Con su habitual lentitud a la hora de concretar una propuesta legislativa, el Gobierno regional ha sacado adelante, después de más de cuatro años, la nueva Ley de Servicios Sociales de la Región de Murcia con el apoyo de la nueva mayoría que lo sostiene y del PSOE. Una ley que debía permitirnos avanzar de manera significativa en derechos e igualdad y que, sin embargo, vuelve a ser una oportunidad frustrada.

La crisis de 2008, agudizada por la pandemia de la Covid-19 en lo relativo a la extensión de la pobreza, la desigualdad y le riesgo de exclusión social, ha evidenciado la urgencia de fortalecer el sistema público de Servicios Sociales como pilar de carácter esencial del Estado del Bienestar. Sin embargo, el Gobierno regional ha desaprovechado una ocasión magnífica para desarrollar una herramienta eficaz que permita revertir dichas consecuencias.

Primero, es una ley poco ambiciosa que no concreta ni siquiera el Catálogo de Servicios Sociales, ya definido a nivel estatal desde 2013, (algo que sí hace, por ejemplo, la ley valenciana), remitiéndolo a un documento posterior en el plazo de dos años.

Segundo, el principal avance de la ley, que es reconocer el carácter subjetivo del acceso a las prestaciones y servicios del Sistema de Servicios Sociales, o lo que es lo mismo, garantizar dicho acceso de tal forma que pueda ser reclamado por el usuario ante la Justicia, queda bastante mermado comparativamente con las leyes de otras Comunidades, lo que nos sitúa a los murcianos/as como ciudadanos/as de segunda en materia de derechos sociales. Valga un ejemplo, mientras en Valencia se garantizan como derechos subjetivos en materia de lucha contra la violencia machista la intervención en prevención, la atención habitacional y residencial, así como la atención y asesoramiento jurídicos, en Murcia nada de esto es un derecho garantizado.

Tercero, la ley no aporta los recursos humanos necesarios para su desarrollo al establecer unas ratios de profesionales por número de habitantes un 28,4% de media mayores que, de nuevo, la ley valenciana, lo que perpetúa el colapso actual del sistema.

Y cuarto, la ley no avanza en el establecimiento de una red de gestión pública de Servicios Sociales, más allá del sistema Básico de Atención Primaria. No obstante, habrá que esperar al amplio desarrollo reglamentario previsto en la misma; eso sí, sentados: el de la ley de 2003 todavía está sin concluir.