Lo que Ayuso, con denuedo, perseverancia e indudable éxito intenta consolidar en Madrid, a saber, un sistema en el que el interés de determinados conglomerados privados prevalezca sobre el medio ambiente, la salud y los derechos sociales de las mayorías, incluso sobre el mismísimo progreso económico, sin límites morales ni legales, hace más de dos décadas que circula por la Región de Murcia. Casi desde que Valcárcel y el PP sucedieron, al frente de nuestra autonomía, a un PSOE cuyo comportamiento antes de ser relevado al frente de San Esteban facilitó la irrupción de una manera de gobernar sin parangón en la Europa Occidental, aunque con aventajados seguidores en la parte oriental del continente (Polonia, Hungría…).

Tres son, a mi juicio, los fundamentos de esta forma de hacer política y, en última instancia, de montar todo un Régimen(que se sustancia a nivel mundial en el trumpismo) que, si registra cualquier parecido con una democracia digna de tal nombre, es pura coincidencia.

El primero de ellos nos remite a la prevalencia de una concepción premoderna de la gran propiedad, por completo ajena a la función social que a aquélla otorgan nuestro texto constitucional y el Derecho moderno. Traduciendo: si una empresa multinacional tiene interés por la riqueza que esconde la Sierra Minera, la extrae sin miramientos, sin pagar tasas a las Administraciones y, cuando concluye el negocio de los metales, abandona los restos mineros contaminados, dejando un medio ambiente devastado y una salud pública amenazada, sin acometer las tareas de restauración a que por ley está obligada. Y sin que unas Administraciones, cooptadas por este poder feudal, se lo exijan. En el asunto de Mar Menor esta cuestión se aprecia con nitidez cristalina: la agroindustria exportadora, previamente uberizado el modelo de explotación agrícola, quebrantando varias leyes ambientales y agrarias e ignorando preceptivos trámites administrativos, convierte la albufera en una cloaca mientras las Administraciones competentes miran para otro lado, deviniendo cómplices necesarias para el ecocidio. Antes, hace años, la clase política regional trumpiana había ignorado las leyes que afectan al abastecimiento de agua y la ordenación territorial, sacándose de la manga un ente público regional del agua y construyendo una desaladora en Escombreras (pagada a seis veces su valor) a fin de que urbanizaciones y regadíos ilegales, absolutamente insostenibles, dispusieran del líquido elemento en abundancia.

Cuestiones todas ellas que convierten a la Región de Murcia en una proyección de las prácticas de la Cosa Nostra en el levante ibérico. Porque, claro, todas estas maneras de hacer negocios y política son imposibles sin el recurso al hecho delictivo, es decir, a la corrupción en todas y cada una de las formas en las que se manifiesta, incluida la compraventa de voluntades políticas y el transfuguismo inmoral.

Como quiera que este proceder no se puede sacar adelante en un sistema que mantiene algunos aspectos formales de la democracia, quienes mandan han de recurrir al cinismo propagandístico. Con ello nos adentramos en el segundo de los aspectos que definen este estado de cosas. Efectivamente, la mentira descarada, chulesca y provocadora, soportada en una política cultural y de comunicación que induce la alienación de amplios sectores de la opinión pública, es lo que explica el (creciente) éxito electoral de las derechas murcianas. Así, se digiere sin problema el hecho, por ejemplo, de que el Gobierno de López Miras, en lo tocante a las competencias administrativas sobre el Mar Menor, afirme una cosa en 2019 y la contraria en 2021. O que falte ostensiblemente a la verdad a la hora de citar las atribuciones autonómicas en relación a los vertidos desde tierra al mar y al control de los regadíos ilegales.

La tercera pata que configura el marco sociopolítico en que nos desenvolvemos tiene que ver, y muy mucho, con la Justicia. El instrumento que hoy emplean las derechas más reaccionarias en el ámbito mundial para imponer su agenda no son los ejércitos, sino las togas. En EE UU y España ello se aprecia con rotunda evidencia. Y en la Región de Murcia, y en lo que hace al Mar Menor, de manera más clara, siquiera sea por eso de la cercanía. Así, hemos asistido atónitos al hecho de que la Fiscalía haya abierto diligencias contra la ministra Teresa Ribera por la entrada de agua con nutrientes a la albufera, lo que contrasta vivamente con el hecho sorprendente de que, años después de las primeras evidencias de la implicación de la agricultura intensiva en el drama ecológico y de constatarse la complicidad expresa del Ejecutivo regional con los delincuentes ambientales, no exista ya un proceso abierto y explícito en los tribunales contra los responsables de tamaño desaguisado, así como resoluciones judiciales expresas prohibiendo taxativamente, bajo amenaza de fuertes penas por incumplimiento, cualquier vertido al espacio natural amenazado.