Teresa Ribera ha pasado de ministra a vicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, un megadepartamento con competencias medioambientales, energéticas y de despoblación

Manuel Planelles-Miguel Ángel Noceda/El País.- Teresa Ribera (Madrid, 50 años) ha ganado peso en el Gobierno y ha pasado de ministra a vicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, un megadepartamento en el que se engloban las competencias clásicas medioambientales unidas a las energéticas y ahora también las referidas a despoblación. Sitúa la legislatura que arranca como clave en la lucha contra el cambio climático, cuyos impactos se aceleran “a velocidad de vértigo”. Y arremete contra la reforma que hizo el PP de la Ley de Costas en 2013.

Pregunta. ¿Qué cambia con su ascenso a una vicepresidencia?

Respuesta. Por un lado, se refuerza el área de biodiversidad. Por otro, el reto demográfico se incorpora sabiendo que durante décadas no ha habido una mirada estratégica. Pero como vicepresidenta me corresponde coordinar y dialogar más intensamente con el resto de departamentos sobre la transición ecológica. Esta legislatura va a coincidir con el momento crítico para sentar las bases de la transición y para saber si ganamos o no la batalla del cambio climático. Estos cuatro o seis años serán determinantes.

P. ¿Asumirá España un papel más ambicioso en la UE y pedirá, por ejemplo, objetivos climáticos más duros para 2030?

R. Eso lo veníamos haciendo ya. La situación de emergencia y los costes asociados de la inacción son inmensos especialmente para la Europa del sur. Somos zona de frontera, un país con altísimo riesgo de desertización y de fenómenos meteorológicos extremos que generan impactos en las infraestructuras y el PIB. España debe estar muy interesada en que Europa encuentre colectivamente la manera de ser más resiliente y esté absolutamente descarbonizada a mediados de siglo, sin olvidar la equidad. Porque es clave también para arrastrar a otros países y para liberar recursos que ahora se desperdician en costes indirectos asociados a la contaminación o a la importación de combustibles fósiles. Hemos querido en la declaración de emergencia climática significar esa vocación de acción transversal. Todo eso debe terminar en un pacto político y social con la ley de cambio climático.

P. ¿Por qué estamos en una emergencia climática?

R. Porque los impactos se aceleran a velocidad de vértigo y lo van a seguir haciendo si no reaccionamos. Vamos tarde y no con la intensidad que se requiere. Hay dos cosas que me tienen obsesionada. La primera son los grandes incendios. Recuerdo los de Portugal y la sensación de que era lo que estaba descrito en la literatura científica sobre los efectos del cambio climático en la Península. Esos incendios incontrolables y horrorosos los vimos en Portugal y California y nos hemos tirado un mes y medio no dando crédito a las imágenes del infierno en Australia. La otra gran cuestión que nos ha estallado es el agua, la dulce y la salada. Respecto a la dulce, sabemos que vamos a un modelo en el que ya no vale tener como referencia para la planificación de usos los escenarios medios. Tenemos que estar preparados para escenarios extremos: en un mismo sitio y de manera consecutiva hay demasiada agua y nada de agua. Pero también ha sido espectacular, y ya estaba descrito en los primeros estudios en 2007, los impactos en el litoral. Los asentamientos urbanos de la costa están viviendo una crisis muy complicada. Pero percibo un cambio importantísimo en la sensibilidad de la población. Yo gestioné hace diez años la dirección general de costas y todo el mundo pedía, sin ningún cuestionamiento, su paseo marítimo. Ahora, cuando vemos las olas pasando por encima de los edificios de la primera línea, te preguntas: ¿Tiene sentido volver a gastar los mismos millones en lo mismo? En algunos puntos del litoral mediterráneo llevamos tres restauraciones en un año. ¿Seguir haciendo restauraciones es la manera más inteligente de abordar el problema? Probablemente, no. Hay que empezar a trabajar en un enfoque de medio y largo plazo y eso requiere de mucho consenso. Nos estamos planteando una reflexión más estratégica y de conjunto sobre algunos términos municipales, sobre qué se debe hacer con la primera línea, si hay que construir diques o replantear la ordenación…

P. ¿Pero es lógico levantar diques para proteger construcciones que están en dominio público, claramente expuestas?

R. Una muy buena parte de las afecciones se ha producido en infraestructuras construidas en dominio público y a veces en la playa misma...

P. O en áreas indultadas en 2013 por la reforma de la Ley de Costas.

R. Esa es la segunda parte. Ha habido una dejadez en la aplicación de la Ley de Costas de 1987 durante años. No se tomó en serio una ley que creo que era excelente. Y en 2013 se hizo como que la ley no existía. Creo que la modificación de la Ley de Costas en 2013 fue una gran irresponsabilidad. ¿Quién va a responder por los daños ahora? Se ha generado una falsa expectativa y ante un problema se ha mirado para otro lado. Las instituciones deben ser responsables. Ahora hay una mayor sensibilidad social y eso es fundamental. Nos encontramos con muchos municipios que entienden y aceptan que en lugar de recuperar el paseo marítimo destrozadísimo hay que aprovechar para liberar ese espacio.

P. La generación de electricidad con carbón desaparece en un tiempo récord. ¿Podrá España fijarse objetivos más duros de recorte de emisiones en la ley de cambio climático gracias a esa salida del carbón?

R. De hecho, la salida del carbón es lo que explica que en la actualización del plan de energía y clima que se acaba de hacer se suba dos puntos el objetivo de reducción de emisiones para 2030 [pasa al 23%]. El carbón ha dejado de ser económicamente rentable para los generadores y su cierre es mucho más acelerado de lo que ellos pensaban y muy por encima de nuestras previsiones. Eso nos da una cierta holgura, pero genera otras tensiones. No hubo anticipación suficiente sobre lo que ocurriría con los ciudadanos cuya comarca depende de esa gran infraestructura que cesa su actividad de repente. Es muy difícil generar una dinámica industrial que te permita sustituir esa actividad en tan poco tiempo. Este es el mayor desafío: facilitar alternativas para que quien quiera se pueda quedar con dignidad y seguridad económica en el pueblo en el que su familia ha vivido durante generaciones.

P. ¿Cuáles son sus prioridades energéticas esta legislatura?

R. Lo que hemos hecho en año y medio es enorme. Cuando llegamos estaba todo patas arriba. Se ha hecho una reorientación que nos permite iniciar el ciclo con unas bases razonables. Tenemos un plan para reordenar el sector que hará que no tenga nada que ver con lo que es hoy. Entre otras cosas, queremos integrar las renovables beneficiándonos de sus costes operativos más bajos a través de un sistema de subasta similar al que hacen los países vecinos, que ofrecen una rentabilidad estable, y no subastas de energía como las que se han hecho aquí. En determinados momentos puede ser por tecnología y otras por territorio, y de distinto tamaño.

P. El veto a los coches nuevos de combustión está previsto para 2040, pero ¿puede adelantarse?

R. 2040 es lo que establece la Comisión Europea. Y hay algunos países que lo quieren adelantar…

P. Y algunas comunidades en España, como Baleares.

R. Es bueno manejar como referencia la propuesta de la Comisión. Si se producen cambios ya veremos. En todo caso, debemos prestar mucha atención a los asuntos relacionados con la salud, el medio ambiente y el sector industrial. En Baleares y Canarias hay que recordar que hay una propuesta de la UE de creación de islas 100% renovables, es decir, que se anticipen en las islas ricas de Europa estrategias que permitan reducir enormemente el uso de combustibles fósiles.

P. ¿Se puede descartar ya que el almacén para residuos nucleares (ATC) se vaya a construir en Villar de Cañas?

R. La realidad mostró que la gestión del proyecto de Villar de Cañas no había sido particularmente acertada. No veo fácil que sea recuperable en ninguna circunstancia. Además, hay una oposición muy fuerte en todos los niveles. Tendrían que resolverse los problemas técnicos, que requerirían una inversión adicional muy importante. Pero tenemos la responsabilidad de abordar una solución para los residuos nucleares y abrir el debate con prudencia y seriedad. Hay que decidir si hay que instalar uno, dos o tres emplazamientos y si hay que hacerlo por regiones.

P. ¿Cumplirá España el objetivo europeo de renovables este 2020, es decir, que el 20% de la energía sea limpia?

R. Estamos un poco apurados. Lo veo complicado. Ha sido muy interesante la explosión de autoconsumo y las subastas que se han producido en 2016 y 2017. Debo decir aquí que queremos velar por la educación y los derechos de los consumidores y los compradores, por ejemplo, de paneles solares. Debemos ser cuidadosos con los mensajes, porque en un proceso de cambio así si alguien se siente defraudado genera desconfianza.

P. ¿Cuándo van a hacer la próxima subasta de renovables?

R. Cuanto antes. Esto es una gran rémora. Era una de las prioridades que habíamos marcado con José Domínguez [anterior secretario de Estado de Energía]. Estar en funciones no lo permitió, pero nos hubiera gustado haber hecho la primera antes de acabar 2019. No obstante, se necesita modificar el esquema que hoy está en una norma con rango de ley y generar un desarrollo técnico. Vamos a ver hasta qué punto podemos acortar plazos.

“No hay nada que Jordi Sevilla quisiera hacer que no haya hecho”

Pregunta.¿Ha incurrido en injerencias en la gestión de Jordi Sevilla, el ya expresidente de Red Eléctrica, como él le ha acusado?

Respuesta. Se puede discrepar, pero eso no son injerencias. Si uno repasa lo que ha hecho Red Eléctrica en estos 18 meses ve que ha acometido reformas muy importantes de gobernanza y estrategia impulsadas por el presidente, que empezó su mandato siendo no ejecutivo. No hay nada que haya querido hacer que no haya hecho. Ha habido cosas que me han parecido mejor o peor en términos de oportunidad o comunicación, pero jamás me opuse, ni le pedí que renunciase. En todo caso, cuando había alguna cosa que era de gestión ordinaria, descubrimos que lo más fácil era que su interlocutor fuera el secretario de Estado. A partir de ahí, lo demás son diferencias de interpretación y susceptibilidades de índole personal que no creo que merezcan la pena. El trabajo entre ministerio y Red Eléctrica ha funcionado bien. Los desafíos son grandes y lo más importante de todo es tranquilizarnos y estar convencidos de la confianza y capacidad técnica, solvencia y honestidad de los implicados. Cuanto antes pasemos página, mejor. Estoy convencida de que Sevilla operó con convicción, entrega y entusiasmo por la empresa, que él mismo calificaba como brazo ejecutor de la transición energética. Hay que agradecérselo y lamentar que el diálogo, que es clave, no haya funcionado. Pero, ¿qué le vamos a hacer?

P. Pero Sevilla ha insistido en que se opuso a varias de las actuaciones que él emprendió.

R. Una empresa de esas características está legitimada para llevar a cabo lo que le parezca. Y si lo comparte con antelación permite que los demás podamos decir lo que nos parece. Lo normal es que entre el operador del sistema [Red Eléctrica], que recibe el 92% de sus ingresos por esa condición, y el Gobierno exista un nivel de entendimiento que evite sorpresas y permita anticipar lo que va a ocurrir. Con cualquier empresa como esta compartir las líneas de antemano es bueno para el mejor funcionamiento y para que no haya malentendidos ni riesgos potenciales.

P. En este caso, también se ha criticado que su marido sea miembro de la CNMC.

R. Mi marido estaba allí antes de que yo llegara aquí. Pero es mucho mejor hablar de la solvencia de las personas y no de si son hijos, maridos o lo que sea. Lo más importante, porque el país, la empresa y las instituciones se lo merecen, es recuperar la tranquilidad. Ya veremos cómo se encarrila el nombramiento de un nuevo consejero.

P. ¿Quién será el presidente?[SONRISAS]

R. Aún es pronto. Pero en el perfil de buena gobernanza de Red Eléctrica se dice que es conveniente que el presidente tenga capacidad de diálogo institucional.

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