Los decretos leyes siempre traen sorpresas aprovechando que el Pisuerga pasa por

Valladolid, el Segura por Murcia y sabe dios qué río por da igual qué ciudad.

Se trata de un procedimiento que el Estatuto autonómico reserva al Consejo de Gobierno para casos de extraordinaria y urgente necesidad y que, sin embargo, éste utiliza a conveniencia para introducir cambios legislativos hurtando el legítimo debate parlamentario y ciudadano que se produciría en un procedimiento legislativo ordinario, sin que dichos cambios, además, tengan relación con circunstancia extraordinaria alguna que los justifique y sí con una finalidad concreta que busca satisfacer un interés determinado, que no suele ser el general.

Es el caso, por ejemplo, del decreto-ley de mitigación del impacto socioeconómico del covid-19 en el área de Medio Ambiente, que revisó ampliamente la ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia introduciendo modificaciones como el incremento del 15% al 30% del porcentaje de vertidos contaminantes permitidos de una actividad sin necesidad alguna de que se realice una nueva evaluación de impacto ambiental.

Como podrá apreciarse, la relación entre la medida, su urgencia y su relación con la Covid19 no puede ser más ‘extraordinaria’ y surrealista, aunque, eso sí, con todo el sentido para López Miras.

Ahora le ha tocado el turno al Consejo de la Transparencia. El decreto-ley de dinamización de inversiones empresariales, libertad de mercado y eficiencia pública, recientemente aprobado por el Consejo de Gobierno, introduce una disposición derogatoria única que invalida la Resolución del presidente del CTRM por la que se creó la Sede Electrónica de dicho Consejo, registro habilitado con la finalidad de agilizar las respuestas a las solicitudes de información de la ciudadanía que la Administración regional le negaba por el conducto ordinario.

La cosa huele a venganza, no hay duda, por el empeño de Pérez Templado, el anterior

presidente dimitido, y de Santiago Álvarez, su sucesor también dimitido, en hacer del

CTRM un órgano independiente, eficaz y transparente y, sobre todo, por haber clavado en su web, como si de las 95 Tesis de Lutero se tratara, el anuncio de que las 158 reclamaciones presentadas en 2022 están sin resolver debido al bloqueo por parte de la Comunidad para impedir el normal funcionamiento de la institución como órgano independiente y de control.

Las afrentas se pagan, no se perdonan. Así son ellos.