Su coordinador en Cieza, Francisco Saorín, califica el transfuguismo como “una de las peores expresiones de corrupción política” y recuerda que la definición de tránsfuga que ofrece la RAE: “Persona que con un cargo público no abandona este al separarse del partido que lo presentó como candidato”.
La Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo, reunida la pasada semana, acordaba una III Adenda que supone un acuerdo por la estabilidad institucional y un firme compromiso de continuar combatiendo el transfuguismo en todas las esferas institucionales, como “una forma de corrupción y una práctica antidemocrática que altera las mayorías expresadas por la ciudadanía en las urnas”.
Dicho acuerdo establece que "el tránsfuga es cualquier representante que haya sido expulsado o abandonado una formación, y que es la propia formación quien determina, en caso de duda, quién es o no un tránsfuga". Conviene recordar que la RAE lo define como “persona que con un cargo público no abandona este al separarse del partido que lo presentó como candidato”.
Para IU-Verdes de Cieza “la actualización del Pacto representa un avance importante en la calidad democrática y además refuerza el criterio para que el tránsfuga no reciba premio o privilegio”. Su coordinador, Francisco Saorín, se ha declarado satisfecho por el acuerdo alcanzado y por las mejoras que se introducen para impulsar el trabajo de la Comisión de Seguimiento. Asimismo, considera que su paralización durante diez años ha puesto de manifiesto la necesidad de introducir mejoras y cambios en los compromisos de las fuerzas políticas que permitan avanzar en el esfuerzo de aislamiento y erradicación del transfuguismo.
A la III Adenda se han adherido PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, PSC, PNV, Izquierda Unida, BNG, Partido Aragonés Regionalista, Foro Asturias y Galicia en Común. El resto de fuerzas parlamentarias disponen de diez días para expresar su adhesión y se espera la adhesión en breve del resto de fuerzas políticas.
Con el acuerdo las fuerzas políticas se comprometen a impulsar la urgente modificación de los reglamentos de las cámaras legislativas y los reglamentos orgánicos de las corporaciones locales para adaptarlos a los Acuerdos del Pacto. Asimismo, se comprometen a impulsar una iniciativa legal en la que se modifiquen las normas cuyo contenido queda afectado por los Acuerdos (Ley de Bases de Régimen Local, Ley Orgánica de Régimen Electoral, Ley Orgánica de Partidos Políticos).
Hasta que se aprueben las reformas, las fuerzas políticas se comprometen a que sus respectivas mesas utilicen como criterio interpretativo la aplicación analógica de la normativa contenida en la Ley Básica de Régimen Local (LBRL) o cualquier otra que adecúe el sentido originario de que las personas tránsfugas adquieran la condición de no adscritas aun siendo mayoría en el grupo.