En manos de la Audiencia Nacional está el asunto de la empresa Alu Ibérica, heredera de Alcoa, cuyas plantas de Avilés y La Coruña terminaron en el Grupo Industrial Riesgo. Sus gestores están acusados de desviar fondos de la compañía para adquirir criptomonedas. Previamente a esta operación, quien hizo de intermediario en la transacción (Grupo Parter), depositó en Suiza los 13 millones de euros que cogió de las fábricas asturiana y gallega para supuestamente prestárselos al comprador final, lo que también está en manos de la Justicia.

Lo descrito es un paradigma de cuál es el funcionamiento del capitalismo realmente existente en estos tiempos modernos, sobre todo desde 1980: los beneficios obtenidos en la producción de bienes y servicios se destinan, no a la inversión o a la mejora de salarios, sino a obtener ganancias especulativas. Rendimientos rápidos y arriesgados que permiten que las acciones de una compañía se revaloricen, que es el fin último de todas las operaciones empresariales desde que el neoliberalismo se enseñoreó de lo que se ha dado en llamar históricamente economía de mercado que, al contrario de lo que pregonan sus profetas, tiene muy poco de mercantil.

Hace unas semanas, el propio Fondo Monetario Internacional (FMI)advertía sobre la expansión incontrolada de instrumentos financieros como los fondos de pensiones y los de alto riesgo, que se lanzan frenéticamente a apostar tanto por la elevación de los títulos de deuda como por su descenso brusco, en la búsqueda compulsiva de un lucro desmesurado a muy corto plazo, caiga quien caiga y cueste lo que cueste. Ingentes cantidades de capital se limitan a cambiar de manos sin crear nada. Y toda esa masa de dinero operando sobre una producción limitada dispara la inflación, como no podía ser de otra manera. De ahí que hasta el propio Banco Central Europeo(BCE) y alguna que otra institución internacional admitan que la subida de precios que padecemos se fundamenta, en gran medida, en los beneficios empresariales, y no sólo de los que proceden de los circuitos financieros, sino también de las empresas que mantienen una posición de dominio en el mercado.

Tomemos un par de ejemplos de esto último. A las seis grandes constructoras de este país, entre las que se incluyen la ‘fugada’ Ferrovial y la de Florentino Pérez (ACS, con papel protagonista en nuestro escándalo murciano de la desaladora de Escombreras), les fue impuesta una multa el año pasado, por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia(CNMC), de 203 millones. La causa: conchabarse, en perjuicio de constructoras locales, para repartirse las adjudicaciones de infraestructuras de las distintas Administraciones. Sanción que, pese a su insignificancia en relación a las facturaciones de esas compañías, fue anulada por la Audiencia Nacional, ejemplo palmario tanto del sentido de clase como del firme compromiso con el Estado de Derecho de nuestras más altas instancias judiciales. Observemos los elementos que aquí concurren. Primero, unas grandes compañías que, estableciendo un acuerdo colusivo, sangran los presupuestos al imponer los precios de licitación, merced a su ‘ascendencia’ sobre una parte de la clase política. Segundo, prosiguen su cruzada contra la hacienda pública gracias al sistema fiscal regresivo que padecemos. Y tercero, no tienen estímulo alguno para innovar dado su apabullante poder de mercado, de manera que una parte de sus enormes beneficios los destinan, no a la inversión sostenible, sino a inflar burbujas (desde inmuebles a criptomonedas, pasando por macrogranjas, por ejemplo) que periódicamente explotan con las consecuencias ya conocidas(y padecidas).

El segundo ejemplo nos remite a 2018, cuando los bancos más grandes del país, sólidas multinacionales algunos de ellos, fueron sancionados por la CNMC con ¡91 millones! por ofrecer créditos y derivados financieros a constructores de parques eólicos con una apariencia falsa de los precios. Es decir, por engordar irresponsablemente una burbuja como es, en estos momentos, la de las energías renovables. Claro que el sistema financiero, cuando pierde en la ruleta, es salvado por los y las contribuyentes de este más que generoso país.

Y a este respecto, quien confiaba en que lo de los rescates a los banqueros irresponsables y especuladores había pasado a la historia, verá su gozo en un pozo echando un vistazo a la reforma sobre la gestión de las crisis bancarias que está preparando la Comisión Europea. En los documentos que se han avanzado, se garantiza liquidez a los bancos cuyos activos(por ejemplo, bonos de deuda)se hayan devaluado. Y se hará comprando éstos a su precio en origen. Y seguro que adivinan, queridos lectores y lectoras, quién va a garantizar esa liquidez: ustedes a través de las cuentas estatales y/o europeas. Claro que para evitar que esto dispare el déficit y la deuda, los gobiernos se verán impelidos, cómo no, a reducir el gasto público (excepto el militar); es decir, los recortes serán la garantía de que los tipos de interés no suban o, en caso de que lo hagan, sus consecuencias no repercutan sobre los activos en manos de la banca. Como siempre, las finanzas por encima de la economía real y de la gente.

Concluyendo: el capitalismo realmente existente no es ese mercado idealizado donde concurren libremente unos emprendedores cuyas rentas dependen de la cantidad y calidad de lo que sean capaces de ofrecer, sino un sistema dominado por unos oligopolios que han anulado la competencia y distorsionado los precios, y donde las rentas que extraen a la sociedad se destinan a jugar en el casino. Donde, no olvidemos, la banca siempre gana.

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