"El Gobierno se está forrando con la subida de las gasolinas". Esta es la, tan contundente como falsa, afirmación con la que el nuevo líder del PP se ha despachado intentando tomar posición ante la nueva crisis económica en la que ya estamos inmersos por efecto de la especulación con los precios del petróleo, atizada por el conflicto de Ucrania, y de un sistema de cálculo del precio de la electricidad al servicio de los beneficios de las grandes empresas energéticas.

Es una afirmación burdamente engañosa para denostar al Gobierno central siguiendo la táctica de siempre del PP, ya que serían también los Gobiernos gallego, murciano, etc. los que se estarían ‘forrando’, dado que las Comunidades autónomas reciben el 50% del IVA y una parte del impuesto sobre hidrocarburos (7,2 céntimos/litro).

En cualquier caso, la táctica del PP en este nuevo episodio de crisis económica es insistir solo sobre la rebaja de impuestos como fórmula para atemperar los precios de la energía, sin contemplar que el margen de actuación en este ámbito es bastante reducido, a pesar de lo que pueda parecer, y de efectos muy limitados, como ya hemos podido comprobar con el precio de la electricidad y la reducción del IVA al 10% que, sin embargo, no ha frenado la especulación y el incremento de la factura final.

De entrada, se puede actuar sobre el IVA e incluso sobre el impuesto especial sobre los hidrocarburos que, si bien se trata de un impuesto por mandato europeo, los 40 céntimos sobre el precio del litro que aproximadamente representa, podrían compensarse mediante subvenciones como han planificado Francia o Portugal, entre otros países europeos.

Pero no debe ser este el único ámbito de actuación, en toda crisis hay que tener un planteamiento más global. Así, la intervención de los precios para limitar los escandalosos beneficios de algunas empresas y la inmediata eliminación del sistema de cálculo del precio final de la electricidad, que prima a la más cara, desagregando, al menos, el gas de dicho cálculo, serían medidas necesarias; como también una reforma fiscal que reparta los costes de las crisis de manera progresiva según las rentas: que pague más quien más tiene, y, sobre todo, quien más se beneficia; sin olvidar que lo principal y urgente en periodos de crisis sigue siendo reforzar los servicios públicos, proteger el empleo, a los trabajadores/as y a las personas más vulnerables.