Hace unas semanas López Miras presentó públicamente el programa ‘Impulsamos la Educación’, uno de cuyos ejes básicos es modernizar los centros educativos con una inversión, dijo, de 42 millones de euros «para que el profesorado y el alumnado tengan instalaciones adaptadas a las nuevas necesidades, accesibles, eficientes y sostenibles», señalando a La Unión como una de las localidades destinatarias.

Es loable que el presidente esté pensando, imagino, en la situación del CEIP Rey Juan Carlos I, un centro nuevo llamado a sustituir al antiguo colegio de El Garbanzal cuya primera fase concluyó en 2014. Sin embargo, la segunda fase, cuyo proyecto no se licitó hasta 2019 tras cinco años de continuas protestas del AMPA y cuyas obras no se adjudicaron hasta mayo de 2022, se encuentra paralizada desde enero por un problema en la estructura, sin fecha de reanudación y complicada solución.

Al quedar insuficiente el primer edificio la solución arbitrada por la Consejería de Educación fue la utilización de barracones prefabricados en el patio del colegio mientras no empezaban las obras del segundo edificio, y cuando estas comenzaron los barracones se instalaron en una calle contigua por la que circula una rambla que recoge las escorrentías de la Sierra Minera. Ante tal despropósito la nueva «solución» ha sido el traslado en autobús de parte del alumnado al Centro de Atención a la Infancia de La Unión perdiendo todos los días una hora de su horario lectivo.

Hay, además, dos elementos que añaden indignación al caso. Uno, que la evolución del número de alumnos/as es previsible con un alto grado de acierto y por tanto era sabido cuándo iba a ser necesaria la disponibilidad de la segunda fase del colegio (2018); y dos, durante todo este tiempo (2015-2022) la Consejería de Educación ha dispuesto en sus presupuestos de 192 millones de euros para inversiones en infraestructuras, de los que solo ha ejecutado el 41,7% (80M).

Añadan a este caso el del CEIP Santiago Apóstol de Portmán, con una instalación eléctrica (además de techos de fibrocemento) de 1973 calificada por la inspección técnica en riesgo de incendio.

Es comprensible que López Miras quiera impulsar la educación en La Unión y en otras tantas localidades con problemas similares e igual de enquistados; la pregunta es: ¿por qué dar lugar a tanta desidia, Fernando, habiendo presupuestos disponibles? Explicar por qué el 58% del presupuesto no se ejecuta también estaría bien.