Las declaraciones de Garzón con respecto al modelo de producción ganadero industrial y sus impactos medioambientales, las condiciones laborales que impone, la calidad de sus productos o las condiciones de vida animal, no son ninguna frivolidad, son coherentes con la Estrategia de la Granja a la Mesa que impulsa la Comisión Europea o el informe España 2050, que apuestan, entre otras cosas, por una producción agroalimentaria sostenible. Es, por tanto, una estrategia del Gobierno de España.

Son, además, coherentes con la evidencia científica que aporta datos que confirman la insostenibilidad medioambiental del modelo intensivo desarrollado a través de macrogranjas, cuyos efectos es necesario minimizar o eliminar, dentro del contexto general de transición ecológica en el que estamos inmersos impuesta, queramos o no, por el cambio climático que ya padecemos.

Resaltaré solo dos ejemplos: uno, la afección a la calidad del aire por la emisión de amoniaco, gas que facilita la aparición en la atmósfera de partículas PM2.5 especialmente perjudiciales para la salud, según un estudio del Centro Nacional de Supercomputación (2020); y dos, la contaminación por nitratos de suelos y acuíferos. En el caso del Mar Menor, las más de cuatrocientas explotaciones existentes en la cuenca vertiente son responsables del 17% de los nutrientes que van a parar a la laguna (MTERD).

Todas las Administraciones y responsables políticos saben esto, por eso los gobiernos municipales y grupos políticos están tomando la iniciativa ante la pasividad del Ejecutivo regional, que permite que el sector se desarrolle a sus anchas, y están impulsando modificaciones en sus Planes Generales de Ordenación para regular la instalación de estas macrogranjas, impidiéndola de facto.

Así lo ha hecho el gobierno municipal de Cieza, a propuesta de IU, apoyado por todos los grupos municipales, incluido el PP, e igualmente en Lorca, aunque tras una protesta de cierto sector ganadero, el PP se descolgó. Pero en Yecla es el gobierno municipal del PP el que ha presentado la misma iniciativa ante la presión ciudadana que defiende el valor patrimonial y natural del Monte Arabí amenazados por una macrogranja de 20.000 cabezas propiedad de El Pozo.

Frente a todo esto, el modelo de ganadería extensiva, social y familiar, promovida en explotaciones pequeñas y medianas, se ofrece como un modelo sostenible ambientalmente, más arraigado al territorio, con productos de mayor calidad y generador de más empleo. Así que menos hipocresía y más ponernos a la tarea, como hace el ministro.