El próximo sábado se cumplen 92 años de la instauración de la Segunda República española, una experiencia democrática que Antonio Machado resumió en un artículo conmemorativo del sexto aniversario (1937) de manera simple y magistral: «Unos cuantos hombres honrados tuvieron la insólita y genial ocurrencia de legislar atenidos a normas estrictamente morales, de gobernar en el sentido esencial de la historia, que es el del porvenir. Para estos hombres eran sagradas las más justas y legítimas aspiraciones del pueblo; contra ellas no se podía gobernar, porque el satisfacerlas era precisamente la más honda razón de ser de todo gobierno».

Una experiencia que, sin embargo, terminó bruscamente por un golpe de estado fascista contra el gobierno legítimo del Frente Popular. La herida abierta por este suceso en la sociedad española sigue sin cerrarse, después de casi un siglo, pendientes de la verdad, la justicia y la reparación que de manera justa toda víctima reclama.

No obstante, las leyes de Memoria Histórica (2007) y de Memoria Democrática (2022), han venido a enmendar en buena medida el olvido al que han estado sometidas las víctimas durante décadas, así como a restañar las injusticias que supusieron, por ejemplo, las condenas de los juicios sumarísimos de la represión franquista o a acabar con la afrenta que supone la existencia de símbolos de la dictadura todavía presentes en nuestras calles y edificios.

No obstante, las leyes de Memoria Histórica (2007) y de Memoria Democrática (2022), han venido a enmendar en buena medida el olvido al que han estado sometidas las víctimas durante décadas, así como a restañar las injusticias que supusieron, por ejemplo, las condenas de los juicios sumarísimos de la represión franquista o a acabar con la afrenta que supone la existencia de símbolos de la dictadura todavía presentes en nuestras calles y edificios.

La mayoría de CCAA (13), incluso, han desarrollado leyes y normativas memorialistas propias, exceptuando las gobernadas por el PP; Castilla-León, Madrid, Galicia y, por supuesto, la Región de Murcia, con el fin de dar mayor impulso a la verdad, la justicia y la reparación que las víctimas y sus familiares demandan.

Sin embargo, la conmemoración de la Segunda República no es un ejercicio de nostalgia ni una proclama exclusiva por un cambio de sistema de Estado. Es también una propuesta de futuro que trata de dar respuesta a «las justas y legítimas aspiraciones del pueblo», muchas consagradas en la actual Constitución pero no cumplidas en la práctica o al albur del gobierno de turno: trabajo y salario dignos, sanidad y educación públicas de calidad, acceso a una vivienda digna, derecho a disfrutar de un medioambiente adecuado, la garantía de la suficiencia económica de las personas mayores mediante pensiones adecuadas o el reconocimiento de la plurinacionalidad de nuestro país. Garantizar estos derechos y otros muchos es la propuesta republicana de futuro. ¡Feliz aniversario!