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Macrogranjas, bulos y manipulación mediática Featured

 Diego Jiménez

A primeros de mes, decidí celebrar el día de mi cumpleaños en la montaña, en la zona de la cortijada de Huebras (Albacete), junto a la Sierra de Las Cabras. Estamos hablando del entorno de la Sierra del Segura, tan bello como olvidado por las Administraciones. Como olvidada es la ganadería extensiva que, aun en franco declive, todavía es perceptible en llanos y quebradas en esas frías y despobladas tierras de interior. En efecto, la presencia de extensos rebaños de ovejas segureñas es una muestra de que todavía hay gentes que se niegan a abandonar definitivamente el modo de vida de antaño. La ganadería extensiva, que aún se practica en tierras de interior de nuestra Región, y en tantas y tantas zonas de España, preserva y regenera nuestros montes, nos provee de carne y derivados lácteos de gran calidad y, a su modo, contribuye en parte a fijar población.

En contraste, amplias zonas del país y de nuestra Región están viéndose inundadas por macrogranjas de ganadería intensiva, sobre todo de porcino, que, ante todo, buscan la rentabilidad capitalista. Las hay en zonas altas de Lorca, en el Valle del Guadalentín, en el Campo de Cartagena y Mar Menor, en el Noroeste…En el Altiplano la lucha vecinal está impidiendo la instalación de una de estas granjas contaminantes en el entorno del Monte Arabí, de Yecla. Resistencia ejemplar, como la que se percibe en otras zonas de la Región.

En un artículo anterior, hice notar que el Consejo de Defensa del Noroeste (CDN) y vecinas y vecinos de Caravaca ven también con gran preocupación la instalación en el municipio de macrogranjas de ganadería intensiva, por los evidentes daños medioambientales que estas instalaciones producen. Recientemente, CDN ha dado a conocer los anuncios en el BORM de los proyectos y ampliaciones de explotaciones porcinas que durante el año 2021 se han tramitado en el ayuntamiento de Caravaca en distintos parajes: Cañada del Charco, Loma de Banderas, Las Oicas, El Moral, la Carrasca… es decir, un total de 6.000 cerdos y casi 8.000 lechones más en un año, sin contar con las ampliaciones previstas en otros proyectos, utilizando un subterfugio legal: ante la necesidad de contar con una evaluación de impacto ambiental cuando esas granjas llegan a las 2.000 unidades porcinas, la mayoría de ellas sólo declara 1.999.

Según denuncia Greenpeace, la ganadería industrial está devorando el planeta, y las macrogranjas son la cara más cruel y sucia de este negocio. Su modelo de producción se basa en alimentar a los animales lo más rápidamente posible, bajo cualquier condición, que no excluye por tanto el maltrato, y en maximizar los beneficios. El número de vacas de estas instalaciones se ha duplicado y el de cerdos quintuplicado desde los años 60 del pasado siglo.

En manos de capitales extranjeros, pero también de grupos empresariales españoles conocidos, en los que no faltan referencias a la nobleza (Casa de Alba, Duque del Infantado…), perceptores, además, de fondos comunitarios a través de la PAC, estas empresas siguen expandiéndose: la que en el Valle de Odieta está detrás de la explotación de 5.000 vacas en Caparroso (Navarra) ha proyectado una aún mayor en Noviercas (Soria) para ¡23.520! animales, lo que la convertiría en la mayor macrogranja de Europa.

Las consecuencias, dice Greenpeace, serían terribles: gran consumo y contaminación de las aguas, emisiones de efecto invernadero, uso de enormes extensiones de tierras, deforestación para pastos y para cultivo de alimento para ganado, daños a la salud y abusos a los animales. Además, son una falsa solución contra el despoblamiento rural.

Los datos demuestran que las macrogranjas han llevado a España fuera de la legalidad ambiental. En nuestro país, 3.000 grandes explotaciones intensivas de porcino son las responsables de que 99 millones de kilogramos de metano sean liberados al aire en 2020. La concentración de gran cantidad de cerdos en zonas concretas (nuestra Región de Murcia está a la cabeza) está generando problemas con los desechos orgánicos, razón por la que, en diciembre pasado, la Comisión Europea llevó a España ante el Tribunal de Justicia Europeo, por incumplimiento de la ley debido a la insuficiente respuesta ante la contaminación de las aguas por nitratos.

El ministerio de Transición Ecológica elaboró en 2019 un listado de 1.000 puntos en 199 masas de agua afectadas o en riesgo: 40 de cada cien acuíferos están dañados. Y el propio ministro de Agricultura, Luis Planas (el mismo que desautorizó a su colega de Consumo, Alberto Garzón, por sus declaraciones del pasado 26 de diciembre en The Guardian), en un real decreto de febrero de 2020 admitía que la carne de porcino puede tener un significativo impacto ambiental, especialmente en la producción de nitratos y en la emisión de amoniaco a la atmósfera. Por su parte, el ministerio de Teresa Ribera, otra que se ha sumado a la desautorización de Garzón, calculó a finales de 2020 que, de media, unas 800.000 toneladas de nitrógeno acaban en el medio ambiente, especialmente en el agua. Consecuencias medioambientales, sin duda avaladas por la Ciencia.

Además,según los Datos Globales de la Universidad de Oxford (Our World in Data), sólo el 23% de la tierra cultivable en el planeta se destina para el consumo humano; el 77% restante es para pastos o para piensos de animales de granja. Para obtener un kilo de pollo se necesitan 3,3 kilos de alimentos; para uno de cerdo, 6,4 kilos, y para uno de vacuno, 25 kilos, con sus secuelas de emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. A título de ejemplo, en la producción porcina se emiten 12,31 kilos por cada kilo de comida; en la ovina, 39,72 kilos, y en la bovina, 99,48 kilos.

Por ello, insiste el informe, existen alternativas que reducen el impacto ambiental de la producción de carne, esto es, la ganadería sostenible y extensiva, sin olvidar la ingesta de proteínas vegetales, pues la mayoría de emisiones de CO2 de los productos de origen vegetal son de 10 a 50 veces menores que en los de origen animal.

El debate sobre las macrogranjas no es exclusivo de nuestro país. El 20% de los franceses se muestra contrario a la ganadería industrial; en Alemania, Los Verdes, cuando negociaban una coalición de Gobierno en 2017 con democristianos y liberales, exigieron que el acuerdo incluyera una disposición para cerrar este tipo de instalaciones en un plazo de 20 años, aunque ahora piden, al menos, acabar con los ‘precios basura’ de la carne; en Italia, muchos ayuntamientos luchan contra estas instalaciones de ganadería intensiva, y en el Reino Unido hay campañas en esta misma dirección…

Pero en nuestro país se han instalado la mentira y la hipocresía como armas políticas. Hipocresía en la medida que no se entiende cómo el Gobierno de Castilla-La Mancha acaba de aprobar una moratoria (aunque parcial) para este tipo de instalaciones al tiempo que su presidente, García Page, cargó sus armas contra Garzón. Lo mismo puede decirse del Gobierno de Castilla y León. Lamentable la ‘actuación’ del presidente del Gobierno de España. Su reacción ante las declaraciones de Alberto Garzón, pese a que en 2019 el propio Pedro Sánchez cuestionaba este tipo de explotaciones de ganadería intensiva, hay que entenderlo, sin duda, en clave electoral, así como la de algunas ministras y ministros de su Gabinete. Comportamientos incalificables, aunque bien es cierto que, ante la evidencia de que todo ha sido un burdo bulo, parece que el PSOE ha tenido que recular.

En el fondo, hemos asistido a un intento de lapidación mediática y política más, tras el de Pablo Iglesias y el del diputado canario Alberto Rodríguez, contra Unidas Podemos. La mayor parte de la prensa, la misma que debiera garantizar una información libre, veraz y transparente, se ha prestado al ‘juego’. Hace unos días, Antonio Maestre afirmaba que el periodismo ha dejado de ser útil a la democracia para convertirse en su mayor lastre, al quedar subyugado a los intereses de cualquier jerarca con mucho dinero y poca moral.

 

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