Junio de 1967. Días de bochorno en aquellas aulas de altos muros del único instituto entonces existente en Cartagena, el Isaac Peral. El mismo que en dos turnos de mañana y tarde acogiera durante el curso, respectivamente, a chicos y chicas por separado, como mandaban los cánones de aquella educación franquista elitista, segregadora y con sus correspondientes dosis de manipulación y adoctrinamiento ideológicos. Nos enfrentábamos a la reválida del bachiller elemental. En los pupitres, el lápiz, la goma de borrar, los útiles para resolver problemas de Geometría, los bolígrafos bic y el diccionario de latín, indispensable para la prueba en que la que se iba a evaluar nuestra capacidad para traducir aquellos textos de La Guerra de las Galias de Julio César, en los que lo fundamental era el dominio de la sintaxis latina, el ablativo absoluto, las conjugaciones verbales y las declinaciones, aunque el haber aprendido el contexto histórico y cultural de esa época histórica hubiera ocupado en las aulas un lugar irrelevante, por ausente.

Recuerdo el nivel de ansiedad y nerviosismo con el que afrontábamos esa reválida, con contenidos de los cuatro cursos de bachillerato. Como recuerdo que sólo la suerte determinó que, en el examen de Matemáticas, no nos exigieran resolver un ejercicio de la temida trigonometría, porque no la habíamos visto durante el curso. Aprobar la reválida era condición necesaria, e imprescindible, para continuar con los estudios. Por fortuna la superé y pude iniciar aquel bachiller superior que, tras otra reválida al acabar el sexto curso, daba paso al curso previo a la entrada en la Universidad, el 'Preu', al que, ¡cómo no! seguía otro examen de acceso a la misma: la llamada Prueba de Madurez. En ningún momento, por la situación económica familiar, pude disponer de ayuda externa, en forma de profesorado de apoyo o clases particulares. Antes al contrario, yo mismo impartía esas clases particulares en mi caso, de Lengua y Latín para obtener unas perras para mis gastos.

Muchos y muchas (las menos) de mi generación sólo contábamos con nuestro esfuerzo personal y una restrictiva política de ayudas al estudio para seguir adelante.

Cuenten. Además de la necesidad de aprobar curso tras curso, habíamos de superar tres pruebas selectivas, tres 'zancadillas', si queríamos entrar en aquella universidad también elitista y segregadora. Cuando pisé las aulas de la Facultad de Letras, allá por el otoño de 1970, recuerdo que se decía que sólo un 5% de los hijos e hijas de la clase obrera nos enfrentábamos al reto de titular y superar las limitaciones de nuestra extracción social de origen.

Me van a perdonar que me haya deslizado en mi columna de hoy por estos vericuetos intimistas. Pero es que la situación actual me ha recordado a aquélla de mi infancia y adolescencia. Hoy, como ayer, el sistema educativo de estos últimos cinco años, con las políticas de privatizaciones y recortes, deja de ser igualitario cuando el futuro de quienes acceden a él depende de la capacidad económica de las familias y de la formación de éstas, lo que nos está abocando a una situación en que están agravándose peligrosamente las desigualdades en el alumnado. Porque, aunque Rajoy haya anunciado la suspensión temporal de la validez académica de las reválidas hasta que no se logre ese Pacto Educativo tantas veces anunciado y tan difícil de concretar, tengo para mí que, si no lo evitamos, la política educativa del futuro Gobierno no va a desviarse ni un ápice de lo que ha venido siendo una constante: su desprecio absoluto a una Educación pública, gratuita, universal y compensadora de desigualdades.

Sólo unas cifras para situar el problema en su contexto. Según datos de Eurostat, en los últimos cuatro años se han recortado 7.764 millones de euros en profesorado, aulas, apoyos o becas. El porcentaje del PIB destinado a Educación (un 4,3%) desciende y se aleja de la media europea (6,25%) y de los países de la OCDE (5,6%). Por si eso fuera poco, el próximo Gobierno del PP se ha comprometido con la Troika a situar el gasto educativo en 2017 en el 3,9%. Según Enrique J. Díez Gutiérrez, profesor de la Universidad de León, ello supone que España esté en el puesto 25, de 35 países de la OCDE, en gasto educativo, aunque un reciente informe de este organismo concluya, de forma tajante, que «una educación de calidad necesita una financiación sostenible». Pero España destina entre 1.335 y 2.670 euros menos por alumno y año que la media de la OCDE.

Es clara, pues, la intencionalidad del Gobierno con la política educativa que ha venido imponiendo y con esas reválidas momentáneamente aplazadas: expulsar del sistema de educativo a un buen número de estudiantes, en un contexto de una visión mercantilista de la Educación. La comunidad educativa es consciente de ello. De ahí que la movilización del pasado día 26 parece anunciar el reinicio de un nuevo ciclo reivindicativo, que puede extenderse a otros ámbitos y sectores, en una legislatura que se intuye 'caliente'.