La trágica muerte de la plaza de toros de la Condomina en la pasada Feria de Murcia a partir de la cual Podemos exige al Ayuntamiento de la capital la convocatoria de un referéndum sobre los festejos taurinos, reaviva, en el ámbito local, el debate sobre el mantenimiento de éstos en España. Pese a que en 2020 apenas se celebraron y en 2021 muchos menos, a causa de la pandemia de la Covid 19, para darnos una idea de cómo esos festejos están insertos en la ‘cultura popular’ baste el dato de que, en la vecina Comunidad Valenciana, alrededor de 270 municipios celebran cada año los bous al carrer, con un saldo de más de una treintena de muertes y más de 5.400 personas heridas desde 2014 en esa Comunidad.

Este culto al toro, muy presente en toda el área mediterránea y, por supuesto en nuestra Región de Murcia, hunde sus raíces en la Historia. En las antiguas culturas en torno al Mare Nostrum se otorgaba a este animal un rango divino, asociado a la Naturaleza, apreciable en las pinturas del arte levantino, en la civilización cretense, en Turquía, entre las deidades egipcias, en Grecia e incluso en Roma.

Hoy, los defensores de la fiesta de los toros en nuestro país, en todas sus manifestaciones, se han agarrado a la literatura y el arte como a un clavo ardiendo, según Concha Caballero (El País). Citan a Goya y Picasso, a Lorca y a Miguel Hernández, a Hemingway y a Alberti para demostrar el carácter artístico de la muerte y tortura del toro en la plaza. Pero, según esta articulista, ocultan, sibilinamente, la nómina de escritores que no contemplaban con agrado este espectáculo o que se manifestaron rotundamente en contra, como es el caso de Lope de Vega, Quevedo, Larra, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Benavente, Miguel Delibes y toda la nómina de pensadores de la Ilustración española. Los textos de estos autores que hablan de barbarie, tortura, suplicio, crueldad o inhumanidad, han sido convenientemente silenciados.

Además de por la pérdida de vidas humanas, el activismo antitaurino exige la prohibición total de esos eventos, en particular, aquellos que exhiben mayor crueldad, como el encendido de bolas de algodón en la cornamenta de los toros (el bou embolat) o, en el caso de los bous al mar, cuando se obliga al animal, exhausto, asustado y que, además, no sabe nadar, a tirarse al mar, muriendo ahogado en muchas ocasiones. Sin embargo, la postura cerril de los defensores de estos espectáculos lleva al extremo de afirmar que, en todo caso, las muertes que puedan producirse (tanto de personas como de animales) forman parte del festival.

Afortunadamente, cada vez más municipios y pueblos del país, más de 120, se van sumando a la supresión (la prohibición no es posible, a la vista de la legislación de la que hablaremos más abajo) de este tipo de festejos.

Los espectáculos taurinos están regulados en el Estado español mediante una ley de 1991 y un Real decreto de 1996. En 2013, la tauromaquia fue declarada por el Senado Patrimonio Cultural de España, con el único apoyo del Partido Popular. La norma publicada obliga a las Administraciones públicas a «garantizar y, a su vez, desarrollar medidas de fomento y protección en el ámbito de la Administración general del Estado».

Por su parte, el Real decreto 5.091/2020, de 5 de mayo, desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Cultura y Deporte, asignando a la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes el ejercicio de las competencias referidas al funcionamiento de los registros taurinos, el fomento y la protección de la tauromaquia (la cursiva es mía). Pese a lo cual, no todas las Comunidades Autónomas la apoyan. En Canarias, una ley autonómica de 1991 prohíbe los festejos taurinos, así como Cataluña, con una disposición de 2010 que entró en vigor en 2012, aunque dicha normativa está recurrida por el Tribunal Constitucional. El Parlamento de Baleares decidió prohibir el uso de banderillas y picas, así como dar muerte a los animales en público. Por su parte, la ONU ha solicitado que se ponga fin a la asistencia de menores a las corridas de toros.

El Gobierno español aprobó recientemente el Proyecto de Ley sobre Protección, Derechos y Bienestar animal, elevando las penas por maltrato. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de España, liderado por Ione Belarra, presentó dicho Proyecto de Ley que endurecerá las penas por maltrato con hasta tres años de cárcel a través de una reforma del Código Penal. Sin embargo, la normativa deja al margen los casos de maltrato de los animales que son utilizados para los llamados ‘espectáculos taurinos’. Esta ley excluirá las corridas de toros previstas en los artículos 2 y 10 de la Ley 10/1991 del 4 de abril.

Con datos obtenidos a través de los registros de profesiones taurinas, de empresas ganaderas de reses de lidia y de escuelas taurinas referidos al año 2021, sabemos que, en ese año, superado lo peor de la pandemia, se celebraron en España 824 festejos, con un incremento de 538,8% respecto de 2020, pero con un descenso del 42,2% respecto de 2019.

El número de profesionales taurinos inscritos es de 10.242, de los que 779 (el 7,6% del total) son matadores de toros. Hay registradas 1.348 empresas ganaderas de reses de lidia, con un ligero incremento respecto de 2017, en que eran 1.329, y 73 escuelas taurinas.

La tauromaquia sigue recibiendo subvenciones públicas. En los pliegos de condiciones de las plazas cuya propiedad es de los ayuntamientos, diputaciones o comunidades autónomas, se ofrecen ayudas para que el empresario se haga cargo de ellas y organice festejos taurinos.

La veterinaria María González, en un artículo de El Salto, nos recuerda que el toro sufre, como cualquier individuo con sistema nervioso central. Incluso en festejos que no llevan a su muerte, como los encierros, el verse acorralado supone para el animal un estrés psicológico que afecta a su presión sanguínea y al sistema inmunológico.

Y a quienes piensan que las corridas de toros han de ser preservadas porque son una tradición, responde Óscar Horta, miembro de la Fundación Ética Animal y doctor en Filosofía por la Universidad de Santiago de Compostela, que considera que «el interés de los animales atormentados y muertos en las actividades taurinas ha de tener más peso que el de los seres humanos aficionados a esas actividades para mantener la tradición». Respondiendo a quienes piensan que, si no se les utiliza, la especie se extinguiría, las asociaciones animalistas nos recuerdan que el toro no es una especie, sino el macho de la vaca al que se le ha seleccionado genéticamente durante generaciones para obtener individuos grandes, con mayor bravura.

Insensibles a esta polémica, hay comunidades que han tomado medidas para proteger la tauromaquia. A principios del año 2011, Murcia fue la primera comunidad autónoma en declarar la fiesta de los toros Bien de Interés Cultural Inmaterial, adelantándose a Madrid, que inició con anterioridad el expediente. También en 2011 el Gobierno autonómico de Castilla-La Mancha hizo lo propio. Castilla y León tardó un poco más.

Nótese que, en el momento de adoptar esas decisiones, todas estaban o están gobernadas por el PP, el mismo partido que declaró a los toros Patrimonio Nacional en el Senado.

El sufrimiento y tortura a que se ven sometidos esos bellos animales nos ha de hacer reconsiderar la situación actual. Dejemos en paz al toro en sus dehesas.