Un día de febrero de 1981 el teniente coronel Tejero irrumpió, pistola en ristre y seguido de un nutrido grupo de guardias civiles, en el Congreso de los Diputados, secuestrando a los diputados y a la espera de la ‘autoridad militar competente’. Un día de diciembre de 2022, varios magistrados del Tribunal Constitucional(TC) de España, en situación ilegal por mandato caducado, votan contra su propia recusación (a pesar de la obligación legal de inhibirse). A estas dos ilegalidades suman una tercera, sin duda la más grave: impiden que el Senado vote una reforma, validada ya por el Congreso, que busca sortear, modificando el sistema de elección de magistrados, el bloqueo que el PP mantiene sobre el máximo órgano judicial. Traduciendo: un altísimo tribunal del Estado, secuestrado por la mayoría ultra que lo ha ocupado vulnerando la Constitución, dictamina que el Parlamento, expresión máxima de la soberanía popular, no puede ejercer su función de legislar.

Lo que Tejero intentó por la vía de las armas, sus señorías lo han hecho mediante las togas: anular el Parlamento, es decir, desposeerlo de la capacidad exclusiva que tiene de hacer las leyes, previo debate de las mismas. Técnicamente, y sin meterme en profundidades jurídicas que escapan a mi comprensión, estamos ante un golpe de Estado, siquiera sea parcial y temporal: un poder judicial ilegítimo, con miembros que no debieran pertenecer al mismo, anula el poder legislativo tras votar en contra de su propia recusación, procediendo así a perpetrar el delito de prevaricación, según aseguran magistrados de prestigio y catedráticos de Derecho Constitucional. Y no hay precedentes ni en España ni en la Europa democrática sobre algo de esta naturaleza, lo que abunda en la excepcionalidad española en lo que hace a la vigencia del Estado de Derecho y las libertades democráticas.

Y la pregunta que surge es por qué pasa algo tan burdo en nuestro país, cómo es posible que unos hechos tan objetivamente perversos, inconcebibles en los países de nuestro entorno, sean contemplados con naturalidad por toda la derecha y casi todos los medios de comunicación.

Y la respuesta nos lleva a los orígenes de la Transición: ésta se construyó sobre los aparatos de Estado heredados de la dictadura y el mantenimiento de los privilegios de las élites que sostuvieron el Régimen, cuyos intereses canalizaron a través de una derecha política que se mantiene inalterable en la defensa de los valores más reaccionarios, entre los cuales destaca su absoluto desprecio por la democracia.

Efectivamente, los jueces del siniestro Tribunal de Orden Público pasaron a la Audiencia Nacional y al Supremo, y los militares y policías simplemente cambiaron de uniforme. Por eso hicieron el 23F y han mantenido a lo largo de las décadas un poso de Estado profundo integrado por jueces y policías que no han dudado en quebrar un montón de leyes fabricando pruebas falsas contra la izquierda e intentando encubrir la corrupción del PP. Partido que, cada vez que ha perdido las elecciones, ha bloqueado la renovación del poder judicial con el fin de seguir mandando a través de las togas, incapaz de hacerlo por las urnas. En este sentido, poco se ha reparado en el escándalo inaudito que supone la penúltima excusa de Feijoo para no cumplir con el mandato constitucional de renovar los órganos de gobierno de los jueces y los altos tribunales: el gobierno no le ofrece confianza al estar en manos de los enemigos de España. Obsérvese la lógica perversa que se esconde tras este argumento: sólo la derecha puede estar en el gobierno. Cuando la democracia conduce a la izquierda real hasta el ejecutivo, todo vale, incluso violentar la Constitución, porque el poder es, de natural, de las gentes de orden.

De ahí que desde el minuto uno en que se constituyó el gobierno de coalición, toda la derecha lo calificó de ilegítimo, lo que implícitamente invoca su derrocamiento por los medios que sea, hasta el punto de que ya explícitamente se dice que contra el gobierno se llegará hasta ‘donde haga falta’ (Feijóo) y que nos encontramos ante una ‘deriva totalitaria’ del ejecutivo (García-Margallo), comprando de este modo, sin filtro alguno, el discurso trumpista de Ayuso.