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Los impuestos, la derecha y la democracia Featured

 Pepe Haro

Sostiene el ínclito presidente andaluz que un residente catalán con un patrimonio de unos 2 millones por el que abona a Hacienda unos 6.000 euros anuales, se consume por la ansiedad que le provoca la espera por irse a vivir a la autonomía que gobierna el Sr. Moreno Bonilla. Incluso pagando el precio de abandonar, al menos durante una parte del año, el sitio donde nació y creció, así como a familia y amigos, con el fin de ahorrarse aquel tributo, aunque el beneficio resultante quede mermado por los costes derivados del traslado, como la adquisición de una vivienda. Pero es más: este saldo que se embolsa como consecuencia de su nuevo domicilio fiscal va a invertirlo, en un alarde de generosidad y emprendimiento, en la tierra que le acoge, generando así la importante cantidad de puestos de trabajo que, como todo el mundo sabe, unos 5.000 euros pueden inducir, hasta el extremo de compensar con creces la supresión del impuesto de patrimonio para los andaluces adinerados.

Esta línea argumental, al aderezarse con una buena dosis de populismo barato y medias verdades, evita que el que la expone estalle en carcajadas, sorprendido de la gracia del chiste que está contando.

No menos gracia tiene ese otro cuento que, también proveniente de la derecha, nos quiere convencer de que renunciando la Administración a un buen puñado de millones de euros que llegan por los impuestos a cambio de que el ciudadano o ciudadana corriente disponga de unos pocos euros más al mes en el bolsillo, la demanda se disparará y el Estado recuperará lo que ha dejado de percibir. Vamos a poner algún ejemplo que ilustra esta bonita fantasía. La deflactación de las tarifas del IRPF propuesta por el PP murciano ahorra 12 millones a los seiscientos mil contribuyentes de esta tierra. O sea, el gobierno regional pierde esa cantidad, con la que podría contratar a un buen puñado de sanitarios, con la extraordinaria contrapartida de que la mayoría de los asalariados murcianos tengan en su poder, por término medio, unos 20 euros más al año. Como cualquiera puede apreciar, esos 1,66 euros al mes que la gente va a llevar de más en el monedero van a provocar que el consumo en el súper crezca exponencialmente, hasta el punto de que a las arcas públicas va a llegar dinero a espuertas en concepto de IVA e IRPF.

La última película es aquélla que nos narra cómo cuando a los más ricos se les perdonan impuestos que sólo ellos abonan realmente, como los de sucesiones o patrimonio, se lanzan apresuradamente, con los remanentes obtenidos, a montar empresas o a comprar en el Mercadona como si no hubiera un mañana, con lo que estarían retornando a la sociedad con creces, en forma de empleo y riqueza, lo que han dejado de pagar. Eso que dicen los expertos y economistas de que los millonarios que ven reducida su presión fiscal invierten los excedentes de renta en acumular patrimonio, engordar sus depósitos bancarios o adquirir bienes de lujo, es un bulo socialcomunista, al igual que aquél que afirma que las que generan inversión son las empresas, no los particulares forrados. En Murcia, la derecha ha eximido a 33.000 contribuyentes, el 5% del total, de pagar 330 millones por sucesiones y donaciones. Tengo la convicción de que esa ingente cantidad de dinero ha sido invertida, naturalmente, en la producción de bienes y servicios. Al igual que los 27 millones que nuestra Comunidad va a perder cuando suprima el impuesto de patrimonio a los 4.500 murcianos más agraciados por la fortuna.

Dejamos las bromas aparte porque este asunto de los impuestos es el más serio de cuantos atañen a la política. Hasta tal punto que es la columna vertebral del Estado Social y Democrático de Derecho. Efectivamente, sin una fiscalidad progresiva no hay, sencillamente, democracia. Porque ésta no existe sin servicios públicos y con un grado de desigualdad extrema como el que configuraría el horizonte fiscal al que nos quieren llevar las derechas, que aspiran a una sociedad en la que la gente que más tiene no pague apenas nada, de manera que los derechos sociales sucumban en favor de un régimen de beneficiencia como el que precedió al Estado del Bienestar. Y sabemos que en ese marco de caridad no había justicia: sólo señoritos y pobres.

Esto explica la subasta a la baja de la presión impositiva que han emprendido las comunidades del PP para conseguir, según palabras de Ayuso, que no haya impuestos en ningún sitio a fin de evitar la competencia entre autonomías. Lamentablemente, a esta carrera se han apuntado algunos barones del PSOE que han creído vislumbrar un yacimiento de votos en la promesa de reducciones fiscales para todos y todas, sin caer en la cuenta de la irresponsabilidad que supone cercenar las bases de la cohesión social, es decir, de la propia convivencia.

En todo caso, en el conjunto del Estado Español está pendiente la implementación de un sistema fiscal justo que reparta la carga tributaria en proporción a los ingresos y patrimonio de cada cual. Nos faltan la friolera de, al menos, unos 70.000 millones cada año sólo para parecernos a los países de nuestro entorno. El problema es que los grandes partidos de este país, particularmente las derechas, carecen de conciencia fiscal. Quizá porque no tienen muy asentada la conciencia democrática.

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