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A golpe de sentencia Featured

 José Luis Álvarez-Castellanos

La estrategia del gobierno regional de judicializar el problema del Mar Menor para diluir su responsabilidad sobre el deterioro de la laguna hace aguas a cada golpe de sentencia.

Primero fue el TC quien dejo claro, en 1994, que las competencias de ordenación del territorio y de protección medioambiental son de la CARM, rechazando el recurso de inconstitucionalidad del PP contra la ley 3/1987 de Protección del Mar Menor.

En octubre pasado la Fiscalía del Supremo archivó la denuncia contra la ministra Ribera interpuesta por el gobierno regional, quien pretendía endosarle la responsabilidad del episodio de anoxia producido en agosto de 2021; y en mayo el TSJ de Murcia rechazó el recurso del gobierno regional contra el acuerdo de la CHS de julio de 2020 que establecía medidas cautelares para proteger el acuífero del Campo de Cartagena ante el empeoramiento del estado del Mar Menor y la inexistencia del nuevo Programa de

Actuación para reducir la contaminación causada por los nitratos de origen agrario, programa que es responsabilidad de la CARM y acumula dos años de retraso.

Este mismo tribunal ha dictaminado recientemente la competencia de la CARM para incoar expedientes de responsabilidad medioambiental por vertidos ilegales que terminan en el Mar Menor procedentes de la agricultura intensiva y que se resistía a iniciar mediante diversas maniobras dilatorias.

Ahora es la Audiencia Nacional quien acaba de decirle a López Miras que está justificada la reducción de aportes del Trasvase Tajo-Segura para frenar la contaminación del acuífero del Campo de Cartagena y se lo repetirá cuando resuelva otros recursos similares.

Finalmente el TC ha admitido a trámite un recurso del gobierno central contra la exigencia, introducida por el ejecutivo regional en el decreto-ley de Protección del Mar

Menor, de que haya una resolución firme de la CHS sobre el cese de regadíos ilegales antes de que la consejería competente ordene la restitución de los terrenos correspondientes, en el que aduce que dicha exigencia “dificulta, reduce y dilata” la protección del ecosistema lagunar.

Toda esta cascada de sentencias y actuaciones judiciales, junto al caso Topillo, certifican, por si cabía alguna duda, la relación directa entre el deterioro de la laguna y los efectos contaminantes de la agricultura intensiva y evidencian la dejación de funciones del gobierno regional ¿Cuantas veces más se lo tienen que decir a LM para que lo entienda?, o para que lo admita y actúe en consecuencia.

 

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