Garantizar la transparencia de la actividad pública y el derecho constitucional de acceso de las personas a la información y documentación públicas no están en la agenda política de López Miras ni en la de su Gobierno. Tampoco facilitar la labor de un organismo en materia de transparencia que pueda controlar el cumplimiento de dichas garantías y que actúe con objetividad y plena independencia de las administraciones públicas.

Por si alguna duda cabe todavía, los acontecimientos en relación con la situación del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia, que han terminado, de momento, con la dimisión de su presidente, Julián Pérez-Templado, las despejan todas.

Y es que la reforma de 2016 de Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la CAMR forma parte de ese paquete de normas arrancadas a la minoría parlamentaria del PP en la legislatura 2015-19, como fueron las reformas de la Ley Electoral, de la Ley de Vivienda o la reforma de la Ley de Igualdad, entre otras, cuyo desarrollo y aplicación López Miras y su Gobierno bloquean sistemáticamente o intentan revertir, unas veces a través de la inacción y la pasividad más absoluta en lo referente a la aprobación de los pertinentes desarrollos reglamentarios y otras, como en el caso que nos ocupa del Consejo de la Transparencia, mediante una obstrucción descarada, obscena y sin tapujos.

Por eso los correspondientes presidentes regionales y sus respectivos Gobiernos hicieron la vida imposible a Pepe Molina durante su mandato al frente del Consejo y han negado el pan y la sal a Julián Pérez-Templado durante el mandato actual, llegando incluso a usurpar sus competencias para convocar las plazas destinadas a completar la plantilla del Consejo o impidiendo la interconexión del registro electrónico propio, lo que en la práctica impide dar salida a las 119 reclamaciones de ciudadanos/as acumuladas desde el 1 de enero de este año.

Pero lo que ya es insoportable, es ver a los tránsfugas y expulsados que sostienen a López Miras erigirse en adalides de la transparencia, casi ofendidos, recriminando a Pérez-Templado por el nombramiento de un sustituto provisional tras causar baja por enfermedad, sin pretensión de que sea definitivo. Exigir al gobierno regional la publicación de la lista de los altos cargos que se vacunaron como el obispo de Cartagena, tiene su precio. Que algo escape a su control les pone de los nervios.