La gente está desconcertada: no sabe qué va a pasar en un futuro inmediato, quizás tras este verano extraño que, en sus estertores septembrinos, preludia incertidumbre. La pandemia, a la que han seguido la crisis energética, la inflación, la guerra y la crisis climática, han generado un cuadro de ansiedad que cataliza la psicología social en un sentido desmoralizador, generando una sensación de impotencia colectiva muy peligrosa por cuanto el personal siente que no tiene en sus manos las riendas de su destino, sino que éste viene marcado por acontecimientos aparentemente ajenos, impredecibles y siniestros, sobre los que cree no tener control alguno.

Ante estado de las cosas, las mayorías políticas muestran dos actitudes diferentes. Por un lado, tenemos a una derecha(PP y Vox) echada al monte, que exhibe un radicalismo sin parangón entre sus pares europeos. Como remedio a esta difícil situación, pregonan odio contra todo lo que huela a progresismo y diversidad. Los inmigrantes, las feministas, los sindicalistas, la izquierda, el colectivo LGTBI…Todos ellos y ellas serían los responsables de lo que nos pasa porque habrían impuesto al conjunto de la sociedad tanto sus valores como su proyecto político y social. Animan un rechazo muy agresivo hacia todo ese universo. Y la única alternativa que ofrecen es bajar los impuestos a los más acomodados para que de ese modo esté justificado, ante la falta de recaudación, el desmantelamiento definitivo de los servicios públicos a los efectos de su privatización. Una política siniestra escondida dentro de una retórica populista y frases vacías(cuando no delirantes) con las que agitan a la sociedad, contando para ello con unos medios y un aparato judicial que desempeñan el papel de gladiadores en esta cruzada contra los avances sociales. Murcia y Madrid constituyen la expresión más completa de este inquietante proceso de ingeniería social con el que experimentan los trumpistas hispanos.

El otro comportamiento se ubica en el gobierno. Asegura que lleva a cabo una política que no deja a nadie atrás en esta difícil coyuntura. Ocurre que, en el contexto de este relato, se generaron en el electorado de izquierdas unas expectativas que, conforme pasa el tiempo, se ven constreñidas, de suerte que ese mensaje optimista inicial en el sentido de que íbamos hacia un cambio real, llevado a cabo por el gobierno más progresista de la historia, se trunca y deviene en una percepción de incapacidad para conseguir una transformación efectiva de las condiciones de vida de la mayoría social. Lo cual conduce a la frustración.

Porque siendo cierto que se han acometido una serie de modificaciones legislativas que han mejorado la vida de las personas, a la hora de dar el salto definitivo para convertir en estructurales aquellos aspectos que contenía el acuerdo firmado entre Sánchez e Iglesias, al socio mayoritario del gobierno le han empezado a temblar las piernas. Abordemos primero lo que concierne a la democratización del Estado. Se ha alumbrado un ley de secretos oficiales que, garantizando la impunidad del franquismo y de los excesos cometidos durante la Transición(se desclasificarán secretos a partir de los 50 años, sin aplicación retroactiva), ha sido recusada por organizaciones de derechos humanos, jurídicas y periodísticas. El PSOE une sus votos reiteradamente a la derecha y extrema derecha para impedir que el emérito rinda cuentas por sus tropelías ante el órgano de la soberanía popular. Una Ley de la Corona que ponga fin a la indecente inviolabilidad del monarca, ha pasado a mejor vida dentro de los planes de Sánchez.

En otro ámbito, se ha renunciado a implementar una reforma fiscal de verdad, que acabe con la regresividad que, en este campo, sufre nuestro país. El asunto se ha quedado en gravar temporalmente a energéticas y bancos, recaudando 7000 millones en dos años, en lugar de abordar un nuevo sistema fiscal que permita ingresar anualmente varias decenas de miles de millones de euros más, siquiera sea para parecernos a la eurozona. Ante la inflación energética que nos azota, se ha optado por topar el gas, pero con la particularidad de que la producción a pérdidas de las gasistas las asume el consumidor, de modo que se da la paradoja de que en Francia, con un precio de la luz en el mercado mayorista que triplica el español, la luz ha subido sólo un 4%, mientras que aquí rondamos el 60%. La clave está en que nuestros vecinos tienen una empresa pública de energía que tiene la orden de no incrementar el recibo más allá de aquel porcentaje. El PSOE y las derechas han impedido que dispongamos de algo como los franceses.

Margarita Robles y el presidente del Gobierno, en coherencia con la sumisión atlantista de la que presumen, han decidido duplicar el gasto militar español, a mayor gloria del complejo militar industrial de EEUU y en perjuicio de nuestro gasto social. Eso después de traicionar a los saharauis acatando así la estrategia americana en el norte de África. El grupo parlamentario socialista rechazó una proposición de ley de UP para la integración voluntaria de los centros concertados en la red pública. Ministras y ministros de Sánchez elogian a una patronal que, nadando en beneficios, se niega a renovar los convenios e incrementar unos salarios ahogados por la carestía de la vida. Y, en fin, la Ley Mordaza ahí sigue; y respecto de una ley de Vivienda digna, el grupo mayoritario de la coalición gubernamental arrastra los pies dentro de una estrategia visiblemente dilatoria.

Por suerte, frente al odio-miedo que inducen unos y la frustración que provocan otros, Yolanda Díaz se ha animado a levantar una idea que tiene como finalidad retomar aquel anhelo que se sustanció, hace unos años, en el sí se puede que atronó las plazas. Hace falta voluntad política de llevar a cabo, con rigor y determinación, lo que está pendiente de resolver en España para que de una vez por todas nos convirtamos en un país democrático, justo y moderno. Se trata de sumar, a este fin, todas las esperanzas que hay dispersas en la sociedad.

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