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El caos del Mar Menor Featured

José Luis Álvarez-Castellanos

Durante las dos últimas semanas hemos asistido en la Región de Murcia a una serie de actos cuyo nexo común ha sido la contestación social contra los efectos contaminantes y depredadores del modelo industrial aplicado a la agricultura y la ganadería, es decir, de la agroindustria exportadora y la ganadería intensiva, fundamentalmente porcina.

Desde el Noroeste al Altiplano, pasando por Lorca donde el próximo lunes está prevista una concentración para exigir la elaboración del Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Parque Regional de Cabo Cope, que acumula un retraso de 28 años, hasta el acto de presentación del proyecto de ley de creación del Parque Regional del Mar Menor que impulsan Unidas Podemos (IU y Podemos), la movilización ciudadana ha mostrado su rechazo a la contaminación y sobreexplotación de los acuíferos de nuestra región; una reserva estratégica de agua que puede jugar un papel fundamental en las próximas décadas ante los efectos del cambio climático y que está siendo literalmente expropiada por las empresas agroindustriales exportadoras y del porcino intensivo.

De la ferocidad de esta expropiación (robo) está dando sobradas muestras la instrucción del caso Topillo, que cumplirá cuatro años desde que el fiscal Díaz Manzanera interpusiera en 2017 una querella cuyo número de acusados no para de crecer desde los 37 iniciales, abarcando ya a las principales empresas agroexportadoras y a ex altos cargos del Gobierno regional y de la CHS. El siguiente fragmento de la querella resume la situación de manera contundente: «La realidad generada por todo lo relatado a lo largo de este escrito-denuncia, se puede considerar caótica o nefasta desde el aspecto medioambiental, tanto para el Mar Menor como para el acuífero, y, por ende, para todo el ecosistema, situación que parece venir derivada de una postura generalizada de no querer asumir ni resolver un problema desde su origen, pese a ser conocedores de que iba a llegar más pronto que tarde».

Pues bien, López Miras y su Gobierno continúan en la misma actitud a tenor de la bochornosa contestación, después de un año, al requerimiento de la fiscalía para que la CARM iniciara expediente por responsabilidad ambiental contra diez empresas agroexportadoras por contaminar el Mar Menor, declarándose esta incompetente (entiéndase como que se quiera), lo que ha motivado que el ministerio público haya interpuesto una demanda contencioso-administrativa contra la consejería de Agricultura, indignamente llamada ahora también de Medio Ambiente.

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