El martes pasado, cuando López Miras hacía balance de su gestión en esta legislatura ante un público selecto y escogido, los sindicatos de clase, CCOO y UGT, realizaban una ronda por diversas sedes de partidos políticos presentando sus propuestas para erradicar la brecha salarial de género en nuestra Región.

No obstante, LM no mencionó este asunto en su discurso a pesar de que las mujeres murcianas cobran 5.220 euros menos que los hombres (-20,7%. INE 2020) y 2.460 euros menos que la media de las mujeres del resto del Estado y a pesar de que existe un documento denominado «Estrategia 2019-21 para la eliminación de la brecha salarial en la Región de Murcia» firmado por su Gobierno y de cuyo incumplimiento debería haber dado cuenta en su exposición.

También otras cuestiones fueron obviadas en el balance presidencial. Por ejemplo, alguna explicación que aclarara por qué mantiene las condiciones laborales del profesorado derivadas de los recortes presupuestarios de 2012 o por qué solo ha ejecutado el 43% de las inversiones previstas en infraestructuras educativas (37% en la etapa de Mabel Campuzano) o qué gestión ha hecho de las listas de espera para que en el Área III de Salud la espera media para una consulta con un especialista sea de 212 días cuando al comienzo de su mandato como presidente era de 84 días y 106 el mes antes del confinamiento.

Igualmente sería interesante oír la opinión de LM sobre el penúltimo puesto que la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales adjudica a la Región de Murcia en el índice de desarrollo de los Servicios Sociales (AEDGSS-2022) «con un desarrollo irrelevante y una tendencia decreciente desde 2017» o su explicación de por qué somos una de las tres Comunidades autónomas, junto con Madrid y Cataluña, que ha disminuido el gasto en políticas sociales entre 2019-2021 (-11,2 millones, -0,27%) o por qué no ha cumplido con los objetivos básicos del Plan de Choque para la mejora del Sistema de la Dependencia a pesar de la ayuda estatal recibida (17,7 millones).

Tampoco ninguna explicación de sus políticas para impulsar el cambio de un modelo productivo que mantiene al 43% de los asalariados/as con ingresos equivalentes al SMI (38% media estatal) y el tercer salario medio más bajo del país (AEAT-INE 2021).

¿Cuántos de estos déficits se podrían haber afrontado con voluntad política y los 1.400 millones regalados a las rentas más altas?