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Murcia ante el Tribunal de Justicia europea Featured

 José Luis Álvarez-Castellanos

El pasado lunes, 31 de octubre, el Diario Oficial de la UE publicó el recurso interpuesto contra el Reino de España por incumplimiento de la Directiva relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura, señalando a varias CCAA, entre ellas Murcia, como responsables de dicho incumplimiento.

En el caso de nuestra Región el motivo aducido es no adoptar las medidas adicionales ni las acciones reforzadas que se consideren necesarias en el caso, como ha ocurrido, de que las medidas iniciales adoptadas para el control de los nitratos de origen agrario, que incluye la aplicación obligatoria de un Código de Buenas Prácticas Agrarias y de medidas que limitan y condicionan la utilización de fertilizantes, no surtan el resultado esperado.

Dichas medidas adicionales y acciones reforzadas deben recogerse en un nuevo Programa de Actuación tras la revisión del programa anterior, revisión que debe hacerse a los cuatro años de su aprobación durante los seis últimos meses del periodo. Sin embargo, este nuevo Programa de Actuación sigue en trámite a pesar de que el anterior data de 2016 y según el director general del Agua de la Consejería de Agricultura, José Sandoval, no se prevé que se apruebe hasta el verano que viene, tres años tarde, si es que se aprueba elecciones por medio.

Añadan a esto que la regulación de la figura de los operadores agroambientales, necesaria para que puedan operar y a los que la ley adjudica la responsabilidad del control de la aplicación de las normas del Programa y de las contempladas en la ley 3/2020 de recuperación y protección del Mar Menor, ha tardado en publicarse en el BORM casi dos años cuando la propia ley estableció un plazo de seis meses. Operadores agroambientales, por otra parte, que se convierten en una suerte de inspección externalizada pagada por las propias empresas agrícolas.

Este estado de desidia e incapacidad por parte del Gobierno regional, entre otros, para cumplir con la ley es lo que ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia Europea, desidia e incapacidad que no tienen pinta de que vayan a cambiar a tenor de la actitud desafiante y macarra del lobby de la agroindustria intensiva que capitanean Vox y la Fundación Ingenio y el comportamiento timorato de un gobierno regional mediocre incapaz de cumplir y hacer cumplir sus propias leyes.

 

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