Siete de cada diez trabajadores carecen de protección ante el alza de los precios, aunque tengan convenios colectivos

La pandemia se ha llevado más de cien mil vidas por delante en España y el coste de ese dolor es imposible de medir, no tiene precio. Pero además, en términos económicos, en nuestro país se perdió un 10,8% de la riqueza medida en términos de PIB en 2020 y será en 2022 cuando se recuperen los niveles previos a la covid-19.

La respuesta desde las administraciones públicas ha sido radicalmente diferente a la realizada en la crisis que estalló en 2007. En primer lugar, por el considerable gasto realizado para abordar de forma directa la pandemia, que ha ascendido a 79.603 millones de euros, lo que supone un 3,4% del PIB del período. Además, el Estado asumió el 87% del déficit de las administraciones públicas y sostuvo la práctica totalidad del gasto extraordinario originado por la pandemia, transfiriendo volúmenes importantes de recursos tanto a las comunidades autónomas como a las corporaciones locales para garantizar los servicios públicos esenciales en medio de la pandemia.

En total, se han emitido 140.000 millones de euros de deuda pública adicional para hacer frente al gasto covid y para el despliegue del escudo social con 28.000 millones para los ERTE, 10.000 millones para prestaciones de autónomos y 11.000 millones de euros en ayudas a la solvencia empresarial. No solo eso. También se han movilizado otros 140.000 millones de euros para avales del ICO que han sido destinados a afianzar a empresas y a autónomos o autónomas.

Se trata de un volumen de recursos públicos movilizados que no tiene precedentes. Todas las medidas citadas, más las moratorias en el pago de impuestos y cotizaciones, han permitido evitar un desplome total de las rentas y reducir la destrucción de empleo con el consiguiente efecto positivo en la recuperación económica.

Pero si para las familias trabajadoras ha sido positiva la forma de abordar la crisis, quienes se han puesto de verdad las botas han sido las empresas, sobre todo las más grandes. Han recuperado a toda velocidad sus beneficios. Las que forman parte del Ibex obtuvieron en 2021 un beneficio neto récord de 57.797 millones de euros frente a las pérdidas registradas en 2020 de 8.088 millones de euros. Si comparamos con lo ocurrido en 2019, el resultado positivo de estas grandes empresas creció un 83,5%. Es evidente que el escudo social ha protegido al gran capital, aunque eso sí, no todos los sectores han conseguido éxito similar. Las compañías eléctricas y petroleras consiguieron cuadruplicar su beneficio en 2021 con respecto al año anterior. En 2020 estas empresas habían mantenido sus beneficios con respecto a 2019. La construcción tampoco se quedó a la zaga y ha tomado impulso: frente a pérdidas que rondaban los 456 millones en 2020, han logrado 17.783 millones de beneficio neto, cuatro veces más que los obtenidos en 2019. La banca y los servicios financieros e inmobiliarios han pasado de registrar pérdidas superiores a los 5.000 millones de euros a ganar más de 21.600 millones, y las empresas del sector tecnológico y las telecomunicaciones multiplicaron por diez sus beneficios en 2021 con respecto a 2020 y los triplicaron con respecto a 2019.

En definitiva, gracias a las medidas implementadas por el Gobierno de coalición, la mayoría de la gente se ha visto protegida de los efectos más duros de la crisis económica detonada a partir del estallido de la pandemia, pero las grandes empresas no solo se han defendido de la situación, sino que se han apropiado de considerables beneficios que no hubieran logrado sin la actuación pública.

El caso más paradigmático es el de las empresas eléctricas y petroleras que han ejercido su capacidad de fijar precios en mercados alejadísimos de la teoría económica que los sacraliza, llamándolos de “competencia perfecta”. Se trata de oligopolios a los que hay que responsabilizar del crecimiento inicial de precios que ha terminado extendiéndose. De hecho, la inflación volvió a repuntar en junio y ha llegado hasta el 10,2%, con carburantes y alimentación disparados.

Que la espiral alcista de precios está relacionada con el abuso consentido a las eléctricas y con la capacidad de las empresas de otros sectores de blindar sus beneficios no es cosa ya de economistas heterodoxos… El Banco de Pagos Internacionales, en un reciente informe, atribuye el actual fenómeno inflacionista a la capacidad que tienen las empresas de mantener sus márgenes ante subidas de costes de materias primas o energía, entre otros. También el Economic Policy Institute dice en un reciente estudio que, en Estados Unidos, desde que empezó la pandemia y hasta el final de 2021, fueron los beneficios de las empresas los que hicieron subir los precios un 54%, mientras que la subida del coste salarial no llegó ni al 8%.

En nuestro país parece estar dándose el mismo fenómeno, porque hasta el mes de mayo la subida salarial de los sectores en los que hay convenio colectivo ha sido del 2,4%, mientras que la inflación ascendía al 8,7%. No nos consta ningún mensaje de alerta ante el impacto inflacionario de los beneficios por parte de la CEOE y del Banco de España, pero sí alertas acerca de lo que podría suponer que las trabajadoras y los trabajadores osasen intentar mantener el poder adquisitivo de sus salarios…

Lo más probable es que sea todavía peor, porque solo hay 1,2 millones de trabajadores con convenios que tienen cláusula de revisión ligada al IPC, y el resto, hasta casi 4,4 millones amparados por los convenios, no tienen ese paraguas. En definitiva, siete de cada diez trabajadores carecen de protección, aunque tengan convenios colectivos. De los muchos y muchas que ni siquiera tienen convenio, ¿para qué hablar?

El mayor éxito de las élites en la anterior crisis fue responsabilizar a la mayoría social de haber vivido por encima de sus posibilidades. Ahora van por el mismo camino.

¿Qué mejor que responsabilizar a la gente que vive de su trabajo, especialmente a la más vulnerable, del control de los precios?

¿Cómo no van a disfrutar quienes están percibiendo dividendos récord por las gigantescas ganancias convenciéndonos de que lo más adecuado para abordar la subida de precios es asumirla?

¿No pensáis que se están riendo de nosotros cuando los grandes accionistas de las eléctricas advierten de que no puedes pedir que te paguen más por tu trabajo, para no perder poder adquisitivo, porque eso dispararía la inflación?

Por si la situación no tuviese ya suficientes elementos de riesgo, el Banco Central Europeo ha recuperado su habitual torpeza a la hora de intervenir en la economía. Sus decisiones en estos últimos meses para responder a la elevada inflación en la eurozona pasarán a la historia. En concreto, a la historia de las decisiones nefastas. La de anunciar la subida de los tipos de interés y la retirada de los estímulos en forma de compra de deuda pública y privada se asemeja a lo que hizo Trichet al comienzo de la crisis en 2008, cuando también decidió elevar los tipos de interés de la zona euro. También lo hizo para “garantizar la estabilidad de precios en la zona europea y frenar las presiones inflacionistas”. El resultado es conocido.

¿Qué efecto está teniendo ya el anuncio de subida de tipos y la reducción de compra de bonos públicos?

La idea subyacente es que cuanto más alto es el tipo de interés, más caros resultan los créditos y en consecuencia la gente se endeudará menos, se enfriará la economía y se controlarán los precios.

Pero hay un problema, y es que los precios no están subiendo porque esté creciendo el crédito desmesuradamente. Los datos no indican eso. Sin embargo, las familias y empresas que están endeudadas, además de pagar más por su recibo de la luz y por el resto de bienes y servicios a causa de la extensión de la inflación al resto de sectores, ahora tendrán que dedicar más recursos a pagar a los bancos.

Los precios de la energía se han disparado, además de por mercados oligopólicos que permiten a las empresas enriquecerse obscenamente, por cuellos de botella en el comercio internacional tras la pandemia y por la guerra de Ucrania. ¿Cómo podría resolver estos problemas elevar los tipos de interés?

Por lo tanto, las decisiones de política monetaria del BCE no solo no van a arreglar las dificultades que las economías europeas atraviesan, sino que las van a agudizar. Porque las empresas a las que les cuesta más la financiación terminarán repercutiendo en los precios de sus productos ese incremento de coste, por lo que la inflación se retroalimentará.

Por si fuera poco, las administraciones públicas también tendrán que dedicar más recursos a pagar intereses a los inversores en deuda emitida por ellas, y eso agudizará las tensiones para compensar ese déficit público adicional con reducciones de gasto en otras partidas. Ya sabéis en qué se le ocurre recortar siempre a la ortodoxia económica. No en gasto militar precisamente…

¿Es torpeza lo que está haciendo el BCE?

En absoluto.

Las entidades bancarias llevan ya varios años reclamando una subida de tipos de interés.

Desde 2009 los bancos en España han perdido 0,56% de margen de intereses, al pasar del 1,36% de diferencia entre el precio al que prestan dinero y el que les cuesta captarlo al 0,80%. Eso les supone más de 20.000 millones menos de margen de intereses cada año. Y quieren recuperarlo.

A final de 2021 las familias debían en préstamos más de 704.000 millones; las empresas no financieras, 1,2 billones de euros; y las administraciones públicas, 1,4 billones de euros. La expectativa de subida de tipos de interés va a permitir a los bancos arañar recursos de todos los agentes económicos porque necesitan ganar más para satisfacer a sus inversores. Y el BCE se pone a su servicio. No deberíamos esperar otra cosa de personas como Lagarde o nuestro conocido De Guindos, aquel que dijo que el rescate no nos iba a costar ni un euro o que perpetró la construcción de Sareb, el banco malo.

Estas decisiones harán mucho daño porque truncarán la débil recuperación económica y dañarán sobre todo a las personas más vulnerables. Quienes tienen rentas más exiguas sufrirán un impacto superior por la inflación, pero también por la subida de los tipos de interés. También autónomos y empresas que han recibido préstamos avalados por el Estado para afrontar las consecuencias de la pandemia. Avalamos entre todas y todos 191.000 millones de euros, y la subida de intereses, unida a un parón de la economía, puede generar impagos de préstamos y morosidad en las entidades bancarias, así como activación de las garantías con las consiguientes pérdidas públicas.

Ya sabéis lo que pasa cuando los bancos lo pasan mal. Lo terminamos pagando todas y todos.

Con los excepcionalmente bajos tipos de interés de la actualidad, el servicio de la deuda de las administraciones públicas no supone un problema. Aunque nos volvamos a encontrar en el desayuno noticias sobre la prima de riesgo, en 2021 el gasto en intereses se ha reducido a una cifra ligeramente superior a los 26.000 millones de euros, frente a los más de 31.000 millones anuales dedicados a este concepto en 2020, y se ha reducido el coste de la deuda viva por debajo del 2% del PIB y elevado los plazos medios por encima de los 8 años. Eso ha permitido que en 2021 el gasto financiero de la deuda pública haya alcanzado el 2,2% del PIB frente al peso del 2,3% que tuvo este rubro en 2019 o al 3,5% de 2013, con montos nominales de deuda pública un 20% y un 46% inferiores, respectivamente. Es decir, tenemos mucha más deuda pública en España, pero hemos de dedicar un esfuerzo muy inferior a pagarla con respecto al que teníamos hace una década. Que esa situación cambiase fruto de decisiones erróneas de la Unión Europea tendría consecuencias letales.

Seguramente por eso el BCE ha comenzado a lanzar mensajes para que la tensión se rebaje y, con ella, la prima de riesgo. El anuncio de que adquirirá más deuda pública de los países de la periferia europea mitigará el coste financiero para países como España, pero lo incrementará con respecto a los últimos años. Y eso ya es una derrota, porque el problema no es la prima de riesgo, es decir, la diferencia de coste de financiación con el que tiene Alemania. El obstáculo real es el precio que tienen que pagar por su deuda los agentes económicos. Si sube y las administraciones públicas, las familias y las empresas tienen que detraer recursos para engordar más al sector financiero, tendremos problemas.

Sin embargo, esto no tendría por qué acabar mal.

La Comisión Europea ya ha descubierto (dos décadas después) que el mercado eléctrico solo es eficiente para las compañías. Hasta el PSOE ha visto aquí que habría que cobrar más impuestos a las empresas eléctricas que se han hecho de oro gracias a ello.

También el BCE se ha dado cuenta de que, si tira de la cuerda, asfixia a los agentes económicos. Y además luego tendrá que rescatar a los bancos.

Solo con que las instituciones europeas y el BCE estuvieran al servicio de la ciudadanía en vez de servir a las élites financieras, se podrían adoptar medidas que tendrían la capacidad de taponar las brechas actuales.

Seguro que no es necesario recordarles el mito de Sísifo, uno de los relatos de la mitología griega más conocidos, que cuenta cómo un rey fue castigado por los dioses a empujar una piedra hacia la cima de una montaña, que indefectiblemente caía ladera abajo, y así por toda la eternidad.

Esto ya lo hemos vivido antes. Ojalá no tengamos que empujar de nuevo la piedra hacia arriba.

Fuente: https://ctxt.es/es/20220701/Firmas/40049/Carlos-Sanchez-Mato-BCE-economia-Europa-elites-riqueza-pandemia-covid-PIB-bancos.htm