Las grandes explotaciones cárnicas actuales "contaminan" la hoja de ruta nacional y europea contra el cambio climático.

María G. Zornoza / Público.- Las palabras del ministro Alberto Garzón, responsable de Consumo, en las que mostró su preocupación sobre "la carne de vacuno de animales criados en macrogranjas" en una entrevista con el rotativo The Guardian han desatado un tsunami en la política española. Sin embargo, el apoyo a una ganadería extensiva y sostenible aparece en todas las estrategias climáticas y medioambientales tanto a nivel nacional como europeo.

Recientemente, Bruselas ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por su incapacidad de frenar la contaminación de nitratos provocada por la ganadería y por la agricultura industrial. El Ejecutivo comunitario estima que el país vulnera la Directiva sobre nitratos, que tiene por misión "proteger la calidad del agua en toda Europa mediante la prevención de la contaminación de las aguas subterráneas y superficiales procedentes de fuentes agrarias".

Un año antes, los eurodiputados socialistas enviaron una pregunta parlamentaria a la Comisión expresando su preocupación por las macrogranjas, Sin embargo, en la actual polémica con Garzón, el partido de Pedro Sánchez no le ha respaldado. Esta fue la pregunta:

"En noviembre de 2018 la Comisión inició un procedimiento de infracción contra España por incumplimiento de la Directiva sobre nitratos debido a la protección insuficiente de sus aguas frente a la contaminación producida por estos en la agricultura. La comunidad autónoma de Castilla y León, afectada por este procedimiento, incumple el límite de concentración de nitratos en el agua potable de 50 mg/l (el 31,3 % de los pueblos en esta comunidad supera este límite). A pesar de esta situación crítica, las autoridades autonómicas han autorizado la instalación de catorce proyectos de macrogranjas porcinas en un radio de tan solo 20 km cúbicos. Esto quiere decir que, con un mínimo de 7.000 cabezas de ganado por explotación, podría alcanzarse una concentración de más de 100.000 animales. En estas circunstancias:

1. ¿No cree la Comisión que debería investigar el caso de las macrogranjas en un territorio como este, afectado por incumplimientos de la legislación europea?

2. ¿Qué está haciendo la Comisión para vigilar más de cerca el desarrollo de proyectos de agricultura y ganadería intensiva claramente contrarios a las ambiciones del Pacto Verde Europeo?"

La primera reprimenda de la Comisión se remonta a 2018, pero tres años después las medidas adoptadas por España son "insatisfactorias e insuficientes", especialmente en las regiones de Castilla y León, Extremadura, Galicia, Baleares, Canarias, Madrid y Comunidad Valenciana. Parte de este problema tiene su epicentro en las macrogranjas, que en cuatro años han duplicado la contaminación del agua por este compuesto químico en España. En el conjunto de la UE, el 81% de las aportaciones de nutrientes a los sistemas acuáticos están provocados por la ganadería, puesto que los nitratos contaminan el suelo con los fertilizantes o los excrementos animales. Su reducción es clave en la lucha contra el cambio climático.

¿Qué dice la hoja de ruta europea?

La revolución verde y la sostenibilidad del sector primario se encuentran entre las prioridades más altas de la agenda comunitaria de la actual legislatura. La estrategia de La Granja a la Mesa, que recibió el aval del Parlamento Europeo en octubre, busca sentar las bases hacia un modelo de consumo y de producción de alimentos más sostenible, reduciendo el uso de pesticidas y garantizando la disponibilidad de alimentos saludables y asequibles a corto y largo plazo en todo el bloque comunitario.

Una de sus banderas es la reducción de la huella medioambiental de los sistemas alimentarios, responsable de un tercio de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Entre sus principales objetivos se encuentra, también, la mejora del bienestar de los animales. Una ambición que es ampliamente compartida por la sociedad: según recoge el último Eurobarómetro sobre la materia, el 82% de los europeos estiman que las condiciones de los animales en las granjas deberían de mejorar.

La UE tiene unos de los estándares de bienestar animal más altos del mundo. La Directiva europea sobre protección de animales establece que "los animales de granja deben vivir y ser transportados en condiciones que no impliquen maltrato ni les causen dolor o sufrimiento". Y ampara cinco derechos: libres de hambre y sed; de molestias; de dolor, heridas y enfermedades; de expresar comportamientos normales; y de estar libres de miedo y angustias. Unas garantías que chocan con los abusos generalizados denunciados en estas grandes explotaciones.

"Las macrogranjas son una fuente de explotación animal, destrucción ambiental y competencia desleal frente a la ganadería extensiva y sostenible. Además, la calidad de los alimentos es inferior (más estrés, medicamentos...) ¿Quién puede apoyar este modelo?", ha denunciado a través de Twitter María Eugenia Rodríguez Palop, eurodiputada de Unidos Podemos.

El objetivo del ambicioso Pacto Verde Europeo es, además, que el bloque comunitario alcance una "contaminación cero, lo que beneficiará a la salud pública, al medio ambiente y a la neutralidad climática". Por tanto, los conglomerados de las macrogranjas chocan con lo establecido en la estrategia de La Granja a la Mesa, con los planes para articular una transición sostenible y son contrarios a los objetivos marcados por el Pacto Verde, la hoja de ruta que busca convertir a Europa en el primer continente del mundo climáticamente neutro en 2050.

En clave nacional, la Estrategia Española de Economía Ciricular (EEEC) para 2030 incluye la mejora de un 10% de la eficiencia en el uso del agua y el impulso de "sistemas productivos extensivos" con el objetivo de "aprovechar los recursos del ecosistema" y "hacer un uso más eficiente de los recursos". Sin embargo, el pasado diciembre, PSOE, PP, Vox y Ciudadanos frenaron en el Congreso una iniciativa de Unidas Podemos para prohibir las macrogranjas en zonas vulnerables.

Alemania y Países Bajos siguen la senda

La producción de carne ha crecido de forma exponencial en España: cerca de un 1.000% desde los años 60, frente a poco más del 150% en la UE o en otros países como Alemania, Dinamarca o Francia, según cifras que recoge Greenpeace. A pesar de ello, las palabras de Garzón han encontrado una fuerte resistencia entre el PSOE, su aliado en el Gobierno, y han sido ferozmente atacadas por PP, Ciudadanos y Vox. Sin embargo, sus declaraciones van en línea con los planes de otras grandes potencias del bloque comunitario.

El recién estrenado ministro de Agricultura alemán, Cem Özdemir, aseguró recientemente que la calidad de los alimentos en su país es baja. "Ya no debería haber precios de oferta. Llevan a las granjas a la ruina, impiden el bienestar de los animales, promueven la extinción de especies y dañan el medioambiente. Quiero cambiar eso", afirmó en declaraciones que recoge la cadena alemana Deutsche Welle. El objetivo del nuevo Ejecutivo comandado por Olaf Scholz es pasar de un 10% de cultivos ecológicos a un 30% en 2030.

El también recién estrenado Gobierno holandés, comandado por Mark Rutte, ha creado un Ministerio de Naturaleza y Nitrógeno para reducir las emisiones de gas contaminantes procedentes del sector ganadero. Será encabezado por la liberal Christianne van der Wal. La apuesta neerlandesa también pasa por un modelo más extensivo. Antes de la irrupción del coronavirus, el primer ministro neerlandés calificó la del nitrógeno como la mayor crisis de su mandato.

La sociedad civil se moviliza

Un informe de Ecologistas en Acción vincula las macrogranjas con el auge de la España vaciada. Subraya que el 74% de las localidades con alta tasa de ganadería intensiva pierden más población o ganan menos habitantes que las que no la tienen. Esta lucha es bien conocida por los vecinos del Monte Arabí, catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Situado entre las localidades de Montealegre del Castillo (Albacete) y Yecla (Murcia), los habitantes aledaños llevan años en pie de guerra contra los planes del grupo Fuertes-El Pozo para construir una macrogranja cerca de la localidad albaceteña.

Las protestas masivas de la población frenaron el proyecto en 2017, que, no obstante, fue avalado por el Tribunal Superior de Castilla-La Mancha. Tras esta victoria, El Pozo ha vuelto a retomar los planes de construcción, a la espera del último permiso de la Confederación Hidrográfica del Segura. Diferentes agricultores de la zona expresan a Público su malestar y rechazo por el aterrizaje de estos conglomerados que suponen una amenaza directa para el "medio ambiente, el pueblo, el valor cultural del monte y los cultivos".

Fuente: https://www.publico.es/internacional/contaminacion-ganaderia-ue-nuevos-gobiernos-alemania-paises-bajos-secundan-estrategia-garzon-macrogranjas-ganaderia-extensiva.html