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Un estatuto insuficiente Featured

José Luis Álvarez-Castellanos

El nuevo Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia inicia su trámite en el Congreso para culminar esta sexta modificación de la norma estatutaria desde 1982, modificaciones hasta ahora parciales a diferencia de esta última que aborda una revisión integral del texto para actualizarlo y adaptarlo a la realidad política y social de nuestra región.

En ausencia de nuevas competencias que sumar a las ya existentes, la principal novedad es la introducción del Título dedicado a la declaración de derechos y deberes de los/a ciudadanos/as y principios rectores que han de orientar las políticas públicas a fin de garantizar la efectividad de estos derechos. Y, sin embargo, es también la parte más decepcionante.

El texto que ahora se presenta es, en materia de derechos, una copia mutilada del Estatuto andaluz, que recorta incomprensiblemente muchos de los ahí recogidos, incorporándolos al texto murciano de manera sesgada o incompleta. Así, por ejemplo, mientras el texto andaluz establece garantías para el cumplimiento de los derechos y principios rectores, tales como el compromiso de su desarrollo legislativo, de financiación suficiente y de la posibilidad de que puedan ser alegados ante jueces y tribunales, lo que los aproxima al concepto de derechos subjetivos, el estatuto murciano suprime toda esta parte limitándose a una declaración genérica de intenciones.

Son llamativos los casos de la eliminación de la referencia a las medidas asistenciales y a las ayudas públicas como parte de la protección integral a las víctimas de violencia machista; la supresión del carácter preferente de las actuaciones y programas sanitarios a que tienen derecho las personas con enfermedades mentales, crónicas, raras o de riesgo; la eliminación de la promoción de un envejecimiento activo como finalidad de la atención integral a las personas mayores; o de la omisión del carácter público del sistema educativo identificando el derecho a la educación con el libre acceso a centros sostenidos con fondos públicos y del término “públicas” al referirse a las universidades de la región.

Podemos añadir algunas decepciones más, como la no inclusión de la obligatoriedad de una ley de financiación local o la institucionalización de un supuesto derecho al agua para el desarrollo de actividades económicas (Trasvase).

En el día de la Región, en el que salimos a la calle a reivindicar la transformación de nuestro modelo social y económico, deberíamos incluir la reivindicación de un Estatuto garante de los derechos de la ciudadanía.

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