En el momento de redactar esta columna el Consejo de Ministros estará aprobando el decreto que recoge los Planes Hidrológicos de cuenca para el periodo 2022-2027, que incorporan por primera vez la determinación de caudales ecológicos en los ríos, incluido el Tajo, requisito obligatorio, sin embargo, desde el primer ciclo de planificación hidrológica 2009-2015 como prescribe la ley de Aguas desde 2005. Cinco sentencias del Supremo en 2019 han venido a poner, no obstante, los puntos sobre las íes.
Esto ha tensionado más, si cabe, la pugna por el agua entre el Sindicato de Regantes (SCRATS) y su acólito, el Gobierno regional de Murcia, por una parte, y el gobierno de Castilla-La Mancha y las asociaciones de pueblos ribereños del Tajo por otra y, como en todas las polémicas, se pierde de vista la perspectiva general.
En este sentido, la cuestión principal es que las aportaciones anuales en la cabecera del Tajo han disminuido un 54% en los últimos cuarenta años, coincidiendo con los años de explotación del Trasvase, pasando de 30.881 hm3 entre 1959-79 a 14.208 hm3 en el periodo 1.999-2.019 y, probablemente, seguirán disminuyendo en un escenario de cambio climático con mayores y más prolongadas sequías.
De hecho, la gráfica sigue aportando una línea descendente que en los últimos veinte años ha disminuido un 10,1%
Esta realidad se impone por encima de las medidas legislativas, a las que determina y condiciona, haciendo inútiles en el medio plazo las polémicas políticas e interesadas.
Así que la cuestión central no es si la ministra Ribera recorta o no el Trasvase con sus medidas, en realidad, la reforma de las reglas de explotación en julio de 2021 ha evitado que los trasvases se cerrasen durante meses a la vista de las aportaciones producidas y de las reservas existentes en la cabecera del Tajo en el año hidrológico 2021/22.
Por otra parte, ha sido tradicionalmente el PP el que ha establecido medidas para recortar la supuesta agua excedentaria que alimenta el acueducto, (mínimo no trasvasable de 240 hm3 de las reservas en cabecera, su elevación posterior a 400 hm3 y el incremento del límite entre los niveles 3 y 2 de las reservas).
El reto está en pensar en el modelo de agricultura del futuro, más ecológica, generadora de trabajo digno, ajustada a la disponibilidad de recursos y menos sometida a las reglas del mercado y a las exigencias del gran capital.