El primero es un oxímoron de libro. Nombrar «PP» y «protección del Mar Menor» en la misma frase es un contrasentido evidente y a las pruebas me remito. Por ejemplo, la derogación de la ley de «medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental del Mar Menor» de 2018, sustituyéndola por otra más permisiva con la agroindustria intensiva; el incumplimiento del plazo previsto para la aprobación del Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor anulando así el efecto de la moratoria urbanística establecida; la no aprobación del Programa de Actuación específico para la zona vulnerable a la contaminación por nitratos del Campo de Cartagena, que debería estar en vigor desde junio de 2020, o el fiasco de la construcción de los biorreactores para desnitrificar los caudales circulantes por la Rambla del Albujón, cuando lo sensato sería desnitrificar a nivel de parcela, son evidencias del desnorte de López Miras y su gobierno en esta materia.
El segundo se refiere al acuerdo entre el Gobierno regional y sindicatos para la recuperación de la jornada de 35 horas en la Administración pública y del que López Miras informó a los más de 60.000 empleados públicos el mismo día de su firma a través de correo electrónico como si fuese una iniciativa suya. Quizás Miras no sepa que fue Rajoy quien suprimió esta conquista laboral en 2012 y que él mismo pudo recuperarla en el ámbito regional, al menos para el profesorado, en 2019 tras la aprobación de la ley de «mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria» que, entre otras cosas, dejaba en manos de las CC.AA. la eliminación del incremento del horario lectivo del profesorado impuesto por el decreto 14/2012. Y, sin embargo, ha sido a través de un acuerdo marco estatal para el conjunto de las Administraciones públicas entre el Gobierno central y los sindicatos CC.OO. y UGT, como se ha recuperado la jornada perdida. Eso sí, no sin resistencia del Gobierno regional.
Por último, López Miras anuncia como medida de su programa en política social la elaboración de un catálogo de recursos y prestaciones de servicios sociales que ya debería estar hecho, toda vez que el plazo que la Ley de Servicios Sociales de la Región de Murcia determinó para su aprobación (dos años) está prácticamente agotado. Como siempre López Miras va tarde, se llama ineficacia.