ETA mató por última vez en julio de 2009 y anunció “el cese definitivo de la lucha armada” en octubre de 2011, hace ahora 10 años; después, su desarme y disolución fueron controlados y verificados por organizaciones internacionales en 2018. Pese al interés de algunos en seguir rentabilizando políticamente su fantasma, ETA no existe y no va a volver. A su desaparición contribuyó de manera decisiva, entre otros, Arnaldo Otegi, hoy coordinador general de EH Bildu, quien esta semana, en nombre de su partido, hizo unas declaraciones que todos deberíamos celebrar, como cierre y umbral de dos ciclos históricos diferentes. En ellas Otegi y Bildu recuerdan el compromiso de su formación con “el diálogo, la negociación y el acuerdo” como únicas formas aceptables de hacer política y, más importante aún, reconocen y “sienten enormemente” el sufrimiento de las víctimas de ETA, comprometiéndose a “mitigarlo” desde “el respeto, la consideración y la memoria”. Esta asunción de responsabilidad respecto del daño irreparable causado se sintetiza en una frase trágica y, al mismo tiempo, valiente, por cuanto impugna retrospectivamente la existencia misma de ETA: “Ese dolor nunca debió haberse producido”.
Para que ETA renunciara a la violencia, hubo que recorrer un largo camino. Múltiples factores contribuyeron al final del terrorismo. Entre los más importantes, cabe mencionar su debilidad operativa como consecuencia de la acción de las fuerzas de seguridad; la presión desde dentro de Batasuna y de la sociedad vasca, y el proceso de paz abierto por el Estado en época de José Luis Rodríguez Zapatero. Cuando ETA reventó aquel incipiente proceso de paz con el atentado de la T4, convenció a mucha gente de que el principal obstáculo para la pacificación del País Vasco era la propia organización armada.
El gesto de Otegi, sancionado ahora con esta “declaración solemne”, puede calificarse, si se quiere, de pragmático: es la aceptación de la necesidad de hacer política en el marco de una derrota; y la constatación de que ese marco en realidad es más favorable a la defensa de sus objetivos políticos. Aunque la declaración llegue tan tarde, diez años después del anuncio del cese de la violencia y tres después de la disolución, no deja de ser meritorio que un dirigente y un partido acepten revisar e impugnar su propia historia en virtud de un inapelable “mandato popular”. Bildu da la razón a los polimilis, a Yoyes González, a los independentistas pacifistas que a veces pagaron con la cárcel, en los años de plomo, su posición firme frente a ETA y frente al Estado español.
Las palabras de Otegi deberían también servir de acicate para que la izquierda no oficial asuma su incapacidad casi absoluta para hacer durante años y años una crítica sincera de ETA, para escapar de la guerra en espejo con el Estado, el silencio ante cada atentado “para no dar la razón” a los otros, su incapacidad para acercarse al sufrimiento de manera no instrumental y para abrir espacios donde no se hicieran bandos con el dolor.
Durante años, el conflicto vasco y la violencia de ETA no solo marcaron la vida cotidiana de muchas víctimas directas o colaterales sino que justificaron toda una serie de medidas de excepción, en estricta continuidad con el Estado franquista, que impidieron la normalización democrática de nuestro país: Audiencia Nacional, leyes antiterroristas, ilegalización de partidos, cierre de periódicos, derecho penal de autor en torno al concepto de “entorno”, dispersión de presos, tortura sistemática, actividad criminal de los GAL. Algunas de estas medidas de excepción, por cierto, se han quedado para siempre entre nosotros. ETA colaboró con las fuerzas más reaccionarias en la inhibición del desarrollo democrático de la Transición y en la legitimación de posiciones políticas cuya raíz liberticida se camuflaba detrás de la “lucha contra el terrorismo”. ETA también sirvió, en efecto, para que muchos dirigentes del PP, que se negaban y niegan a condenar la dictadura de Franco, se consideraran demócratas y defensores de la democracia por denunciar “la dictadura de ETA”. Todavía hoy siguen utilizando ese fantasma para cubrir sus vergüenzas autoritarias. Gracias a la desaparición de ETA es posible democratizar el País Vasco, pero también comprobar hasta qué punto es difícil democratizar España.
Habrá que intentarlo. La “declaración solemne” de Otegi es la mitad –o al menos la primera mitad– de la tarea. Ahora hay que pedir al gobierno español –y al conjunto de los partidos estatales– que correspondan reconociendo el sufrimiento de las víctimas de la lucha contra ETA –las del GAL y las de la tortura– y, sobre todo, eliminando el marco de excepcionalidad jurídica respecto a los presos de la ex-organización, que siguen dispersos por cárceles de toda España. También queda pendiente la homologación democrática de Bildu, segunda fuerza en el Parlamento vasco, votada hoy por miles de ciudadanos que se opusieron a ETA y contribuyeron a su derrota; y todavía utilizada por el PP y por la extrema derecha para criminalizarla del modo más peligroso y oportunista. Y queda, finalmente, la resolución “pacífica, negociada y política” del eterno “problema territorial”. La sociedad vasca que derrotó a ETA –no lo olvidemos– no vota ya apenas a los partidos nacionales. Vota a dos fuerzas nacionalistas, una de derechas y otra de izquierdas, pero coincidentes –con matices, desde luego– en el horizonte de la independencia. La desaparición de ETA y el gesto de Otegi revelan que ya no hay, felizmente, un “problema vasco” pero que sigue habiendo un “problema español”.
Fuente: https://ctxt.es/es/20211001/Firmas/37590/editorial-EH-Bildu-Arnaldo-Otegi-ETA-reconocimiento-victimas.htm
