luxemburgo iban cayendo a cuenta gotas y sobre cuestiones muy tasada. Es decir, cada sentencia provocaba cambios en ciertos aspectos, que eran los que habían sido objeto de recurso ante este tribunal, con lo cual el resto de la legislación permanecía tal cual. Entonces, esa evolución de desahucios tendió a partir de 2015 a tener una cierta bajada. Pero, no porque se hubiera modificado la situación, sino porque el grueso ya estaba ejecutado.

No obstante, las previsiones ahora mismo, en materia de ejecuciones hipotecarias, son bastante lamentables. En la medida de que estamos viendo, trimestre a trimestre, como se van incrementando, paulatina y casi geométricamente, el número de nuevas ejecuciones hipotecarias que son interpuestas por la banca ante los juzgados. Y no olvidemos que la ejecución hipotecaria, en el caso de impago de hipoteca, es el paso previo al desahucio.

Centrándonos en los datos, en la Región de Murcia, según el INE, a uno de enero de 2020 había 546.800 viviendas de primera residencia para una población de 1.510.951 habitantes. Con estas cifras, ¿hay suficiente vivienda construida en la comunidad murciana para satisfacer el derecho a un techo?, ¿dónde está el problema?

En principio sí debiera de haberlo porque efectivamente esa es una cifra parcial. Esas son solamente las viviendas principales. Esto es, aquellas viviendas que están siendo ocupadas por una familia la mayor parte del año como primera residencia. Pero claro ahí no están incluidas, por ejemplo, las viviendas de alquiler en la medida que sus ocupantes no están todo el año con carácter primordial en esa vivienda, sino que se suelen hacer cambios. Además, tampoco recoge aquellas viviendas que están orientadas al alquiler turístico y que forman parte de del parque

No obstante, hay que decir también que ese mismo censo de Instituto Nacional de Estadística habla en la región de más de 129.000 viviendas desocupadas. Además, hay alrededor de unas 3.000 viviendas, quizá estén incluidas en esa 129.000, en manos de la SAREB dentro de la región de Murcia.

Entonces, en primer lugar, quiero recordar que, en aquellos años de plomo, el español el gobierno español rescató a la banca con más de 65.000 millones de euros, de los cuales, recientemente, el banco España da por perdidos 40 y tantos mil.

Yo quiero recordar, porque además es algo que me duele, el 15 M cuando nos negamos a pagar su deuda. Y quiero decir aquí hoy, porque hace mucho tiempo que yo no escucho a nadie este gobierno de este gobierno, a reclamar el pago de esa deuda.

Quiero recordarle a la gente y a todo ese gobierno, que ese dinero salió de los gastos públicos de sanidad, de educación, de dependencia, y jamás del gasto militar. Y es de justicia que eso se devuelva.

Quiero recordar que Obama pagó el rescate de su banca de Leman Brothers y de otros. Pero inmediatamente que esos bancos estuvieron en disposición, les cobró ese adelanto. También otros países europeos hicieron lo propio. En Islandia incluso se cargaron un gobierno por haber hecho eso. Sin embargo, aquí en España eso se ha olvidado. Estos bancos disponen de un parque muy importante de vivienda que podría ser una parte de ese pago para incrementar el parque público que no tenemos aquí en España. Pero es que además hay otro aspecto de que viene de aquella crisis que es la Sareb. De la Sareb nos ha imputado el Eurostat al déficit de España 35.000 millones, más lo que ya se había perdido. Podemos estar hablando en torno a unos 40.000 millones de euros. Es un parque de vivienda que en la región de Murcia rondan las 3000.

Hay una iniciativa de la Consejería de Vivienda de la Comunidad Valenciana, que ha conseguido involucrar a las Comunidades Autónomas de Asturias, el País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña, consistente en reclamarle, para el parque público de su propio territorio, al Ministerio de Economía que la gestión de esa vivienda y de ese suelo (porque la Sareb, no solamente tiene vivienda, también tiene suelo construible) se transfiera a la Comunidad Autónoma, para que las comunidades autónomas lo gestionen, lo pongan a disposición de su ciudadanía, e incremente el exiguo parque.

¿Luego no es un problema económico, sino que es un problema político?

Es un programa político porque estamos hablando de dinero que ya está gastado. No estamos hablando de nuevo gasto. Lo lamentable es que para gestionar ahora la ministra Calvino ha elegido al fondo buitre Blackstone para que gestione esas viviendas de la Sareb.

Abordando el problema desde la perspectiva de los salarios y el precio de la vivienda. El salario medio de un murciano/a en 2008 era de 20.430 euros brutos/año y en 2022 de 22.168. En cuanto al precio medio de la vivienda ha pasado de los 1.741 euros/m2 en el primer trimestre de 2008 a 1.050 en el mismo trimestre de 2022. ¿Estos datos han hecho que la disponibilidad para comprar o alquilar una vivienda hayan mejorado?

No. Lo voy a explicar. Aunque hay un claro incremento salarial y un claro decrecimiento del precio de compra, lo que sucede es lo siguiente. En 2008 el banco no solamente te daba dinero para la vivienda, el 80 % que limita la ley hipotecaria, sino que te daba cualquier cantidad porque el negocio del banco estaba en prestarte dinero. Te daban el 100%, y además te indicaban que para esa casa tendrás que hacer un viaje para celebrarla, tendrás que meterle muebles, y no vas a seguir con ese coche en el garaje, etc. Resultado, te daban un disparate dinero que fue precisamente parte de la estafa que generó después la burbuja financiera.

Y ahora ¿qué sucede? Que, aunque ha habido un decrecimiento del precio de la vivienda, los bancos ahora son mucho más exigentes a la hora de facilitarte una hipoteca. En primer lugar. Por otra parte, ha habido un incremento salvaje de los precios del alquiler. Por eso, aparte de la limitación que suponen las medidas de protección, se siguen produciendo ese número de desahucios, porque, a pesar de todo, la gente sigue sin poder hacer frente a estos pagos. Si no habría una reducción del número de desahucios.

“La vivienda en nuestro país, en lugar de estar considerado como un bien de primera necesidad y un derecho fundamental, estáconsiderada, como ya dijo el ministro Ávalos, como un simple bien de consumo. Eso tiene que cambiar.”

En la Región de Murcia, según el CGPJ, se han producido 543 desahucios en el primer trimestre de este año 2022. ¿Qué reflexión le produce este hecho?

Me produce dos reflexiones. En primer lugar, los límites que tienen las medidas de protección, y que la vivienda en nuestro país, en lugar de estar considerado como un bien de primera necesidad y un derecho fundamental, está considerada, como ya dijo el ministro Ávalos, como un simple bien de consumo. Eso tiene que cambiar.

De esos 543 solo 35 eran por otras causas, incluyendo ahí las ocupaciones ilegales. Estos datos demuestran que la ocupación ilegal es un tema menor. Sin embargo, para el gobierno del PP del señor López Miras y su consejero Diez de Revenga su política de vivienda la limitan a denunciar la ocupación ¿Qué reflexión le merece esta posición del gobierno regional del PP con el apoyo de tránsfugas y de la ultraderecha? ¿Cómo caracterizaría esa política?

En primer lugar, la estulticia del propio Gobierno Regional y el insulto que hace a la inteligencia de la ciudadanía. Evidentemente, ante la ausencia total de políticas de viviendas efectivas que faciliten el acceso a la vivienda de la gente, tienen que vender que hacen algo. Es la tinta del calamar para no hacer nada.

Los precios de los alquileres están desbocados. ¿Qué está haciendo, y qué debería hacer, el gobierno regional al respecto?

Vamos a ver. El gobierno regional dispone ahora mismo de la ley 10/2016 que es una ley progresista y que fue votada en aquel momento tanto por el PSOE, por Podemos y Ciudadanos, con la abstención del PP. Esa ley jamás se ha llegado a poner en marcha. Esa ley dispone de instrumentos como la posibilidad adquirir vivienda para el parque público mediante el derecho de tanteo y retracto. Hay una serie de instrumentos que el Gobierno Regional podría utilizar precisamente para abaratar esos precios. Incluso, grabar viviendas desocupadas.

Hasta ahora las medidas, que no hace el gobierno regional, sino que hace el gobierno central, son de simple transferencia de dinero público a bolsillos privados. Por ejemplo, en lo que llaman ayudas al alquiler, en realidad no son ayudas a los inquilinos, son ayudas a los propietarios porque les permite a los propietarios no tener que bajar su precio para poder alquilar; les permite incluso subir los precios del alquiler en función de la renta de la ayuda que saben que va a percibir su inquilino. Es decir, en realidad no son ayudas a los inquilinos son ayudas a los propietarios.

Ayudar a los a los inquilinos es generar un parque público que pueda competir con la vivienda privada, de manera que tire de los precios hacia abajo. Para eso está lo que hablábamos de la Sareb, como medidas fiscales frente a las viviendas injustificadamente desocupadas que sean propiedad de grandes tenedores. Todo ese tipo de medidas son las tres van a sacar al mercado nueva vivienda.

“… esperamos que la ponencia de la ley, que ya estáen el Congreso, empiece a trabajar en julio, y ahí esperamos salir a la calle en torno a mediados de julio. Si fuera necesario también en septiembre.”

El próximo 30 de septiembre acaba “el escudo social”. ¿Cuáles son las propuestas de la PAH para solucionar el problema?

 Nuestras propuestas están contenidas en el proyecto de ley que registramos el pasado mes de septiembre que después fue desechada por el gobierno, el Partido Socialista votó en contra de su toma en consideración. No sé si era de las primeras veces que votaba junto con PP, Vox y Ciudadanos para tumbarla esta ley. Después salió un proyecto del gobierno, con el acuerdo de los socios de gobierno, que nos pareció radicalmente insuficiente.

Ante esas insuficiencias, lo que nosotros hemos elaborado ha sido un conjunto de enmiendas al texto del gobierno, que es sobre el que se está trabajando, y que hemos trasladado a los partidos que nos apoyaron. Esperamos que se incluyan.

Esperamos que el derecho a la vivienda pase a ser considerado un derecho fundamental subjetivo. Que se cumplan con los dictámenes del Comité de Derechos Económicos y Sociales (DESC) y que sean vinculantes. Que haya una regulación una regulación clara y tajante de los precios del alquiler, no a base de municipios tensionados porque eso puede generar discrepancias. Por ejemplo, nuestra comunidad autónoma ya se ha declarado insumisa a la ley antes de que se apruebe, y no solamente la nuestra sino en general toda la gobernadas por el Partido Popular, y han dicho que ellos no van a aplicar esta ley. Y nosotros entendemos que la ley se tiene que aplicar el conjunto del Estado porque si no romperá el principio de igualdad.

Por tanto, se tiene que aplicar en el conjunto del Estado y tienen que ser de obligado cumplimiento y de obligada aplicación.

¿Qué acciones piensan realizar?

Vamos a empezar movilizaciones para presionar al gobierno. Empezaremos seguramente ya en julio. Porque esperamos que la ponencia de la ley, que ya está en el Congreso, empiece a trabajar en julio, y ahí esperamos salir a la calle en torno a mediados de julio. Si fuera necesario también en septiembre.

El gobierno tiene un mandato de Bruselas de tener esta ley aprobada al 30 de septiembre de este año. Esperamos que, si se incluyen las cuestiones que estamos planteando, el escudo social estará prorrogado.

Además, de cara a los presupuestos este año 2022, Bildu pactó con el Partido Socialista su voto favorable, siempre y cuando se mantuvieran de manera definitiva las medidas de protección. Por una parte, hasta que estuviera la ley y, en segundo lugar, que esas medidas se incluyeron en la ley para que fueran definitivas.

Vamos a ver si el Partido Socialista cumple o qué. Vamos a ver la presión que somos capaces de hacer, para forzar que una ley, que el propio gobierno denominada Ley por el Derecho a la Vivienda, sea realmente eso y no otra cosa.