Miguel Mora/ctxt.es.- El edificio del Ministerio de Trabajo forma parte del inmenso complejo conocido como Nuevos Ministerios, un proyecto del arquitecto Secundino Zuazo que la II República empezó a construir en 1933, cuando Indalecio Prieto era ministro de Obras Públicas. Para llegar a Trabajo hay que atravesar un patio del tamaño de El Escorial –Zuazo se inspiró en el monasterio– y pasar junto a una estatua que rinde homenaje al fundador del ministerio, Eduardo Dato, un primer ministro conservador que fue asesinado a tiros por un comando anarquista el 8 de marzo de 1921, mientras rodeaba en coche la Puerta de Alcalá. Las cosas han cambiado desde aquella Restauración borbónica violenta hasta esta nueva Restauración con pandemia y cuentas suizas. Hoy es Primero de Mayo de 2020 y el ministerio de Trabajo está desierto, pero la ministra Yolanda Díaz pasa la mañana en su despacho, acompañada por su hija, de 8 años, y su asesora de prensa. 

Díaz nació junto a los astilleros de Fene, en la ría de Ferrol, en 1971, en una familia de obreros sindicalistas. Militante del Partido Comunista y exdirigente de Esquerda Unida, se licenció en Derecho y cursó tres postgrados. Tras responder a una entrevista televisiva en directo, Díaz se sienta en el sofá donde ha dormido algunas noches de los últimos tres meses y responde durante 45 minutos a las preguntas de CTXT. Su defensa del escudo social lanzado por el Gobierno es férrea pero autocrítica, y por eso mismo resulta convincente. Quizá la idea más novedosa que deja en la entrevista es que hay que aprovechar la pandemia para reforzar la democracia, en el trabajo y fuera de él: democratizando las relaciones laborales, haciéndolas “más decentes” y más igualitarias, y profundizando en los debates democráticos “para que la ciudadanía decida cómo quiere salir de la crisis”. 

El Gobierno de coalición ha cumplido 100 días. ¿Es consciente?

¡Sí, cumplimos 100 días la semana pasada!

Costó cinco años formar ese gobierno, y al mes de tomar posesión llegó el coronavirus. ¿Qué balance hace? ¿Dónde quedó el programa de gobierno?

Creo que todavía no hemos podido dimensionar lo que está pasando. En efecto, hicieron falta cinco años para formar este gobierno, pero por primera vez en la historia dos fuerzas políticas de izquierda se entienden y se hacen corresponsables. Es muy importante poner esto en valor, incluso estando en pandemia, porque yo creo que ese acuerdo ha servido para redefinir las estrategias de las distintas izquierdas y de las políticas públicas en la Unión Europea. Durante el primer mes de camino conjunto, demostramos que avanzábamos en la dirección correcta: revalorizamos las pensiones y los salarios de los funcionarios, pusimos en marcha la emergencia climática, aumentamos el salario mínimo a 950 euros acercándonos a la media europea, derogamos los despidos durante las bajas de enfermedad… En solo 100 días. Creo que eso nunca había pasado. De pronto llegó la pandemia, y la estamos manejando con la misma intensidad que los países de nuestro entorno. Y con algún aprendizaje también. El programa de coalición no se ha aparcado. La respuesta a la crisis sanitaria, social y económica está siendo pautada a través del programa que pactamos con el PSOE. La crisis se despliega con mucha intensidad, pero hemos respondido con la misma intensidad, desplegando el escudo social. Y yo creo que esta es la gran diferencia con la crisis financiera de 2008, a la que se respondió con déficit público más recortes. Eso no ha pasado ahora.

Hablaba de aprendizaje. ¿Cómo valora la actitud y el compromiso de la patronal durante la pandemia? ¿Le ha sorprendido?

Nuestro país tiene una cultura empresarial muy diferente a la europea, por su propia historia. Escuchar a empresarios de otros países decir que van a asumir con naturalidad un 25% de las nóminas durante la crisis es sorprendente. Nuestra cultura nos hace diferentes. Y sí, he aprendido alguna lección importante. Hay empresas que han demostrado que están a la altura, y lo he vivido en primera persona. A la primera de cambio que les hemos dicho “ustedes no deben acudir a un ERTE”, lo han entendido. Es cierto que hay sectores que están muy ideologizados, cosa que también es muy legítima... 

¿Por ejemplo? ¿La banca? 

No, sectores que se abstraen de su papel institucional. Los sindicatos y la patronal juegan un papel constitucional: unos representan los intereses legítimos de los trabajadores, y otros los intereses de los empresarios. Pero hay sectores, y también pasa en los sindicatos, que dentro de su papel constitucional a veces juegan un rol más ideológico, en el que pesan mucho los prejuicios. Yo aún no era ministra y ya se estaba cuestionando al Ministerio de Trabajo. Y es asombroso, porque las medidas tomadas durante esta pandemia, que es cierto que han sido novedosas en nuestro país, no son revolucionarias. Son medidas que mis colegas europeos liberales y de derechas, conservadores, están aplicando también. Pero aquí algunas medidas son tildadas como propias de una ideología. 

El social-comunismo. 

Sí, me resulta muy extraño. Lo único que le pido a los interlocutores sociales, respetando su papel institucional, es que estén a la altura. Hay empresas grandes que entienden que estas medidas son importantes porque proteger a los trabajadores es proteger el sistema productivo y la economía. Por ejemplo, cuando aprobamos la prohibición de los despidos se dijo que era una medida ideológica. No lo es. Es una medida casi técnica, porque el Gobierno de España ha desplegado una serie de mecanismos para que nadie despida a nadie, y es por tanto consecuente con ese despliegue. 

¿Diría que la patronal ha sido más o menos moderada y colaborativa que la oposición política? 

Más. Cuando salió la primera la primera formulación de los ERTEs y aún no se conocían bien, estábamos haciendo un trabajo ingente, tomando un montón de medidas, se hizo con diálogo social y la patronal mostró algunas disonancias. En ese momento pensé, ingenuamente, que el PP iba a acompañar el Real Decreto. Son recetas que, según los informes de entidades financieras y de los grupos de interés, están siendo muy positivas para la economía. Pensé que, como compartían parte de estas medidas, la oposición nos iba a dar el voto favorable. No fue así. La derecha española está desubicada, no encuentra su eje, su lugar en el mundo y lo que no sé es qué propone para salir de esta crisis. Sí sé lo que han hecho. Escucho lo que proponen todos los portavoces parlamentarios en materia de empleo y economía social, todos ellos, y las únicas aportaciones del Partido Popular que conozco, con pandemia y sin pandemia, es bajar los impuestos. La aportación del PP en aquellos Viernes de Dolores fue hacer desaparecer la autorización administrativa de los ERTEs, y por eso tenemos a día de hoy un elemento de falta de control relevante. O recortar las prestaciones públicas de desempleo en 16 puntos. O suprimir las pagas extraordinarias de los funcionarios. Y hacer que la crisis la soportara la mayoría social. Esto es lo que sabemos. Y ahora estoy a ver qué aportación hacen en la Comisión de reconstrucción. 

Sobre los ERTES, publica Cuartopoder que empresas que han ganado miles de millones están haciéndolos y aprovechando para reducir salarios a 700 euros. ¿No hubieran debido imponer condiciones más duras a esas empresas, como se está haciendo en Europa? 

Esta pregunta es muy interesante. Vamos a ver el informe final de los ERTEs. Estamos en el entorno de 500.000 empresas. Haremos un informe exhaustivo sobre el perfil de esas empresas, sectores, autónomos... Ahora mismo, en el diálogo social para la segunda generación de ERTEs, estamos planteando que no puedan acogerse a los mismos empresas que tengan su sede en paraísos fiscales o que repartan dividendos en el año siguiente, es decir durante este año y el siguiente. Eso está encima de la mesa. Sé que no lo comparte la patronal, pero vamos a intentar limitarlos. Quiero recordar también que está en vigor la denominada Cláusula Telefónica, que obliga a las empresas que no cumplan los requisitos a devolver el importe de los ERTEs al Estado. También es controvertida y no les gusta a las patronales la disposición que obliga al mantenimiento del empleo. Pero esto es así aquí y prácticamente en toda Europa. Y sin embargo aquí se cuestiona la cláusula de mantenimiento de empleo. Si van a dejar caer los empleos, no tiene sentido que se acojan a ERTEs. 

También llegará el momento en que los ERTEs por fuerza mayor se conviertan en ETOCs, en suspensiones de contratos por causas objetivas productivas. ¿Cómo se hará? 

Los últimos que se están presentando venían ya por causas objetivas. Se hará también con diálogo social y esta es la clave: si todo va bien en la desescalada, va a desaparecer la fuerza mayor. Estamos caminando hacia una transición sobre las causas objetivas y productivas. Ayer estuvimos reunidos aquí en una mesa hasta muy tarde, y debo ser discreta pero estamos trabajando en ello. 

Las crisis ponen de manifiesto los fallos del sistema. ¿Cuál es la mayor debilidad del mercado laboral español? ¿La temporalidad? 

Absolutamente. La precariedad. En todos los datos que he visto en las últimas semanas, desde el 13 de marzo hasta el 26 de abril, el desplome está en la precariedad. El problema es cómo proteges a esos trabajadores que tienen contratos de semanas o de horas. La parcialidad, que afecta sobre todo a las mujeres, son contratos de 3 horas, de 4 horas... Este es el drama. 

Los contratos basura. ¿No se pueden evitar, abolir? 

Creo que hemos ideado medidas para intentar abarcarlo todo. Pero es cierto que hay muchas personas que no fuimos capaces de incluir, y por eso urgimos el Ingreso Mínimo Vital. Hemos protegido a las trabajadoras del hogar. Teníamos el compromiso de hacerlo antes de la pandemia, ratificando el Artículo 189 de la OIT. Y hemos hecho un subsidio extraordinario para que los contratos temporales que acaban en la pandemia no se puedan cancelar. Pero queda fuera muchísima gente. Esos contratos de semanas no somos capaces de protegerlos con los mecanismos que tenemos. Y esto es lo que hay cambiar. Los datos hablan por sí solos. Antes de la crisis financiera, la temporalidad en nuestro país era del 35%. Hemos hecho más de 52 reformas laborales, han hecho. Treinta y tantas en materia de contratación. Llevamos desde 1984 reformando el mercado laboral siempre, creo, en sentido adverso. Y solo hemos conseguido bajar la temporalidad al 26% tras la crisis financiera, pero no porque hayamos corregido la legislación. Antes de la pandemia, decíamos que esto era una urgencia. La pasada semana hice un llamamiento a la Comisión de Trabajo para alcanzar un acuerdo contra la precariedad. ¿Puede atajarse? Sí se puede, claro que se puede, pero hemos de mitigar el impacto de la última reforma laboral, que ha consistido en la precarización de las relaciones laborales. Es brutal. El dato que nos daba Antón Costas el otro día, de lo importantes que son esas personas trabajadoras que nos están cuidando ahora mismo, las fruteras, las cajeras, los reponedores, mucha gente precaria de la sanidad pública… Tienen condiciones laborales patológicas y salarios extremadamente bajos. Esto tiene que ser reformado. 

¿No habría que aprovechar este momento para hacer una nueva reforma laboral? Si no se hace ahora, ¿cuándo?

Lo tengo tan claro como que estoy siendo clarísima. Abordar la precariedad es la seña de identidad de la última de las reformas laborales. Hablo clarísimo. Incluso una parte del mundo de la empresa sabe que esto no es sostenible. ¿A quién le interesa? ¿A qué empresa le interesa tener un trabajador, una trabajadora, con un contrato de veinte horas semanales o en condiciones como las que están trabajando? ¿Cuál es el proyecto empresarial sustentado en esa calidad del empleo, en esa mala calidad del empleo? ¿Cuál es la implicación de un trabajador o una trabajadora en una empresa con ese modelo de relaciones laborales? Ninguna. Está clarísimo. Y ahora lo vemos en números. El PP no dijo nada a favor, pero tampoco se atrevió a decir nada en contra porque era evidente, con gráficas, que no somos capaces o vamos a tardar más que otros países de nuestro entorno en salir de la crisis, teniendo un desplome más o menos similar, solo por esta razón. 

El modelo de turismo y servicios ayuda poco…

Es cierto que el modelo productivo dificulta los cambios… Pero veamos el estado de la investigación y de la ciencia en nuestro país. Que tengamos investigadores que cobran cantidades vergonzantes, que tienen condiciones laborales que nos les permiten tener una carrera... Yo creo que esto hay que repensarlo. Y desde luego tenemos que caminar hacia unas relaciones laborales decentes. En esto andábamos justo antes de la pandemia, y seguimos caminando...

¿Y tienen los votos suficientes para cambiar eso y hacerlo?

Yo creo que sí, estoy segura. Estoy segura.

¿Y hay consenso en el Gobierno?

Yo creo que sí. Y digo siempre: pacta sunt servanda. 

Es cierto que está en el pacto de gobierno, pero... 

Parte de lo que estamos haciendo tiene que ver con ese desmontaje. Hemos esquivado la reforma laboral del Partido Popular buscando jurídicamente artefactos y vericuetos para poder cambiar el modelo. Porque imagínate que la salida a la pandemia fuera la que permite la reforma laboral. Es decir, que a las empresas les dijéramos: “Usted despida a la gente ahora, flexibilice las relaciones laborales”. De alguna manera lo estamos haciendo a través de normas como la del permiso obligatorio retribuido recuperable. Hemos contenido por ahí. Era obligatorio. De alguna manera, aunque no se ve, y sé que los juristas están escribiendo y reflexionando sobre esto, estamos esquivando la reforma laboral del PP.

Legislando bajo estado de alarma... 

Efectivamente. Y seguimos haciéndolo.

La gran duda, visto desde fuera, es si las dos almas del Gobierno, visibles en asuntos como el impuesto a las grandes fortunas, serán capaces de pactar ese nuevo modelo. Si es realmente un gobierno de izquierdas, se tendría que notar en cosas como que la banca no salga favorecida de esta crisis y en que no se resuelva solo protegiendo a los débiles, sino también metiendo la mano en el bolsillo de los poderosos. 

En mis comparecencias públicas he sido muy clara. En esta crisis tenemos que sacrificarnos todos. Y más los que tienen más, esto es una evidencia. Aquí hay un pacto: el artículo 31 de la Constitución. Recordaba el otro día cuáles eran los tipos del IRPF que tributábamos en los tiempos de Felipe González. Ha habido una regresión fortísima, y el debate ahora no es si pagamos más o menos; el debate es que hay gente en nuestro país que no paga impuestos o paga muy pocos impuestos, o que está en un paraíso fiscal. Eso tiene que ser corregido, pero ¿para qué? Para poder desplegar ERTEs, para tener una sanidad pública de calidad... Para mejorar el estado de nuestros colegios, de nuestra educación. Lo que hemos conocido sobre las residencias de ancianos...  Intuíamos lo que estaba pasando, pero el alcance, la realidad de la privatización de esos servicios que son fundamentales para la vida de la gente, como las residencias de ancianos, no es una distopía, es real. Hay que pagar impuestos justamente para esto. Nuestro país tiene un déficit fiscal y por eso tiene que hacer campañas de pedagogía positiva a favor de esta realidad. Para que podamos aligerar a quienes soportan la masa tributaria, que son las clases trabajadoras y las clases medias. Es tan sencillo como esto. 

¿Qué lo impide?

Aquí la cultura empresarial es muy peculiar. En otros países, hay empresarios que dicen que quieren pagar más impuestos. Creo que en España por ahora eso no lo vamos a ver. Pero el artículo 31 de la Constitución dice esto y hay que caminar en esta dirección. De esta crisis se sale con más servicios públicos, más sanidad, más educación, más dependencia, más administración pública, más bienestar, más estado social, más Europa social... Se sale, desde luego, con el cambio del modelo productivo, con el cambio en las relaciones laborales, y también dando un poco de esperanza a la gente. Lo que no puede ser es que estemos siempre ante un mismo paradigma: que los de abajo soporten el malestar de políticas que no están causadas por ellos mismos. Creo que es la corrección que hemos hecho en este momento. Pero la salida, el momento delicado, viene ahora.

Pero sin una reforma fiscal profunda poco se va a poder hacer.

Nos lo jugamos todo en Europa. Ya hay mucha desafección respecto a lo que está pasando, o hay un compromiso cierto, con financiaciones extraordinarias, no solo para nuestro país, sino para todos los países de la Unión, o puede estar en jaque el propio proyecto de la UE. Y, luego, estamos a siete puntos de presión fiscal de Europa y eso tiene que ser corregido, junto con el gasto público. 

¿Cree que en Europa son conscientes de eso? 

Sí, quedó claro en la conversación de ayer con el comisario europeo de Trabajo, son conscientes. El aprendizaje de la anterior crisis financiera, con las recetas de la austeridad, han causado un dolor y un sufrimiento extraordinario…

Y el ascenso de la extrema derecha, de paso…

Brutal. Por eso hablo de la desafección en un país como el nuestro, que es europeísta. Se cometería un grave error: de esta crisis no salimos con más austeridad. Hasta la ortodoxia ha aprendido de la crisis financiera y vemos que incluso economistas que no son de mi corriente ideológica están coincidiendo con las medidas que estamos desplegando, sencillamente porque son positivas. Este es el cambio. ¿Por qué Guindos dice ahora que está bien una renta mínima? ¿Por qué Garicano, por qué el mundo económico que viene de la ortodoxia? Lo hemos dicho siempre: ¿por qué España ha tardado 10 años en salir de la crisis cuando otros países han salido en un año o en 18 meses? Sencillamente porque las recetas que se aplicaron agudizaron la crisis. 

Es posible que sí, que sean conscientes. Pero seguramente van a querer salir por la vía de la deuda, que es la receta de siempre: préstamos y condicionalidad. 

Eso sería poner en jaque el proyecto de la UE. Si de aquí salimos con recortes y rescates creo que el propio proyecto europeo quedaría en cuestión.

¿Hay manera de profundizar en el sindicalismo europeo? Ya nadie habla del internacionalismo de la clase trabajadora...

Los sindicatos son imprescindibles en cualquier parte del mundo. Como todo, viven mejores y peores momentos, pero es la herramienta que tenemos, con las dificultades que tenemos porque ha cambiado el modelo de relaciones laborales y hoy un trabajador está aquí produciendo para una plataforma digital en California, y esto dificulta extraordinariamente todo. Es la realidad que estamos viviendo. La pregunta es interesante porque, por ejemplo, el salario mínimo europeo siempre tiene la posición adversa de los sindicatos del norte. Sin embargo, creo que la Comisión va a caminar hacia la necesidad de un salario mínimo europeo. Y me consta que los sindicatos españoles están preocupados y trabajando en esa línea porque es más necesario que nunca.

El teletrabajo es, en ese sentido, un arma de doble filo. Si las empresas ven que mejora la productividad y dificulta la sindicalización, ¿hasta qué punto el Estado debe animar a profundizar en ese camino?

Nosotros antes de la pandemia ya estábamos en esto. Anuncié que íbamos a ratificar el convenio 167 de la OIT, llamado trabajo a distancia y mal llamado teletrabajo. Y ya teníamos una ley para reformar el Art. 13 del Estatuto de los Trabajadores. Por eso desplegamos tan rápido el Art. 5 del Real Decreto 8 que no acompañó el PP, aunque todo el mundo dice que el teletrabajo ha sido muy eficaz, y por eso la hemos prorrogado. Ahora bien, también hemos aprendido, y el trabajo a distancia tiene dos elementos: el primero es que hay una directiva que hay que cumplir sobre prevención de riesgos laborales; y el segundo, que el registro horario ha de incorporarse. Es decir, hay que cumplir los límites de jornada laboral y hay que garantizar la desconexión digital y respetar los derechos de conciliación. Este mismo ministerio está vacío porque está todo el mundo teletrabajando; en cuanto la pandemia nos deje tendremos la respuesta lista. 

¿Las ventajas son que aumenta la productividad y facilita la conciliación?

Aquí hay un factor ideológico que es el control, la disposición del empleador sobre una parte de la relación laboral, el tiempo de trabajo. Es muy simbólica, lo sé, y llevamos desde 1848 con esta batalla, pero está estudiadísimo: si tú permites al trabajador o a la trabajadora organizar su tiempo, cumpliendo con el mismo, somos más productivos. Pero insisto: habrá que cumplir con el registro horario y con la evaluación de los riesgos de trabajo. La legislación laboral de esta época, del siglo XXI, y después de la pandemia más, debe regular las ausencias en el trabajo y la conciliación. Ahora toca legislar sobre las presencias: cómo y dónde trabajamos. Para eso sirve la herramienta “Me cuida”, que no gustó a las patronales porque por primera vez damos un derecho de preferencia al trabajador o a la trabajadora para que le diga a la empresa “no”, “voy a acomodar mi jornada”, “voy a entrar un poco más tarde”, “voy a salir”, “voy a cambiar de turno”, “voy a hacer cosas diferentes”. Fue una medida que aprobamos cuando vimos que Madrid cerraba los colegios. En los países del norte se lleva haciendo mucho tiempo con bolsas de horas anuales en las que los trabajadores pactan cómo se organizan, siempre cumpliendo con la jornada laboral. 

La ironía es que estamos legislando en estado de alarma sobre asuntos que en el mundo están regulados hace tiempo, que aquí no habían llegado y que hay que consolidar. ¿Se van a consolidar?

Estamos trabajando para ello, tenemos bastantes leyes hechas. Si vemos el teletrabajo sin marcos ideológicos, si se estudia en profundidad, creo que es muy positivo. Es bueno para la empresa. Somos de los países de Europa que más horas trabajamos, que menos productivos somos, que retribuye menos horas extras trabajadas. Y eso no habla nada bien de nosotros. Depende mucho de los trabajos pero si tú quieres prestar atención a tus necesidades vitales, es decir, si sitúas la vida en el centro, tienes margen para decir “yo voy a trabajar x meses seguidos sin ningún problema y luego podré reorganizarlo de otra manera”, y vas a producir mucho más; es una evidencia: se trabaja con más calidad, con una mayor implicación en la empresa y mayor nivel creativo.

Otros países permiten a los trabajadores tener representación en los Consejos de Administración... 

Hay que democratizar las relaciones laborales. Pero de esto no se habla. De esta crisis hay que salir con más democracia, entendida en sentido extenso, en sentido material. Tenemos la oportunidad de no hurtar el debate democrático, es decir, la ciudadanía tiene derecho a decidir cómo salir de esta crisis. Si quieren que los que no paguen impuestos paguen más para mantener la sanidad pública, qué nivel de protección queremos... Va a haber un momento en que vamos a tener deuda y debemos saber qué queremos hacer. Y creo que este debate no se le puede hurtar a una ciudadanía madura como la española, que ya nos ha demostrado que está en la modernidad. Esto debe ser un proceso de res publica, de decisión pública, de ciudadanía activa. Eso es clave en esta crisis social.

Ha habido quejas sobre el tratamiento de los bancos a Pymes y autónomos. El presidente lo dijo el otro día, cuando se le citó una frase del consejero delegado del Santander reclamando que había que poner otra línea ICO en marcha. ¿Ahí también va a haber condicionalidad? 

Esto ya se ha hecho, eh. Es cierto que con las primeras líneas que salieron, –y el martes habrá otro despliegue de 20.000 millones de euros–, a pesar de que la norma lo impedía, las entidades financieras intentaron buscar resquicios para cobrar intereses y demás. Esto fue corregido rápidamente, se dictaron instrucciones. Siempre hay alguna formulación, ¿no? Pero vamos… Es clave que fluya el crédito. Si no, el desplome de las pequeñas empresas y de los autónomos será tremendo. Es decir, necesitamos liquidez.

¿Y no habría sido mejor hacerlo sin pasar por los bancos? ¿No se podía haber habilitado un sistema de ayudas directo, como hacen otros países que envían el dinero a la empresa o a la cuenta personal?

Aquí hay un debate y hubo un debate: tenemos una banca pública que es Bankia. Se optó por la fórmula del ICO. Pero hay países que tienen bancas públicas, y algunos son de formulaciones ideológicas conservadoras. La banca pública es necesaria para las inversiones y, por supuesto, para estos momentos. Esta es otra reflexión que debemos hacer. No es que sea bueno por razones ideológicas, es que es necesario para poder desarrollar proyectos empresariales. Yo vengo de una ciudad vinculada a la construcción naval pública y privada. Un barco no son 100.000 euros, un barco mueve unas cantidades ingentes... Una herramienta financiera pública facilitaría nuevos proyectos empresariales. Esta es otra reflexión que hemos de hacer, sobre todo por el ICO. Pero quiero recordar que Bankia es pública y que nos ha costado 23.000 millones de euros. Se habló mucho de los 15 millones de las tarjetas black y demás, pero el coste fueron 23.000 millones de euros, y así podríamos seguir… Por tanto, cuidemos lo público, que es necesario.

Bueno, vamos con la última. Ha dormido poco estos meses, imagino.

Sí, nada.

¿Qué le quita el sueño ahora? ¿Algún colectivo determinado, alguna inquietud particular? ¿La vicepresidenta Calviño? 

Antes de ser ministra me quitaban el sueño los parados en nuestro país. Ahora me quitan el sueño los mismos parados y las paradas. Como conozco muy bien esa realidad, me provoca un sufrimiento enorme. Tenía pánico, no pánico sino dolor, porque vengo de una comarca empobrecida, sé muy bien de lo que hablo y es el mayor drama. Es el principal problema que tenemos. Es mi principal preocupación, y sé que no dormiré mucho. Lo decía el otro día: las cifras de paro no son cifras, es gente que tiene proyectos vitales, que tiene derechos. Aprovecho para decir que los trabajadores y las trabajadoras cotizan por el desempleo, porque hay un debate ideológico sobre si estamos regalando algo… No estamos regalando nada, son sus derechos. Y desde luego me perturba sinceramente. Este es nuestro principal problema, y debe ser la principal atención del Gobierno de España.