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Justicia social y cambio climático Featured

 Pepe Haro

En 2018 estalló en Francia el movimiento de los chalecos amarillos, que se extendió a varios países europeos colindantes. El detonante de la movilización fue el llamado impuesto al carbono que decretó la Administración gala a fin de reducir, dando cumplimiento a los Acuerdos de París, las emisiones contaminantes a los efectos de revertir el proceso de cambio climático. Esa tasa repercutió inmediatamente en el precio de los combustibles que abonan las clases medias y trabajadoras que, desde las zonas rurales y periurbanas, han de desplazarse a diario en sus vehículos a los centros de trabajo ubicados en polígonos y comercios de los grandes núcleos urbanos. Unos sectores que, todavía convalecientes de la crisis financiera de 2008, incorporaban así una nueva vuelta de tuerca a su ya menguado poder adquisitivo. Llovía sobre mojado. Y ello con un antecedente que constituía todo un agravio: meses antes del estallido, Macron había eliminado el impuesto sobre la fortuna, que hasta ese momento gravaba el patrimonio de los más ricos.

Así pues, los chalecos amarillos se movilizaban, no contra las medidas a adoptar para hacer frente a la catástrofe ambiental en la que ya estamos instalados, sino contra el muy desigual reparto de los costes que los Gobiernos han establecido para reducir los niveles de carbono. Lo que el Ejecutivo francés iba a recaudar subiendo el gasoil es más o menos lo que perdía suprimiendo el gravamen a la riqueza financiera. Y esto nos lleva a una reflexión respecto del reto al que se enfrenta la humanidad en estos cruciales momentos, a saber, si se puede evitar el colapso de la civilización con las estructuras de poder y distribución del ingreso que el capitalismo mantiene a nivel global. Dicho de otra manera: si un sistema que, teniendo como objetivo esencial la maximización del beneficio a través de un proceso cuasi infinito de acumulación, es compatible con el mantenimiento de la vida sobre la Tierra. A partir de la consideración de que esa optimización del excedente se hace siempre a costa de exprimir tanto los recursos naturales como humanos (fuerza de trabajo).

Con una doble finalidad: disuadir de su uso y obtener recursos para financiar la transición energética. Pero previamente se debe garantizar que no se resienta el bolsillo de una gran mayoría de la población, ésa a la que le cuesta llegar a fin de mes. Volviendo al ejemplo de nuestros vecinos, Macron debiera haber mantenido el impuesto a las fortunas a fin de emplear lo recaudado para compensar a quienes se les hacía demasiado cuesta arriba llenar el depósito de su vehículo. De hecho, hace pocas semanas el Gobierno francés decidió otorgar cien euros a quienes ingresaran menos de 2000 euros al mes para amortiguar, en las economías domésticas, la incesante subida de la tarifa eléctrica.

Transitar hacia una producción agrícola y ganadera sostenible, que evite la degradación ambiental, cuesta mucho dinero. Y tiene que salir de las carteras de quienes más tienen y de la deuda pública que las Administraciones han de contraer, con cargo a una fiscalidad que necesariamente ha de avanzar notablemente en progresividad. Pero es que, además, cuando en los supermercados tengamos, tras completar aquella transición, productos ecológicos, éstos serán más caros que los actuales. Ello quiere decir que la distribución de la renta ha de reequilibrarse en favor de los salarios, en un contexto en el que el modo de consumo, por su parte, se modifique sustancialmente (consumiendo, por ejemplo, menos ropa y carne, aunque de mayor calidad).

Si de lo dicho se desprende que, en lo interno de los países, los problemas ambientales sólo se pueden resolver si situamos la reducción de la desigualdad (antes, durante y después de la transformación ecológica) en el centro de la acción política, en el ámbito internacional ocurre lo mismo. Son los empobrecidos los que están sufriendo con más intensidad las consecuencias de la contaminación, a pesar de que no han sido sus responsables. Por otro lado, aquellos emergentes que aspiran a ofrecer a sus poblaciones niveles de vida dignos, se ven obligados a recurrir al modelo industrial depredador por el que pasó Occidente, al carecer de las tecnologías necesarias para abordar su desarrollo de manera limpia y sostenible.

Los cientos de miles de millones de euros de capital especulativo que se mueven en los circuitos financieros mundiales, así como los beneficios obscenos que las grandes multinacionales esconden en los paraísos fiscales, podrían destinarse, en buena parte, tanto a garantizar los ingresos de las personas vulnerables de las áreas más afectadas por el calentamiento global, como a propiciar planes de adaptación (ya existen sobre el papel) energética allende las fronteras occidentales.

 

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